Jurisprudencia de Derecho Civil

Liquidación de gananciales. Momento de la disolución. Disposición por un cónyuge de dinero ganancial con anterioridad a la disolución del régimen económico.

El recurso interpuesto versa sobre el momento de la disolución del régimen económico matrimonial del gananciales en un caso en el que, con anterioridad a esa fecha, un cónyuge dispuso de dinero ganancial. La sala recuerda que la disolución de la sociedad de gananciales la produce la firmeza de la sentencia de divorcio como un efecto legal.

En el presente caso, el esposo en su propuesta de inventario solicitó la inclusión en el activo del dinero de diversas cuentas bancarias y depósitos de los que dijo que no tenía información sobre su cuantía en el momento de la liquidación. La recurrente no negó que fueran gananciales, pero alegó desconocer su importe.

Recurso de amparo. Ingreso obligatorio hospitalario. Derechos fundamentales. Legitimación. Intimidad personal y familiar. Derecho a la libertad personal. Bien constitucionalmente protegido. Nasciturus. Limitación de derechos. Audiencia del interesado. Motivación y proporcionalidad.

Ingreso obligatorio en un centro hospitalario para llevar a efecto el parto de una mujer embarazada, por la eventual concurrencia de riesgo para la vida y salud del nasciturus.

Deseo de los futuros padres de elegir libremente el lugar de alumbramiento de su bebé y los problemas de alcance constitucional suscitados, ante una situación de grave riesgo para la vida o la salud del feto, como consecuencia del parto.

Derecho a la propia imagen. Intromisión ilegítima. Empleo de nombre y fotografía de un artista fallecido anunciando un festival de música. Finalidad publicitaria y comercial.

El presente recurso trae causa de una demanda en la que se ejercitan varias acciones fundadas en la intromisión a los derechos de imagen del difunto padre de los demandantes como consecuencia del empleo de su nombre y fotografía en la publicidad de un festival de música.

Es un acto de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. En el presente caso, consta acreditada la utilización del nombre y de la imagen fotográfica, en concreto, se hacía una referencia a un homenaje al cantante fallecido. La difusión publicitaria del festival se hizo esencialmente en medios de comunicación digitales y diversos sitios web. También consta que los organizadores del festival, con anterioridad a su celebración, habían sido requeridos por los hijos y herederos del fallecido para que cesaran en lo que consideraban una utilización del nombre y la imagen de su padre con fines comerciales y lucrativos.

Guarda y custodia compartida. Alimentos en favor de hijo menor no matrimonial: proporcionalidad.

Los presentes recursos traen causa de la demanda de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales formulada por el padre, en la que se solicitó, entre otras medidas la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida respecto del hijo menor.

Filiación extramatrimonial. Reclamación de paternidad e impugnación de la contradictoria. Negativa de los demandados a la práctica de la prueba biológica acordada judicialmente en un proceso de filiación. Efectos en relación con los demás datos obrantes en el proceso.

En un proceso de reclamación de paternidad e impugnación de la contradictoria determinada por reconocimiento, el recurso plantea el valor que debe conferirse a la negativa de los demandados a que se practique la prueba biológica acordada judicialmente cuando tal negativa concurre con varios indicios reveladores de la paternidad del demandante.

Naufragio del Prestige. Reconocimiento de resoluciones judiciales de otros Estados miembros. Litispendencia y a la conexidad. Arbitraje. Laudo arbitral. Fuerza de cosa juzgada. Resolución inconciliable con resolución previa entre las mismas partes en el Estado miembro requerido. Delito imprudente contra el medioambiente. Responsabilidad civil.

Derrame de petróleo del buque Prestige, en el que Estado español ejercitó una acción civil ante los tribunales españoles, donde se condenó al capitán del buque como autor de un delito imprudente contra el medioambiente y declaró civilmente responsables al capitán y a los propietarios del Prestige, así como, en virtud del artículo 117 del Código Penal a la aseguradora. Con posterioridad a dicha acción civil directa, la aseguradora entabló un procedimiento arbitral en Londres sobre la base de una cláusula del contrato que dio lugar a un laudo arbitral en el que se declaró que las pretensiones indemnizatorias de España ante los tribunales españoles deberían haberse formulado en tal procedimiento arbitral.

Desahucio por falta de pago. Subarriendo no permitido. Abuso de derecho y la quiebra de la buena fe.

El presente recurso de casación proviene de una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas vencidas y no pagadas contra la arrendataria con base en un contrato de arrendamiento. La demandada se opuso a la demanda y solicitó su desestimación al haber sido engañada por el demandante al decirle que era el propietario de la finca arrendada, cuando solo era el arrendatario y no la podía subarrendar sin la autorización expresa de la propiedad, una entidad bancaria, con la que aquel tenía contratado el arrendamiento con el exclusivo objeto de destinarla a vivienda permanente y alojamiento de él y los miembros de su unidad familiar, lo que también había incumplido al vivir en otro país desde hacía varios años. La Audiencia desestima la demanda al considerar que el demandante infringe la buena fe contractual.

Traducción de documentos judiciales y extrajudiciales. Traslado, a iniciativa del tribunal, de documentos judiciales a las partes coadyuvantes. Asunción de los gastos de traducción. Concepto de «requirente».

A tenor del artículo 5.2 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, el requirente asumirá los posibles gastos de traducción previa a la transmisión del documento, sin perjuicio de una posible decisión posterior, en su caso, del tribunal o autoridad competentes sobre la responsabilidad de dichos gastos. Sin embargo, dicho Reglamento no contiene ninguna definición del concepto de «requirente», por lo que el artículo citado debe interpretarse a la luz de su contexto y de los objetivos perseguidos por el Reglamento.

Divorcio contencioso. Derecho del menor y comunicación y estancia con sus progenitores. Interés del menor. Progenitores residentes en diferentes Estados. Cargas derivadas del desplazamiento del cónyuge no custodio.

La comunicación y estancia con sus progenitores se configura como un derecho del menor, una de cuyas plurales manifestaciones normativas se encuentra en el art. 24.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando proclama que: "Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses". Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés del menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores. Es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc,, que referido al desplazamiento del menor, también ha de imperar en el caso de que sea uno de los progenitores quien se traslade al lugar del domicilio del niño o de la niña para propiciar el régimen de visitas acordado.

Responsabilidad patrimonial de la Administración.  Error judicial. Requisitos.

La demanda de error judicial sólo puede interponerse frente a resoluciones judiciales contra las que no quepa recurso alguno o procedimiento modificativo posterior puesto que se trata de una medida tan extraordinaria de carácter final que sólo es posible cuando se hayan agotado todas las vías procesales, que por tal razón únicamente podrá ya resarcirse mediante la prestación por el Estado de la indemnización procedente.

El error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación, pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales. En suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquella se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad.