Jurisprudencia de Derecho Mercantil

Inconstitucionalidad de preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de comercio, servicios y ferias. Ventas en rebajas. Horarios comerciales. Régimen sancionador. Régimen lingüístico.

La norma básica no circunscribe la temporada de rebajas a uno o varios periodos estacionales concretos, como tampoco otorga a este tipo de figura promocional una duración determinada, permitiendo así que sea el comerciante quien libremente adopte las correspondientes decisiones al respecto. No obstante, no hay una contradicción manifiesta entre la norma básica y el precepto impugnado, pues este no concreta de manera prescriptiva los períodos anuales en los que habrán de tener lugar las rebajas, sino que establece una regla puramente descriptiva y no prescriptiva, que no impide a los comerciantes establecer otros períodos de rebajas fuera de las temporadas habituales.

Préstamo hipotecario. Condiciones generales de la contratación. Cláusula suelo. Suficiencia de la información precontractual.

La demanda que dio inicio al procedimiento solicitó la nulidad de la cláusula suelo del préstamo hipotecario y la condena del banco demando a devolver las cantidades abonadas indebidamente en aplicación de esa cláusula suelo.

El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

Propiedad intelectual. Remuneración equitativa por actos de reproducción de fonogramas para su posterior comunicación. Interpretación del art. 31.1 LPI. Aplicación de la doctrina del TJUE sobre el cumplimiento de los requisitos cumulativos previstos en ese precepto para que pueda operar ese límite al derecho de reproducción.

La controversia gira en torno a los denunciados actos de reproducción de fonogramas que se habrían realizado con carácter previo a la comunicación pública. La sentencia recurrida al justificar por qué la conducta de los demandados encaja en esta excepción del art. 31.1 LPI, razona la concurrencia de algunos de los mencionados requisitos, al afirmar que se trata de actos de reproducción provisional y accesoria al acto de comunicación pública, que a su juicio carecen de significación económica y están destinados a una utilización lícita, en la medida en que se pague la remuneración por dicha comunicación pública.

Propiedad intelectual. Derechos de autor. Derecho de reproducción. Copia privada. Canon. Certificado de exceptuación emitido por una persona jurídica privada controlada por las entidades de gestión.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29 y el principio de igualdad de trato deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual se confía a una persona jurídica, constituida y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, la gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos de la compensación por copia privada.

Contratos bancarios. Contrato de tarjeta de crédito revolving. Usura. «Interés normal del dinero». interés del 20,9%.

Contrato de tarjeta de crédito de pago aplazado con una TAE del 20,9% anual y la posibilidad de considerarlo usura.

La jurisprudencia de esta Sala sobre la posible cualidad de usurarios de los créditos revolving considera que la referencia del "interés normal del dinero" que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Sociedades de capital. Modificaciones estructurales. Legitimación pasiva de la sociedad beneficiaria de la escisión parcial. Nulidad de contrato incluido en la unidad económica traspasada.

La Asociación de consumidores y usuarios de servicios generales, actuando en interés de sus socios, interpuso una demanda contra el banco ahora recurrente en casación, en la que solicitó que se declarara la nulidad de los contratos suscritos por las partes para la adquisición de bonos estructurados por error vicio del consentimiento contractual prestado por los demandantes. El banco demandado escindió parte de su patrimonio, en concreto, la unidad económica consistente en la actividad de negocio minorista a otra sociedad.

En contra de lo afirmado por la demandante, ahora recurrida, en los supuestos de escisión parcial se produce una sucesión universal respecto de la unidad económica traspasada en bloque, aunque la sociedad escindida no se extinga, pues la pervivencia de la sociedad escindida es consustancial al carácter parcial de la escisión, a diferencia de lo que ocurre con la escisión total. Como consecuencia de esa sucesión universal, la sociedad beneficiaria quedó subrogada en todas las responsabilidades legales y contractuales que procedieran de dicho negocio minorista. Por tanto, lo que se transmitió fue la titularidad de la relación negocial entre la sociedad recurrente y sus clientes de negocio minorista y, con ella, la posición pasiva respecto de una futura acción de nulidad del contrato por error vicio.

Transporte terrestre. Permiso de conducción. No reconocimiento por un Estado miembro de la suspensión impuesta por otro Estado miembro.

El órgano jurisdiccional remitente pregunta si las disposiciones del artículo 11.2, en relación con su apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 deben interpretarse en el sentido de que autorizan al Estado miembro de residencia normal del titular de un permiso de conducción, expedido por dicho Estado miembro, a no reconocer ni ejecutar en su territorio una resolución de suspensión del derecho a conducir un vehículo de motor, adoptada respecto de ese titular por otro Estado miembro, con motivo de una infracción de tráfico cometida en el territorio de este último, incluso cuando dicho permiso de conducción ha sido expedido por canje de un permiso de conducción que fue expedido anteriormente por el Estado miembro en el que se cometió tal infracción de tráfico.