Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Préstamo hipotecario a prestatarios integrados en una comunidad de bienes. Condición de consumidor de la comunidad de bienes. Ánimo de lucro. Ámbito ajeno a la actividad empresarial.

La Directiva 93/13 limita el concepto de «consumidor» a personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad profesional; por otra parte, los Estados miembros mantienen su libertad de regular el régimen jurídico de la comunidad de propietarios en sus ordenamientos respectivos, calificándola o no como "persona jurídica". Además, pueden adoptar medidas de protección de los consumidores más estrictas, siempre que sean compatibles con los tratados, de manera que pueden extender la aplicación de lo dispuesto en la citada directiva a las personas jurídicas o a las físicas que no sean consumidores en el sentido de esta. Así, la Ley 3/2014, con su modificación del TRLGDCU, amplió el ámbito subjetivo del concepto de consumidor y pasó a considerar como tales no sólo a las personas físicas, sino también, en lo que ahora interesa, a las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Préstamo hipotecario. Novación. Acuerdo posterior que sustituye el interés variable con cláusula suelo por fijo sin suelo. Control de transparencia. Inexistencia de renuncia de acciones.

Los motivos del recurso de casación plantean la validez tanto de la novación de la cláusula suelo obrada por documento privado, como de una renuncia de acciones que, según el recurrente, fue verificada en el mismo documento de manera tácita o implícita.

El contrato privado suscrito entre las partes contiene unas estipulaciones relevantes en lo que afecta al recurso que han sido predispuestas, por tanto, no negociadas. A través de las mismas se suprime la originaria cláusula suelo, se conviene la aplicación durante un periodo de 18 meses de duración de un tipo de interés ordinario del 3% y, una vez vencido el mismo, la del tipo de interés variable establecido en el préstamo salvo en lo que respecta a la cláusula suelo. Estas estipulaciones, que inciden en la regulación de la cláusula suelo potencialmente nula, serían válidas pues cumplen las exigencias de transparencia de las cláusulas predispuestas.

Información contenida en el folleto de oferta pública o admisión a cotización de valores. Oferta simultánea a inversores minoristas y cualificados. Acción de responsabilidad. Conocimiento de la situación económica del emisor. Salida a bolsa de Bankia. Responsabilidad por folleto. Daños y perjuicios.

Las alegaciones relativas a la acción de nulidad por error vicio del consentimiento no pueden ser objeto de examen, puesto que, conforme a la jurisprudencia de esta sala, al haberse adquirido las acciones en el mercado secundario oficial y no directamente en la OPS de Bankia, la entidad emisora carece de legitimación pasiva.

Propiedad intelectual. Acciones y medidas cautelares urgentes. Infracción directa e indirecta.

Infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual y afines e interpretación del párrafo segundo del art. 138 LPI. Una vez firme la declaración judicial de que la actividad desarrollada por una sociedad al explotar un sitio web que ponía a disposición de cualquier persona los enlaces que permitían tener acceso a la visualización de partidos de fútbol respecto de los que la demandante tenía derechos de propiedad intelectual, constituía una infracción directa de esos derechos, en concreto los relativos al derecho de comunicación pública; el tribunal declara que la actividad desarrollada por el socio mayoritario y administrador de esta sociedad, que gestionaba la web, constituía una infracción indirecta en la modalidad de tener interés directo en el resultado de la infracción y la capacidad de control sobre la conducta infractora. Siendo socio único de la compañía, cuyos rendimientos más relevantes provienen del desarrollo de la conducta infractora, su interés económico es innegable, máxime cuando se ha constatado que el montante de los beneficios logrados oscilaba entre uno y dos millones de euros al año.

Contrato de tarjeta de crédito. Interés remuneratorio usurario. Nulidad de todo el contrato.

La cuestión controvertida en casación se ciñe a los efectos respecto de la solicitud de nulidad de la condición general en que se fija el interés remuneratorio de un contrato de tarjeta de crédito por usurario. En concreto, si la consecuencia es la nulidad de todo el contrato con los efectos previstos en el art. 3 de la Ley de Usura o la que declara la sentencia recurrida, de dejar sin efecto la cláusula de intereses y condenar sólo a restituir todos los intereses cobrados.

Contrato de seguro. Seguro de accidente. Cláusulas delimitadoras del riesgo y las limitativas. Distinción. Prueba pericial.

La distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y las limitativas de derechos, y los especiales requisitos de transparencia de éstas. La doble exigencia que establece el artículo 3 LCS en las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado en el contrato de seguro.

El debate casacional gira en torno a la interpretación del concreto significado y alcance de la doble exigencia legal establecida en el art. 3 LCS, según la cual, las cláusulas limitativas deben destacarse "de modo especial" y ser "específicamente aceptadas por escrito", en relación con las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, y si, en el presente supuesto, se pueden considerar cumplidos esos requisitos.

Condiciones generales de la contratación. Contrato de préstamo. Fianza. Control de trasparencia.

Legitimación activa del prestatario para instar la nulidad por abusividad, de la cláusula que contiene el pacto de afianzamiento solidario por falta de transparencia. Razones por las que en el presente caso se cumplieron las exigencias propias del control de transparencia. Protección de consumidores frente a cláusulas abusivas.

Préstamo hipotecario, donde los padres del prestatario se constituyeron como fiadores solidar