Jurisprudencia de Derecho Penal

Delito de impago de pensiones económicas. Requisitos. Firmeza de la resolución judicial que proclame la pensión.

Delito de impago de prestaciones económicas, del art. 227 CP. No es necesario que la resolución judicial que establezca la prestación sea firme ya que no lo requiere el tipo, y el incumplimiento de la prestación desde el primer momento deja de atender a una necesidad perentoria, quedando afectado desde ese mismo instante el bien jurídico protegido. Cualesquiera que sean en el ámbito civil los efectos sobre la suspensión, o no, de la medida, no deben afectar al penal, en la medida que se vea afectado el bien jurídico.

Delito de estafa. Prescripción y computo. Presunción de inocencia. Valoración probatoria. Atenuante de dilaciones indebidas.

El acusado vendió un trastero reformado y que carecía de licencia de habitabilidad, convenciendo a la compradora que se trataba de una cuestión administrativa de solución inmediata.

La jurisprudencia de esta Sala ha proclamado la construcción del reproche penal por estafa desde la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, de modo que el destinatario del engaño, impulsado precisamente por esa incorrecta e inducida persuasión, realice voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no se hubiera abordado de otro modo y que le perjudica.

Desórdenes públicos. Agravación por pillaje. Concurso ideal de delitos.

Podría admitirse pacíficamente que el pillaje, como elemento normativo agravatorio en los desórdenes públicos, implica sustracción o apoderamiento de bienes ajenos, generalmente de modo colectivo, incidiendo o aprovechando por sus partícipes en la alteración de la paz pública en curso; es decir, con atención al específico desvalor que supone la intensidad los desórdenes, el ataque a la paz pública.

Legitimación penal procesal. Legitimación activa de la mercantil liquidada. Pervivencia de los poderes en su día otorgados al procurador. Necesidad de previa liquidación para identificar el delito de apropiación indebida.

Una sociedad de capital, ya disuelta y liquidada, cuya escritura de extinción ha sido inscrita en el Registro Mercantil, sigue teniendo legitimación pasiva frente a una reclamación de indemnización de daños y perjuicios bajo la Ley de Sociedades de Capital, aunque formalmente la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no se puede negar cierta personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. Por tanto la conclusión del concurso de una sociedad por insuficiencia de masa activa, que conlleva la extinción de la persona jurídica y la cancelación de su inscripción registral, no puede implicar ni la condonación de sus deudas ni, tampoco, que los activos subsistentes se extingan o pasen a ser considerados como una suerte de "res nullius".

Delito contra la hacienda pública. Prescripción e interrupción de la prescripción. Falsedades. Atenuante de dilaciones indebidas. Acusación popular.

Interrupción de la prescripción: la petición de un informe a la AEAT para valorar la posible defraudación tributaria señalando a una concreta Sociedad y uno de sus administradores y socio interrumpe el plazo de prescripción, también para la otra administradora y socia aunque no estuviese mencionada nominalmente. Cuota defraudada: se ha de determinar valorando la maquinación defraudatoria de forma global. Si la operación implica, hacer ingresos no estrictamente debidos como fórmula para omitir pagos más elevados, la cuota se concretará restando los pagos que habrían de devolverse. Falsedades: Facturas o certificaciones que reflejan la realidad de forma fragmentada o parcial.

Delito contra la seguridad vial. Conducir con carnet sin puntos. Sanción administrativa anulada. Repercusión en condena penal. Recurso de revisión.

Hechos relevantes: Condenado por un delito contra la seguridad vial del art. 384.1 CP por conducir con el carnet sin vigencia tras la pérdida de puntos. Posteriormente, la Dirección General de Tráfico anuló la pérdida de vigencia del carnet al constatar errores en la identificación del conductor en las infracciones que originaron la retirada de puntos, por lo que el Ministerio Fiscal interpuso recurso de revisión solicitando la anulación de la sentencia firme por haber surgido nuevos hechos que evidenciaban la inocencia del condenado.

Delito contra la salud pública. Trafico de drogas. Atenuantes. Circunstancia analógica de confesión. Circunstancia de grave adicción a drogas. Dilaciones indebidas.

El recurso de casación de la condena por delitos contra la salud pública. Los acusados formaban parte de una red de tráfico de estupefacientes, involucrados en la venta de anfetaminas, cocaína y otras sustancias ilícitas. Las pruebas incluyeron vigilancias, intervenciones telefónicas, registros domiciliarios y decomisos de drogas.

Prisión preventiva. Medida de seguridad de internamiento. Eximente incompleta.

La duración de la medida de internamiento debe fijarse a partir de la pena en abstracto establecida para el delito por el que se condena, con consideración de las circunstancias de riesgo de reiteración delictiva y no de los factores de culpabilidad que determinaron la extensión de la pena privativa de libertad impuesta simultáneamente.

Delito de falsedad documental. Recetas sanitarias. Continuidad delictiva Dilaciones indebidas.

El hecho probado describe que el acusado "haciendo uso de un sello médico oficial del Hospital, denunciado como sustraído y de un talonario de recetas farmacéuticas, medicamento en varias farmacias, tras estampar el sello en tres de las recetas del talonario, rellenado las mismas y simulado la firma del facultativo autorizado para expedir tales recetas, pretendiendo crear apariencia de autenticidad de las mismas.

Delito de desobediencia. Nudismo. Libertad de expresión. Legalidad de la orden impartida por agentes de la autoridad. Alteración del orden público.

Delito de desobediencia por haberse negado a vestirse ante la orden expresa dada por unos agentes de policía. El demandante, que había escogido permanecer desnudo en público con el objeto de dar expresión al carácter inofensivo del cuerpo humano, sosteniendo que, dado que en la ciudad de Valencia no existía una ordenanza municipal reguladora de la convivencia en espacios públicos, su conducta no podía ser restringida.