Jurisprudencia de Derecho Civil

Registro de la propiedad. Asientos registrales. Calificación registral denegatoria de una anotación preventiva de demanda.

En la demanda que inició el presente procedimiento, la demandante impugnó la calificación realizada por la registradora porque la acción ejercitada, respecto de la cual se había pedido y acordado la anotación preventiva, no era la simple declaración de que la mitad indivisa de la finca le pertenecía a la demandante, sino la declaración de que le pertenecía desde la fecha en que se otorgó la escritura pública de compraventa. La sentencia de primera instancia desestimó la impugnación de la calificación, al entender que la calificación registral era correcta, de acuerdo con el contenido del auto y el mandamiento, así como de los asientos registrales. La Audiencia provincial confirmó la sentencia de primera instancia.

Rechazo de la membresía femenina en una asociación de carácter religioso. Derechos de asociación y libertad religiosa. No discriminación. Competencia de la jurisdicción civil

La autonomía organizativa de las asociaciones religiosas no afecta a la delimitación de la competencia de la jurisdicción civil o eclesiástica, sino a la correcta delimitación del derecho de asociación y a la relación que esta cuestión tiene con otros derechos fundamentales con los que entra en contacto, como el de libertad religiosa. Y, en particular, a la determinación concreta y los límites del alcance del control que un órgano jurisdiccional del Estado puede realizar del funcionamiento interno de una asociación religiosa, en concreto, si dicho control puede alcanzar al ámbito de autoorganización propio de una asociación de este tipo y, en su caso, hasta qué grado y en qué aspectos.

Ejecución dineraria. Procedimiento de apremio. Subasta de bienes inmuebles. Subasta sin ningún postor. Calificaciones negativas del registrador.

Alcance de la función calificadora del registrador de la propiedad respecto de un decreto de adjudicación dictado conforme al art.671 LEC: subasta sin postores, adjudicación al ejecutante de la vivienda habitual del deudor.

En garantía de un crédito concedido por entidad bancaria, se había constituido una hipoteca sobre una vivienda habitual. Ante el impago del crédito, la acreedora hipotecaria instó la ejecución y se celebró la subasta sin que hubiera postores. El acreedor hipotecario solicitó la adjudicación de la finca por el 60% del valor de tasación conforme al artículo 671 de la LEC y así se decretó pero el registrador denegó la inscripción.

Se discute si se ha producido o no una extralimitación de las funciones del registrador por la calificación negativa emitida, ya que dentro de esas competencias se encuentra la de verificar que el título cumple los porcentajes de adjudicación del bien de acuerdo con las previsiones legales.

Propiedad horizontal. Alteración de elementos comunes. Legitimación activa. Abuso del derecho. Legitimación de un copropietario para actuar en interés de la comunidad.

Ilicitud de las obras que afectan a la fachada, realizadas sin consentimiento unánime de la comunidad en propiedad horizontal. Cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma, no tan solo de aquella parte del espacio comprensivo de su piso o local sobre los que ostenta un derecho singular y exclusivo, sino también en defensa del interés que le corresponde sobre los elementos comunes, por lo que existe legitimación activa de la demandante.

Menores. Filiación. Libertad de circulación y residencia. Negativa de las autoridades nacionales a la expedición de un certificado de nacimiento por omisión del dato sobre la madre biológica y cuestión de orden público. Certificado expedido por el Estado de residencia –que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo- en el que constan dos madres y ningún padre.

Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Para permitir a sus nacionales ejercer este derecho, la Directiva 2004/38 obliga a los Estados miembros a expedir a sus ciudadanos, de acuerdo con su legislación, un documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad.

Divorcio. Pensión compensatoria. Criterios para su determinación. Modificación de medidas. Pensión temporal o indefinida.

Son criterios básicos, entre otros, para valorar el desequilibrio económico que genera la pensión compensatoria: la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges y su situación anterior al matrimonio.

Sociedad de gananciales. Liquidación. Ingreso de dinero privativo en cuentas de titularidad conjunta para la adquisición de bienes comunes. Derecho de reembolso.

El objeto del proceso versa sobre un incidente de inclusión y exclusión de bienes en el inventario de la sociedad legal de gananciales, constituida por los litigantes. El marido solicita se incluyan créditos de su titularidad contra la sociedad conyugal en liquidación por cuantía de 124.522 euros.

La sala recuerda que son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir carácter ganancial al bien adquirido, pero, en tal caso, si se prueba que para la adquisición se han empleado fondos privativos, el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado, aunque no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso. En conclusión, en las relaciones entre cónyuges, aunque estén sometidos al régimen de gananciales, no se presume que el dinero privativo se aporta como ganancial.

Responsabilidad civil médica. Cirugía estética. Consentimiento informado. Riesgos típicos producidos no constitutivos de daño desproprocional. Obligación de medios y no de resultados.

En el presente caso, se le practicó a la demandante, en la clínica de la sociedad demandada, una intervención quirúrgica de aumento de mamas, mediante la implantación de dos prótesis, que tuvieron que ser sustituidas por deficiencias de fabricación ulteriormente descubiertas. Esta segunda intervención se llevó a efecto en la misma clínica, en la que se procedió a la sustitución pautada y a la práctica de una mastopexia. Una vez operada, la actora presentó asimetría mamaria con cicatrización inestética en ambas mamas. La demandante, varios días antes de esta segunda intervención, firmó las hojas del consentimiento informado, en las que, con respecto a la retirada de los implantes mamarios, se le advertía los riesgos de la intervención como: cicatrices anormales, asimetría mamaria o necesidad de una cirugía adicional.

Derecho a la intimidad y a la propia imagen de menor de edad. Publicación de fotografías en un diario digital. Inexistencia de intromisión ilegítima.

El recurso tiene su origen en una demanda por intromisión en el derecho a la imagen de un niño por la publicación de dos fotografías suyas en la web de un diario digital. La demanda interpuesta por el padre ha sido desestimada en las dos instancias al considerar que no ha habido intromisión ilegítima. La sala declara que no es admisible que el recurrente, para justificar la existencia de la vulneración alegada, se aparte inmotivadamente de las conclusiones probatorias alcanzadas en la instancia sobre hechos concretos y argumentadas en la sentencia recurrida, o lo haga con alegaciones inconsistentes, pues si se admitiera revisar tales conclusiones probatorias se estaría desvirtuando la naturaleza del recurso de casación.

Competencia judicial. Publicación en Internet de comentarios denigrantes. Rectificación y supresión de contenidos y reparación del perjuicio moral y económico.  Lugar de materialización del daño.

La regla de competencia especial en materia de responsabilidad civil debe ser objeto de una interpretación autónoma, remitiéndose al sistema y a los objetivos del reglamento del que forma parte. Esta regla de competencia especial se basa en la existencia de un vínculo de conexión particularmente estrecho entre la controversia y los tribunales del lugar en que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a estos por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso. La existencia de tal conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente y este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación.