Casos Prácticos

Los hechos versan sobre un procedimiento sancionador incoado por presunta vulneración de la normativa en materia de consumo y/o sanitaria, constituida por un Real Decreto, dictado en desarrollo de una Ley sobre la materia, que contemplaba la infracción y sanción cometida, planteándose el problema de la presunta vulneración de los principios de legalidad y tipicidad. Posteriormente se dicta nueva normativa contemplando una reducción de la cuantía de la multa impuesta cuya aplicación fue solicitada. A continuación, en relación a un recurso de alzada se plantea la validez de la resolución que fue objeto de delegación de competencias y, a su vez, de delegación de firma y la de la notificación de la misma. Finalmente, el supuesto plantea problemas derivados de un contrato de servicios en relación a: la posible transmisión del contrato; la solvencia técnica de una UTE; y dos cláusulas del Pliego; una, que fijó una causa como obligación principal a efectos de la resolución y, otra, relativa a la exigencia de un seguro de responsabilidad.

Interpuesta una demanda de separación, ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida, ni durante la sustanciación del procedimiento ni en el acto de la vista oral; pero el juzgado la acuerda. Recurren en apelación utilizando como razonamiento esencial que no se puede acordar si ellos no lo solicitan, independientemente de que lo pida el Ministerio Fiscal –como así sucedió en la instancia–. Consideran que la ausencia de un debate contradictorio impide valorar la conveniencia de la custodia compartida. Al margen de lo anterior, se dice, en contra de la custodia compartida, que no se cumplen los requisitos para su concesión. Finalmente, se solicita por el progenitor paterno que la pensión de alimentos despliegue efectos desde que fue emplazado tras la demanda de separación, y no desde la fecha de la interposición efectiva de esta.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué Juzgado de Instrucción es el competente desde el punto de vista de la competencia territorial, cuando estamos en los supuestos de estafas realizadas a través de internet o vía telefónica o a través de los modernos medios de pago actuales; sin haberse superado la aplicación de la doctrina de la ubicuidad (el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares en los que tiene lugar alguno de los elementos del tipo), la misma ha sido complementada con una novedosa doctrina jurisprudencial denominada de la eficacia en la investigación policial y judicial (la competencia corresponderá al lugar donde resida el investigado si eso facilita la investigación, al hacer que la misma sea más ágil y tener mayores posibilidades de éxito).

Se analizan en este supuesto diversos problemas relativos a la falta de conformidad del bien con el contrato y a la no información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento en una compraventa de consumo celebrada a distancia, por mor de la cual una persona física (el Sr. Pérez Rocamón) adquiere de un empresario mercantil (la entidad Camping S.A.) una carpa para su uso personal y familiar en el jardín de su residencia habitual.

Las cuestiones planteadas en este supuesto versan sobre distintas controversias jurídicas. En primer lugar, la posible irregularidad en la composición de un tribunal de selección de personal y posible infracción de las Bases al no computar, en la fase de concurso, el tiempo prestado como interino del aspirante. Por ello, interpone recurso de reposición que no es resuelto y, posteriormente, recurso contencioso administrativo, sin valerse ni de abogado ni de procurador, por considerar que se trata de materia de personal. La Sentencia no se pronunció sobre algunas alegaciones de la recurrente por lo que estima que hubo “incongruencia procesal”. Finalmente, se plantea la resolución a adoptar ante una solicitud de licencia de actividad por persona discapacitada; los casos en que la Secretaria debe informar a petición de los concejales y el ajuste a derecho de una cesión de un terreno integrante del Patrimonio Municipal del Suelo y el ajuste a derecho de la tramitación de emergencia en un expediente de contratación administrativa.

Demanda de juicio ordinario instando la revocación de la donación, por la demanda del donatario al donante de apropiación indebida. La demandada, donataria, interpone recurso de casación por entender que no dictarse sentencia condenatoria no procede la revocación interesada, a lo que se opone el demandante por entender que es suficiente la imputación del delito.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar si, tras haberse realizado un primer control de oficio de abusividad de las cláusulas en un procedimiento monitorio, es posible llevar a cabo otro segundo control del mismo tipo por el Juez en ejecución del título que puso fin a dicho proceso monitorio. Se trata de valorar si, habiéndose realizado un control imperfecto o incompleto en el proceso previo, es posible que el mecanismo legal de dicho control de abusividad haya precluido procesalmente hablando y ello impida el segundo control en ejecución, o si es posible llevarlo a cabo incluso con solicitud al ejecutante de información complementaria a efectos de determinar la totalidad de conceptos reclamados, delimitando así el origen del importe de la deuda por principal, intereses, penalizaciones contractuales y otros conceptos. Este eventual segundo control de abusividad ¿es compatible con la directiva comunitaria?

El caso plantea diferentes cuestiones jurídicas relacionadas, en primer lugar, con varios contratos administrativos de suministros, en relación al ajuste a derecho del procedimiento de adjudicación; e, igualmente, se plantea dudas por el órgano de contratación respecto a los parámetros a tener en cuenta para considerar una oferta temeraria y los efectos posibles de la falsedad en la declaración responsable de la contratista, así como si la adjudicación se hizo a la mejor oferta. A continuación, se plantea una denuncia respecto al incumplimiento de una subvención concedida y apertura de un procedimiento de reintegro que no es resuelto y la incoación, pese a ello de un segundo con idéntico fin e, igualmente, la solicitud de un procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación que es desestimada. Finalmente, el supuesto se refiere al inicio del cómputo de la prescripción de la sanción impuesta en el procedimiento sancionador por incumplimiento de las condiciones en la subvención y al ejercicio del derecho de información por un vecino sobre retribuciones y otros extremos del Ministro y Altos Cargos del Ministerio.

En un juicio verbal de divorcio se acuerdan diferentes medidas en relación dos hijos menores del matrimonio. De manera sucinta, con brevedad, el juzgado dicta una sentencia acordando, entre otras decisiones, que los hijos permanecerían en compañía de la madre, con un régimen de visitas amplio en favor del padre. Los fundamentos se sostienen, esencialmente, en el informe del Equipo Técnico y en las declaraciones de los padres en el acto de la vista. La sentencia, ante la dificultad de decidir, el pronunciamiento se basó en el interés de los hijos, que dijo concretarse, no en su voluntad, sino en la inconveniencia de la custodia compartida por la mala relación existente y la ausencia de habilidades paternas. La sentencia, después de ser apelada, llegó a casación y el motivo alegado fue el error en la valoración de la prueba por la vía del artículo 217 LEC en relación con el 477.2.3. LEC por interés casacional.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar quiénes pueden ser legitimados pasivos, en la acción del prestatario encaminada a lograr la declaración de nulidad de un préstamo por usurario, cuando el prestamista originario ha cedido el crédito a otro tercero cesionario. La nulidad del contrato de préstamo por ser usurario, puede hacerse valer frente al cesionario sin necesidad de demandar también al cedente; pero puede estar justificada la demanda contra este último para asegurarse el demandante el eventual derecho a la devolución de la diferencia a favor del prestatario, entre el principal del préstamo y lo que se ha pagado por la prestataria por todos los conceptos.