Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Arrendamiento financiero de acciones. Protección de los consumidores. Cláusulas abusivas. Desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Momento en el que se ha de apreciar. Sustitución de la cláusula por una disposición supletoria de Derecho interno.

Para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en el Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si —y, en su caso, en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista en el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a este efecto examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas. Por otra parte, el examen de la existencia de un posible «desequilibrio importante» no puede limitarse a una apreciación económica de naturaleza cuantitativa que se base en una comparación entre el importe total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa cláusula pone a cargo del consumidor, por otro. En efecto, un desequilibrio importante puede resultar meramente de un menoscabo suficientemente grave de la situación jurídica en la que el consumidor se encuentre, como parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de un obstáculo al ejercicio de estos o de imposición al consumidor de una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. Además, el contrato debe exponer de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera tal que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

Propiedad industrial. Patentes. Infracción de las patentes de invención. Robot de cocina. Requisito de la novedad. Falta de actividad inventiva de la patente.

Para analizar el riesgo de invasión del alcance de protección de una patente (infracción), ha de realizarse una comparación entre la patente y el producto supuestamente invasor (infractor). Concretamente ha de realizarse una comparación característica por característica entre la invención reivindicada y el producto supuestamente infractor, de manera que sólo cuando todas las características de la invención reivindicada - tanto las del preámbulo como las de la parte caracterizadora de la reivindicación independiente en estudio - son reproducidas simultáneamente por el producto supuestamente infractor, se puede concluir que se ha producido una vulneración o invasión del alcance de protección de la patente (infracción literal).

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones.

Contrato de seguro. Responsabilidad civil. Accidente de circulación. Lesiones sobrevenidas y comunicadas a la aseguradora. Falta de diligencia en la liquidación del siniestro e incumplimiento de sus obligaciones. Reclamación de los intereses del art. 20 LCS.

En el caso, la compañía de seguros tenía la obligación, dimanante del art. 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, en su redacción vigente a la fecha en la que se le comunicaron las nuevas lesiones padecidas por el actor, de efectuar en el plazo de tres meses, una oferta motivada y si no la presentase trascurrido dicho plazo, por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora.

Derecho concursal. Naturaleza jurídica de los créditos resultantes de la derivación de responsabilidad tributaria del art. 42.1 LGT. Consecuencias en su clasificación concursal.

La Agencia Tributaria recurre en casación y argumenta que la clasificación de los créditos nacidos de la derivación de responsabilidad debe ser la misma que tuvieran los créditos del obligado tributario principal. Aunque le sean aplicables al procedimiento de derivación las normas del procedimiento sancionador, la deuda tributaria no pierde su naturaleza por el hecho de ser exigida a otros obligados tributarios que, por disposición legal, se colocan al lado del obligado principal.

La sala declara que el autor o colaborador en la realización de una infracción tributaria es un obligado tributario más, que responde de la deuda tributaria en la misma medida que el deudor principal y su responsabilidad se extiende a la sanción, lo que no sucede en todos los supuestos de responsabilidad. Esto supone que para el obligado tributario por derivación de responsabilidad su deuda tributaria también se desglosa en principal, intereses, recargos y sanción. La derivación de responsabilidad tributaria tiene una función meramente garantizadora de la recaudación, por lo que el sujeto responsable no sustituye al sujeto pasivo principal, sino que se sitúa junto a él como garante del crédito adeudado.

Comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales. Reproducción no autorizada de fonogramas en canales de televisión. Sincronización. Derecho de remuneración equitativa y única.

Determinados fonogramas publicados con fines comerciales (o determinadas reproducciones de dichos fonogramas) fueron incorporados en grabaciones audiovisuales que contienen la fijación de obras audiovisuales y que posteriormente esas grabaciones audiovisuales fueron objeto de comunicación pública en cadenas de televisión. Las cuestiones prejudiciales no versan sobre la reproducción de esos fonogramas con ocasión de su incorporación en las mencionadas grabaciones audiovisuales, pues tal incorporación se efectuó con la autorización de los titulares de derechos afectados y a cambio de una remuneración que les fue abonada de conformidad con los acuerdos contractuales aplicables.

Consumidores. Contrato de transporte aéreo. Cláusulas abusivas. Atribución de competencia jurisdiccional. Cesión por el pasajero a una agencia de gestión de cobros de su derecho de crédito frente a la compañía aérea.

El concepto de cláusula atributiva de competencia debe interpretarse como un concepto autónomo del Derecho de la Unión y dar plena aplicación al principio de autonomía de la voluntad, sobre el que se basa el artículo 25.1, del Reglamento n.o 1215/2012. La circunstancia de que el contrato se haya concluido en línea no invalida, por sí misma, dicha cláusula, siempre que se cumplan los requisitos enunciados por la jurisprudencia, en particular, la conservación del texto en el que se estipula tal cláusula.

Seguro de vida con cobertura de invalidez vinculado a un préstamo hipotecario. Cuestionario de salud. Deber de declaración del riesgo. Dolo del asegurado.

El presente litigio versa sobre la reclamación del asegurado contra su compañía de seguros para el cumplimiento del contrato de seguro de vida con cobertura de invalidez, vinculado a un préstamo hipotecario, que se encontraba en vigor al producirse el siniestro, consistente en la declaración de incapacidad permanente absoluta (IPA) del asegurado. La demanda fue desestimada en segunda instancia por dolo del asegurado.

Contrato de transporte. Subcontratación. Acción directa. Concurso de acreedores.

Concurso de acreedores del subcontratista en un contrato de transportes y efecto en la acción directa del transportista efectivo. En los contratos de transporte, la acción directa puede ejercitarla el transportista efectivo con independencia de que el reclamado (el cargador principal o un subcontratista intermedio) hubiera o no satisfecho el porte al operador de transporte a quien hubiera encargado su ejecución. La acción directa regulada en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, es una acción directa en favor del que efectivamente ha realizado los portes frente a todos aquellos que conforman la cadena de contratación hasta llegar al cargador principal. Aquí es donde esta acción se aparta de manera más significativa del régimen general previsto en el art. 1.597 CC, al establecer, en garantía del porteador efectivo, un régimen que posibilita el doble pago, sin perjuicio de un ulterior derecho de repetición contra el porteador contractual para la devolución de lo abonado al porteador efectivo. De manera que la única forma que tiene el cargador para evitar que pueda ser objeto de este tipo de acciones es prohibir en el contrato de transporte su subcontratación.

Concurso de acreedores. Crédito con privilegio especial. Prenda de créditos futuros. Venta de unidades productivas.

Venta de unidad productiva que incluye un contrato y en el marco surgen los créditos sobre los que se constituyó una prenda en garantía de los créditos de una entidad de crédito. La venta de unidad productiva se hizo sin transmisión de los gravámenes. En principio, si el precio ofrecido por la venta de la unidad productiva no cubría el valor de la garantía de estas prendas de créditos, conforme a la interpretación expuesta del art. 149 LC (actual art. 214 del TR de la Ley Concursal), era necesario que prestara su conformidad el acreedor pignoraticio y si eran varios aquellos que representaran al menos el 75% del pasivo de esta naturaleza (privilegio especial con derecho de ejecución separada) afectado por la transmisión y que pertenecieran a la misma clase. Esto es, la conformidad de los acreedores que representen 75% de estos créditos afectados permite arrastrar al resto. Si no existiera esta salvedad, sería necesario el consentimiento de todos los acreedores privilegiados con derecho de ejecución separada afectados por la venta de la unidad productiva, siempre que la parte del precio obtenido que les fuera asignado a los bienes gravados fuera inferior al valor de la garantía, lo que dificultaría la venta de la unidad productiva. El legislador, al valorar los intereses en juego, ha optado por la regla de la conformidad de la mayoría reforzada del pasivo afectado (el 75%), y mitigar con ello la exigencia del consentimiento unánime de los acreedores afectados.

Concurso. Créditos contra la masa. Posibilidad de compensación. Liquidaciones de IVA. Acuerdo de compensación, adoptado tras concluir el concurso por insuficiencia de la masa activa, con resultado a devolver.

Las liquidaciones del IVA en el caso se refieren a hechos imponibles acaecidos con posterioridad a la declaración de concurso, por lo que serían créditos contra la masa y no concursales, no resultando aplicable la prohibición de compensación del art. 58 LC -actual art. 153.1 del Texto Refundido-. En consecuencia, lo determinante es decidir la fecha en que tal compensación surtió efecto, puesto que el concurso estuvo concluso por insuficiencia de la masa activa y posteriormente se reabrió; la declaración de compensación se dictó cuando el concurso estaba concluso y la resolución que estimó en parte las alegaciones de la deudora y rebajó el importe a ingresar tras la compensación se dictó cuando ya estaba reabierto.