Casos Prácticos

La excepción que prevé el art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 -y su art.8- sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado no impide al inversor cualificado la misma posibilidad de información que tiene el minorista.
La responsabilidad del Banco se contempla por “todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante”, que deban producir un perjuicio patrimonial.
La falta de veracidad del folleto informativo ampara al gran inversor cualificado tanto como al minorista, cuando el defecto informativo no ha podido ser suplido por su capacidad privilegiada para, por otros medios propios, tener acceso al conocimiento de los datos relevantes para conformar la voluntad de invertir o no.

El presente caso versa sobre la prohibición de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto reflejo, o indirecto, que pretende, en primer lugar, otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, en segundo lugar, ejercer un efecto disuasorio de conductas anticonstitucionales en los responsables de la investigación criminal. Con carácter general la prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior, para asegurar que la prueba ilícita inicial no surte efecto alguno en el proceso. Esta es la síntesis de la llamada doctrina de los frutos del árbol envenenado, que se ubica en nuestra Constitución en el derecho a un juicio con todas las garantías, que impide usar medios de prueba que hayan vulnerado derechos fundamentales en su obtención.

El presente supuesto práctico gira en torno a cuestiones jurídicas derivadas, en primer lugar, del ajuste a derecho de la decisión de una alcaldesa de un ayuntamiento para realizar dos contratos menores de obras consistente en perforación y sondeos en diferentes partes de un mismo parque público y con igual finalidad, por un valor estimado de 39.999 €, respectivamente. En segundo lugar, se plantea si la ayuda prestada por la comunidad autónoma a ese ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvención sujeta a las prescripciones de la Ley 38/2008, General de Subvenciones y, si es así, el posible incumplimiento por parte de la corporación respecto a las obligaciones a que se comprometió. Finalmente, en tercer lugar, la alcaldesa solicita informe al secretario de la corporación sobre si es posible por parte del ayuntamiento minorar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las personas físicas empadronadas en el municipio articulándose mediante un sistema de subvenciones.

La adquisición de la nacionalidad española exige unos requisitos que han de cumplirse necesariamente para su adquisición, lo que sucede con los sefardíes de origen español que fueron expulsados de España. La regulación de la Ley 12/2015 especifica los requisitos y el procedimiento, y que es desarrollada por la Instrucción de 2015 y la Circular de 2019 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El hecho de que sea necesaria que por notario se realice un acta de notoriedad cuya estimación no puede determinar en ningún caso una decisión favorable por la Dirección General, sino que podrá denegarla si considera que no se cumplen los requisitos. Contra esa decisión cabe recurso de alzada y caso de que se emita una decisión negativa o no se resuelva en el período legalmente exigido ante el silencio administrativo podrá interponerse una demanda ante los juzgados de primera instancia de conformidad el procedimiento regulado en el art. 781 bis de la LEC y en el que es parte la Dirección General y el Ministerio Fiscal, y que decidirá finalmente si procede o no la adquisición de la nacionalidad por sefardí de origen español, contra cuya resolución podría interponerse recurso de apelación tanto por el demandante como por la Dirección General.

El presente caso aborda la problemática que surge acerca la naturaleza del contrato que vincula a las agencias inmobiliarias como mediadoras entre comprador y vendedor y, sobre todo, el alcance de la obligación que tiene la agencia a la hora de informarse sobre las posibilidades del piso vendido. Responsabilidad de la agencia inmobiliaria que resulta condenada a indemnizar a los compradores que no pudieron conseguir la obtención de la licencia de segunda ocupación, lo que imposibilitaba la habitabilidad de la vivienda mientras no se subsanasen las deficiencias apreciadas. Naturaleza de las obligaciones de la inmobiliaria de informarse sobre las características del inmueble vendido. Imposibilidad de que la agencia pueda ampararse en su desconocimiento de la realidad física de la vivienda en el momento de la adquisición por la primera propietaria y las obras que ésta pudo llevar a cabo en el inmueble durante el periodo en que era la propietaria.

Este supuesto versa sobre varias cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con un proceso contencioso-administrativo y, finalmente, una consulta sobre el ejercicio de derecho de representación sindical. Así, por una parte, los recursos presentados contra la aprobación provisional de un plan general de ordenación urbana, en concreto la legitimación y la procedencia del recurso, y, por otra parte, la aprobación definitiva del mismo con las incidencias surgidas en el procedimiento contencioso tramitado que se exponen en el relato de hechos. Para finalizar, se plantea la posibilidad de que un funcionario, que es miembro de la junta de personal, en situación de incapacidad laboral transitoria, pueda seguir ejerciendo sus funciones de representación y varias cuestiones sobre un contrato privado de la Administración y un contrato administrativo.

El domicilio reviste una gran trascendencia jurídica en relación con una pluralidad de supuestos de hecho dispersos por nuestro ordenamiento, especialmente en los órdenes fiscal, sanitario, electoral y, en general, en el ámbito administrativo.
No es suficiente con una mera vulneración formal para que pueda considerarse que ha existido una indefensión con relevancia constitucional, sino que es preciso que tal infracción formal origine un efecto material de indefensión.
Atendiendo al sentido de los artículos 124.1 de la Constitución española, 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 y 3.6.7.º del Estatuto del Ministerio Fiscal, se puede colegir que “el fiscal es informante y garante del interés público en juicio, y no actúa como una verdadera parte, sin causarse indefensión al estar representadas y defendidas las demás partes procesales”.

El presente caso aborda la problemática que surge acerca del momento en que cabe entender que se ha producido el cese de la relación arrendaticia, en los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda si se ha concertado antes del 9 de mayo de 1985; a tal efecto se hace preciso diferenciar entre los casos de subrogación (no traspaso) sucedido antes de la entrada en vigor de la actual LAU, que subsistirá hasta la jubilación o fallecimiento del arrendatario y, en su caso, del cónyuge que se subrogue; los casos de traspaso concertado con antelación a diez años antes de la entrada en vigor de la LAU, que subsisten hasta la jubilación o fallecimiento del arrendatario; los casos de traspaso concertado dentro de los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU, que subsisten hasta el momento ya dicho, y sin que el hecho de que haya tenido lugar el traspaso dentro de esos diez años altere la regla general; y los casos de traspaso producido después de la entrada en vigor de la LAU, que continuarán un plazo mínimo de diez años desde que se produjo el traspaso o por el número de años que quedaren desde el traspaso hasta computar veinte años desde la entrada en vigor de la LAU.  

Este caso plantea diversas cuestiones jurídicas que se producen en un organismo autónomo estatal. Así, en primer lugar, si es posible la subsanación de una oferta, en una licitación electrónica, presentada presencialmente. En segundo lugar, si determinados negocios jurídicos se someten o no a la Ley 9/2017. En tercer lugar, el ajuste a derecho de una subcontratación en una subvención y si las notificaciones de dos resoluciones sancionadoras fueron conforme a derecho. En cuarto lugar, el plazo del silencio para la caducidad en un procedimiento de reintegro contra un funcionario y, en quinto lugar, si se agotó la vía judicial previa ante un recurso de amparo. Finalmente, las consecuencias de la omisión del trámite de información pública en el procedimiento de modificación del objeto social de una entidad pública empresarial.

No es posible crear nuevas causas de desheredación con respecto a los hijos de las declaradas en el Código Civil, y respecto a la desheredación del cónyuge se mantiene de acuerdo en el artículo 855.1.º del Código Civil por el incumplimiento grave y reiterado de los deberes conyugales, manifestado por el cese de la convivencia o separación de hecho.