Casos Prácticos

El presente caso se plantea en torno a diversas cuestiones que el Alcalde plantea a la Secretaria Interventora. En concreto, la posible compatibilidad a concejales que están liberados, parcialmente de la jornada; un contrato menor respecto al que no se solicitaron tres proyectos de ejecución; parcelas enajenadas, en su momento, pero que siguen a nombre del Ayuntamiento; la viabilidad de una modificación en un contrato privado de arrendamiento y, el reingreso de una funcionaria en situación de excedencia voluntaria para tomar parte en una plaza que se han incluido en la oferta de empleo público.

Una persona comprueba que es publicado en una revista de su localidad, de ámbito regional y nacional, un reportaje en el que se indica que tiene abierto un proceso penal por agredir sexualmente a unas mujeres jóvenes a las que entrenaba, y en el que recoge la versión de dicha personas, quejándose de lo lento que está siendo el procedimiento, ya que le ven por la localidad, y para el que la fiscalía solicita una pena de prisión, y también se expone la versión del abogado defensor del afectado por la publicación. Asimismo, se recogen fotos de algunas de las denunciantes y del presunto agresor, y se indica que actualmente está en libertad provisional. Tras la sentencia absolutoria decide interponer una demanda por vulneración del derecho al honor. En la información publicada se resaltaba, con titulares de mayor tamaño, que «El agresor sexual lleva años en libertad» y en un recuadro, que también se resaltaba, datos del procedimiento solicitando la indemnización de daños y perjuicios.

Una pareja, casados, que vive en España con un hijo común, discuten. La madre se va de España sin avisar ni consultar al padre. Se desplaza con su hijo menor al país de origen de ella (extracomunitario), que ha ratificado el Convenio de La Haya el 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. El padre insta en España la demanda de divorcio y solicita la custodia para él, con un sistema de comunicaciones y visitas para la madre. El juzgado dicta sentencia acordando sólo el divorcio, pero no fijando ningún sistema de comunicaciones entre el padre y el hijo, al considerar que le faltan datos e informes adecuados para ello y que carece de competencia. Recurrida en apelación, la audiencia confirma esta sentencia y añade que deberá ser en el país de origen donde se inicie la modificación de medidas, porque allí se puede arbitrar un sistema de comunicaciones más adecuado. En definitiva, los tribunales españoles no dan respuesta a otra cuestión que la declaración formal de divorcio.

El presente supuesto se plantea en torno a diversas cuestiones jurídicas surgidas, en primer lugar, respecto al procedimiento a utilizar para el suministro de distintas dependencias de un Ministerio. En segundo lugar, la posible concurrencia de causa de prohibición en unas subvenciones y la apertura de un procedimiento de reintegro y de un procedimiento sancionador. A continuación, se hace referencia a si debe accederse o no a una información solicitada a la Administración por un ciudadano. Y, finalmente, se solicita informe sobre diversas dudas que se le plantean al órgano de contratación en relación al contrato de suministro planteado y, en general, sobre la normativa contractual.

El presente caso tiene por objeto el análisis de la interpretación de las reglas relativas a la legitimación activa de las asociaciones de consumidores para litigar en interés de los consumidores en el contexto de los instrumentos de los mercados financieros, conforme al artículo 52, apartado 2, de la Directiva 2004/39/CE («Directiva MiFID I, actual»). La cuestión principal que se suscita es si se pueden aceptar limitaciones a la legitimación de una asociación de consumidores que interviene en representación de inversores individuales que tienen la consideración de consumidores, sobre la base de la naturaleza y el valor de los productos financieros en los que esas personas han invertido, al tratarse de producto contratados que no son de uso común y generalizado, sino más bien especulativos y de alto valor económico, todo ello valorando la compatibilidad de la normativa nacional y la comunitaria. Igualmente ha de ponderarse el posible fraude procesal del uso abusivo de esta legitimación especial, para aprovecharse del derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocido por ley a estas asociaciones.

Este supuesto versa sobre distintas cuestiones jurídicas planteadas, en primer lugar, sobre la normativa que determina la necesidad de un proyecto de obras en un contrato menor y otras cuestiones relacionadas con el mismo, así como si resulta preceptivo nombrar un instructor para tramitar el expediente de contratación en los contratos administrativos. En segundo lugar, se plantea la situación de diversos concejales respecto a la posible compatibilidad o no para realizar determinadas actividades; en concreto, el ejercicio de la abogacía, actividades docentes privadas, el ejercicio de su profesión de arquitecto en el municipio. También la de un funcionario municipal del Sub Grupo A1 para impartir clases de natación en un Club privado, con contrato laboral, A continuación se hace referencia a diversas cuestiones referentes a mociones y proposiciones planteadas por diversos concejales en un Pleno municipal. Finalmente, se plantea la posible exención del Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obra por parte de una empresa pública de la Comunidad Autónoma.

Posible existencia de incongruencia de sentencia de incapacidad al conceder una curatela más amplia de la pedida por el Fiscal y posible vulneración de la carga de la prueba por parte del Fiscal analizando la normativa y la doctrina del Tribunal Supremo y el requisito preceptivo de la entrevista del incapacitado con el tribunal.

Demanda de un español a un ciudadano de la Unión europea por la publicación de fotografías en Facebook analizando la competencia judicial internacional y la protección de los derechos fundamentales.

Este supuesto gira en torno a un Convenio administrativo realizado entre un Ministerio y una Asociación, sin ánimo de lucro, por la que aquel concede a esta el uso de un bien demanial por un periodo de 4 años, prorrogables, sucesivamente, cada 4, previa solicitud de aquella, hasta un máximo de 28 años. Ante un incumplimiento puntual de la Asociación y la solicitud de la primera prórroga vencida ya el tiempo de la 1ª, la Administración decide resolver el Convenio. La resolución es recurrida en vía contenciosa administrativa y en vía civil. Además, ante aquella resolución, estimando que se le han ocasionado daños solicita la indemnización oportuna. Por su parte otra Asociación, también, sin ánimo de lucro, había solicitado meses antes el uso del mismo edificio, sin respuesta por la Administración. Finalmente, el Ministerio otorgó una subvención; ante el incumplimiento de su finalidad, incoa procedimiento de reintegro. Antes de los 12 meses desde su iniciación manda aviso electrónico de notificación y pasado ese plazo envía la notificación. Ante ello, el interesado entiende que se había producido la caducidad del procedimiento.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué tipo de imprudencia ha de concurrir para que unos hechos den lugar al delito de homicidio imprudente y qué tipo de criterios han de tenerse en cuenta para delimitar la imprudencia leve que ha quedado despenalizada por nuestro legislador. Es la falta de atención la que determinará el error de cálculo que ocasionó no tomarse en serio la producción del resultado o la esperanza equivocada, lo que traslada el título de imputación al ámbito de la imprudencia. La diferencia entre la imprudencia grave y la leve, se encuentra en la importancia del deber omitido en función de las circunstancias del caso, debiendo tener en cuenta a estos efectos el valor de los bienes afectados y las posibilidades mayores o menores de que se produzca el resultado, por un lado, y por otro, la valoración social del riesgo.