Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Cooperación judicial en materia civil. Ámbito de aplicación. Concepto de “materia civil y mercantil”. Acción de cesación de prácticas comerciales desleales

Acción de cesación de prácticas comerciales desleales ejercitada por una autoridad pública. El artículo 1.1 del Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», que figura en dicho precepto, una acción ejercitada por las autoridades de un Estado miembro contra profesionales establecidos en otro Estado miembro, mediante la cual dichas autoridades solicitan, con carácter principal, que se declare la existencia de infracciones consistentes en prácticas comerciales desleales supuestamente ilegales y que se ordene su cesación, así como, con carácter accesorio, que se ordenen medidas de publicidad y se imponga una multa coercitiva.

Seguro de responsabilidad sanitaria. Mora del asegurador. Causa justificada. Forma de devengo de los intereses del art. 20 LCS.

No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable. En el caso, en pronunciamiento no impugnado y, por lo tanto, firme, la sentencia de la Audiencia concluye que existía causa justificada para no asumir la obligación de indemnizar, al haber sido necesario el proceso para determinar la cobertura del siniestro por la entidad demandada. Si la mora nace a partir de la fecha de la sentencia de la Audiencia, al existir causa justificada para no asumir la obligación de indemnizar hasta que fue judicialmente proclamada, la forma de devengo del interés nacerá desde la fecha de la resolución del tribunal provincial, sin que quepa considerar que, dado que el siniestro acaeció más de dos años antes, tal circunstancia deba ser tenida en cuenta para fijar, desde el primer momento, el interés moratorio al más alto tipo del 20%.

Impugnación de acuerdos sociales. Falta de convocatoria de los legatarios de las acciones de uno de los accionistas. Doctrina jurisprudencial sobre el efecto directo del legado de cosa cierta.

Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere la propiedad desde que aquél muere, si bien debe pedir la entrega al heredero o albacea, cuando éste se halle autorizado para darla, lo que implica que en el caso de ser varios legatarios de un mismo bien se constituye sobre él una comunidad ordinaria.

Préstamo hipotecario. Cláusula IRPH. Acción de nulidad. Falta de transparencia. Desequilibrio.

La parte actora reclama la nulidad de las cláusulas que fijan interés del préstamo conforme al índice IRPH, las cláusulas suelo, la de gastos, la comisión de apertura, la comisión de novación y la de intereses moratorios, así como el reintegro de los gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD y del importe de las comisiones antes aludidas.

Por otra parte, acumula una demanda contra la entidad aseguradora así como contra la entidad bancaria de cumplimiento de un contrato de seguro que califica como de cobertura de una incapacidad permanente para la ocupación habitual del asegurado ahora demandante.

Libre prestación de servicios. Seguro directo de vida. Derecho y plazo de renuncia

Derecho y plazo de renuncia en los seguros de vida que oscilará entre 14 y 30 días, a partir del momento en que se informe al tomador de que se ha celebrado el contrato, para renunciar al contrato. Requisitos formales de la declaración de renuncia y extinción del

Libre prestación de servicios. Seguro directo de vida. Derecho y plazo de renuncia

Derecho y plazo de renuncia en los seguros de vida que oscilará entre 14 y 30 días, a partir del momento en que se informe al tomador de que se ha celebrado el contrato, para renunciar al contrato. Requisitos formales de la declaración de renuncia y extinción del derecho de renuncia.

Préstamos hipotecarios. Cláusulas abusivas. Gastos de constitución y cancelación de la hipoteca. Nulidad. Efectos.
En el presente caso, se plantean quince cuestiones prejudiciales en los dos asuntos acumulados que se agrupan en cinco partes; la primera, relativa a la cláusula correspondiente a los gastos de constitución y cancelación de hipoteca; la segunda, relativa a la cláusula que impone una comisión de apertura; la tercera, relativa al eventual desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven de tal cláusula; la cuarta, relativa a la limitación en el tiempo de los efectos de la declaración de la nulidad de una cláusula abusiva, y la quinta, relativa al régimen nacional de distribución de las costas en el marco de las acciones de nulidad de las cláusulas abusivas. Al respecto, el Tribunal de Justicia declara que:

Consumidores y usuarios. Servicios de transporte terrestre. Venta online de tarjetas descuento en futuros viajes sin ofrecer información sobre el derecho de desistimiento. Conceptos de «contrato de servicios» y «contrato de servicios de transporte de pasajeros».

El concepto de «contrato de servicios» recogido en el artículo 2.6, de la Directiva 2011/83, se define de manera amplia, de modo que del tenor de esta disposición se desprende que este concepto debe entenderse en el sentido de que incluye todos los contratos que no estén comprendidos en el concepto de «contrato de compraventa». El contrato controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto que el consumidor pueda obtener un descuento en el precio al adquirir posteriormente un título de transporte, no supone la transmisión de la propiedad de bienes en el sentido del artículo 2.5 de la Directiva. En consecuencia, está incluido, por defecto, en el concepto de «contrato de servicios».

Protección de los consumidores. Cláusulas abusivas. Novación contractual. Renegociación de la cláusula suelo. Abusividad. Transparencia. Renuncia a acciones judiciales.

La Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer obligatorio el sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas por los profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por consiguiente, cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de protección, el mismo no se aplicará. Por lo tanto, debe admitirse que un consumidor pueda renunciar a hacer valer el carácter abusivo de una cláusula en el marco de un contrato de novación mediante el que este renuncia a los efectos que conllevaría la declaración del carácter abusivo de tal cláusula, siempre y cuando la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado. No obstante, la renuncia de un consumidor a hacer valer la nulidad de una cláusula abusiva únicamente puede ser tomada en consideración si, en el momento de la renuncia, el consumidor era consciente del carácter no vinculante de esa cláusula y de las consecuencias que ello conllevaba. Solo en este supuesto cabe considerar que la adhesión del consumidor a la novación de tal cláusula procede de un consentimiento libre e informado, dentro del respeto de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Directiva 93/13, extremo este que corresponde comprobar al juez nacional.

Concurso de acreedores. Incidente concursal de impugnación de lista de acreedores. Crédito reconocido como con privilegio especial al tener una garantía real. Nulidad de contrato de pignoración y calificación del crédito como ordinario. Legitimación activa.

Cuando la impugnación de la clasificación de un crédito con privilegio especial tiene como presupuesto la previa impugnación de la constitución de una garantía real, realizada antes de la declaración de concurso, en cuanto constituye una acción de reintegración, cuyo ejercicio expresamente prevé el art. 71.6 LC, en relación con el art. 72.1 LC, no puede eludirse la aplicación de estas previsiones legales, que constituyen a estos efectos una ley especial.

Sociedades de capital. Sociedad unipersonal. Concurso de acreedores.

El art. 16.3 de la ley de Sociedad de Capital reconoce a la sociedad una acción para recabar del socio único una compensación económica por las ventajas patrimoniales obtenidas en perjuicio de la sociedad, en los contratos concertados dos años antes. El interés tutelado, propiamente, es el de la sociedad, sin perjuicio de que haya intereses de terceros (acreedores o socios posteriores) que se vean afectados y que justifiquen el ejercicio de la acción. No es necesario que se invoque o acredite ese interés indirecto afectado.