Jurisprudencia de Derecho Civil

Aranceles de los registradores. Cancelación de hipoteca inscrita a favor de una entidad posteriormente absorbida. Operaciones de saneamiento o reestructuración de entidades financieras. 

La cuestión planteada en el recurso, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Esto es, si la inscripción practicada por un Registrador a raíz de la transmisión de activos producidos con la fusión de dos entidades bancarias en un supuesto de carta de pago y cancelación de hipoteca, debía o no minutarse conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 o, por el contrario, sí procedía minutar por la referida inscripción practicada a raíz de la transmisión de activos producidos con la fusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 611 del Reglamento Hipotecario. 

Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos. Instalación de salida de humos de local anclada a fachada.

La comunidad recurrente mantiene que, pese a la redacción de los estatutos era necesario el acuerdo unánime de la comunidad para la instalación de una salida de humos, ya que los estatutos no permiten una salida de humos que afecte a las cuatro plantas de la fachada. Sólo podrían instalar elementos dentro de su local.

Menores. Derecho a la intimidad. Publicación de datos sobre menores condenados por delito grave en un reportaje periodístico que no permiten averiguar su identidad.

La controversia queda circunscrita al conflicto entre la libertad de información de la empresa de comunicación demandada y el derecho a la intimidad de los menores en cuya defensa interpuso la demanda el Ministerio Fiscal. Existía un evidente interés público en la noticia publicada, predicable no solo respecto del hecho en sí, sino también respecto de la autoría, causas y circunstancias del hecho delictivo.

Sucesiones. Interpretación de institución de herederos. Modo testamentario y condición de cuidar y asistir al testador hasta su fallecimiento.

El recurso plantea como cuestión jurídica la interpretación de un testamento en el que el testador (viudo, sin hijos y sin ascendientes), tras instituir herederos a unos vecinos con los que mantenía una gran relación de amistad, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes y que, en un segundo párrafo, impone a estos herederos la condición de atender al cuidado y asistencia del testador hasta su fallecimiento, aunque no conviva con los mismos, y la obligación de sufragar los gastos de su entierro y funerales.

Los demandantes son unos sobrinos del causante que pretenden la ineficacia de la institución, con el fin de hacer valer sus derechos sucesorios abintestato. Su demanda, y ahora el recurso, se centra en que los instituidos herederos no cumplieron la condición que se les imponía para ser herederos, porque ni cuidaron al testador ni sufragaron los gastos de entierro. Los recurrentes consideran que, al calificar la institución de los herederos como modal, la sentencia no respeta la jurisprudencia que califica como condición suspensiva la obligación de cuidar al testador.

Contrato de arrendamiento con opción de compra. Duración del contrato. Prórrogas forzosas. Libertad de pactos.

Propietario que vende su vivienda y a la vez arrienda la misma al nuevo propietario con opción de compra durante los cinco años que se pactan o cualquiera de sus prorrogas que se establecen de manera indefinida.

En la sentencia de la Audiencia Provincial se estima la acción de extinción del contrato de arrendamiento al entender que el contrato no puede tener duración indefinida en aplicación del art. 1543 del C. Civil. Pero en casación se señala que el contrato analizado, es un contrato de naturaleza compleja, que excede del ámbito de un arrendamiento típico, dado que la hoy arrendataria transmitió la propiedad del inmueble al actual propietario (demandante) dos días antes de que la sociedad ahora demandante le arrendase el inmueble con opción de compra y con una prórroga convencional que solo podía ser rescindida por la arrendataria.

Sucesiones. Herencia. Aceptación de la herencia. Impugnación de la aceptación.

Se plantea como cuestión jurídica la impugnación por error de la aceptación de la herencia tras el descubrimiento de una obligación de importe superior a los bienes de la herencia. En este caso, tras la aceptación tácita de la herencia, aparece un documento otorgado por la causante en el que, para dar cumplimiento a la voluntad de su difunto esposo, reconocía el derecho de unos sobrinos políticos a cobrar, a su fallecimiento, el valor de mercado de unas fincas que ella había recibido de su marido como usufructuaria con facultad de disposición y que, haciendo uso de tal facultad, había vendido.

Se demanda la nulidad de la aceptación de la herencia por error en el consentimiento, explicando que como consecuencia de la aceptación se había convertido en deudor de una cantidad que superaba el doble del valor de la herencia, que no podía ni imaginar la existencia de la deuda ni su magnitud y que, de hecho, no conoció el valor de las fincas vendidas por la causante.

Demanda de error judicial. Uso indebido frente a la desestimación de una pretensión indemnizatoria por cancelación de vuelo que, por su cuantía, se decide en única instancia. Error no manifiesto ni arbitrario.

La demanda de error judicial se plantea a consecuencia de la sentencia desestimatoria en parte de las pretensiones ejercitadas por el demandante frente a una compañía aérea, derivadas de la cancelación de un vuelo en el que había contratado tres billetes. La sentencia estimó la pretensión relativa a la devolución del importe de los billetes de avión, pero desestimó la reclamación de indemnización de daños y perjuicios por los siguientes conceptos: el reintegro del importe no recuperado por los billetes del vuelo de conexión; la reserva y pago de una noche de hotel en la fecha de llegada al lugar de destino; el reintegro de lo no recuperado por el alquiler de un vehículo en el aeropuerto del país de destino; los gastos de requerimiento por incumplimiento de la demandada de su obligación de reembolsar los billetes y los daños morales.

Arrendamientos urbanos. Uso de vivienda. La resolución del derecho del arrendador en los casos de enajenación forzosa de la finca arrendada. Arrendamientos no inscritos. La reforma de la LAU por la Ley 4/2013.

El recurso queda circunscrito a resolver una cuestión de naturaleza jurídica, cual es si, adjudicada a la SAREB la propiedad de la vivienda arrendada en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es posible considerar vigente un vínculo contractual arrendaticio entre la entidad actora y los demandados, de manera tal que justificase una pretensión pecuniaria de reclamación de las rentas de un subsistente contrato de alquiler de vivienda; o si, por el contrario, se encuentran los demandados, tras la adjudicación de la vivienda a la entidad actora y extinguido el arrendamiento concertado con el anterior propietario, en situación de precario, poseyendo la vivienda litigiosa por mera condescendencia de su nuevo titular, al quedar extinguido ipso iure el contrato de arrendamiento que constituía el título justificante de la ocupación de la cosa arrendada por los demandados y del que nacía, como justa contraprestación, el derecho a la percepción del precio del alquiler.

Adopción internacional. Conflicto positivo de competencia. Cataluña. Competencias en materia de relaciones internacionales y protección de menores: nulidad de preceptos de la Ley 54/2007, de adopción internacional, y de su Reglamento de desarrollo, que atribuyen funciones estrictamente ejecutivas a la administración del Estado.

El Gobierno de Cataluña invoca su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, donde se inscribe la protección de menores que constituye el ámbito en el que de forma prevalente debe encuadrarse la regulación relativa a la intervención administrativa en materia de adopción internacional.

Responsabilidad extracontractual. Proceso Penal previo. Prescripción civil: inicio; interrupción.

El día inicial para el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, es aquel en que puede ejercitarse; la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir. El plazo de un año de prescripción extintiva de la acción aquiliana cuando existe un proceso penal, no se inicia hasta que éste ha terminado, puesto que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas. Las actuaciones penales que se hubieren dirigido contra personas indeterminadas e incluso distintas de aquella contra quien se esgrime la actio civile no puede ser obstáculo al efecto interruptivo de la prescripción. 

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de febrero de 2021, recurso 3135/2018)