Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Navarra. Defensa de consumidores y usuarios. Calificación de las infracciones. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora. Cuestión de inconstitucionalidad.

Se cuestiona la constitucionalidad del art. 40 de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de consumidores y usuarios, por posible vulneración del art. 25 CE. El precepto cuestionado establece que las infracciones se calificarán de leves, graves y muy graves, en función de diez criterios distintos que enumera, pero sin especificar la relación que pueda haber entre estos requisitos y la calificación de la infracción en uno de los tres grados contemplados. Este precepto ha sido modificado por la Ley de presupuestos generales de Navarra de 2020. En todo caso, dicha modificación no resultaría aplicable en el proceso a quo y, por lo tanto, no conllevaría la pérdida de objeto de este proceso constitucional.

Impugnación de las Órdenes SND/422/2020 y SND/458/2020. Obligatoriedad del uso de mascarilla por el COVID-19. Legitimación activa. Desviación de poder. Derechos a la información, a la libertad individual y al honor y a la propia imagen.

Las decisiones de la OMS carecen de fuerza vinculante, sin embargo, la pertenencia de España a dicha organización por haber aceptado su Constitución, conlleva asumir sus recomendaciones. No incumbe a esta Sala pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de las Recomendaciones de la OMS que en el momento actual comprenden el uso de mascarillas. El art. 70.2. de la LJCA define la desviación de poder como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. El Ministerio de Sanidad puede seguir las Recomendaciones dada la pertenencia de España a dicha organización sin que tal conducta evidencie que el Ministerio de Sanidad las hubiera utilizado o utilice para un fin distinto del establecido por el ordenamiento jurídico.

Derechos constitucionales. Derecho a la libertad religiosa. Iglesia Patafari

Rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó la inscripción de la Iglesia Pastafari en el Registro de Entidades religiosas.

La sentencia incluye algunos de los Estatutos de esta entidad, como la Oración principal al Monesvol: "Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. En otro artículo de los Estatutos se recogen doctrinas y principios como los siguientes: La pasta con albóndigas y la cerveza son los elementos que forman el cuerpo del creador, y son, por tanto, un alimento ideal y de fácil preparación.

Expropiación forzosa. Justiprecio: valoración suelo rural según precios de mercado

Impugnación del acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones, por el que se fijaba el justiprecio de varias fincas de su propiedad, que le habían sido expropiadas por la Administración Autonómica para la ejecución de las obras de mejora y reforma de una carretera.

Recurso contencioso-administrativo. Ordenación de los transportes terrestres. Pérdida de la honorabilidad

La parte actora objeta a la regulación nacional tras la reforma reglamentaria impugnada que anude la pérdida de la honorabilidad a la sanción penal o administrativa sin que tal pérdida vaya precedida de un procedimiento sancionador, es decir, se discute la necesidad de la existencia de un procedimiento administrativo "completo" para examinar la proporcionalidad de la pérdida de la honorabilidad.

Ordenación de los Transportes Terrestres. Posibilidad de limitar el número de licencias para el arrendamiento de vehículos con conductor antes de que se aprobarse el Real Decreto 1057/2015

Declaración de zona de gran afluencia turística. Introducción de limitaciones temporales y territoriales. Libre ejercicio de la actividad económica.

Transporte. Transporte terrestre. Libertad de empresa. Libertad de actividad económica y el establecimiento de límites. Autorización de transporte público de mercancías. Títulos habilitantes

Anular por no ser ajustado a Derecho, el articulo 2 apartado 22 del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el art. 44.2 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres del Real Decreto 1211/1990 impugnado en el inciso siguiente: "2. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados desde su primera matriculación".

Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de justicia. Prisión indebida. Reclamación de daños y perjuicios

Reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros del Estado a una mujer que pasó 579 días en prisión preventiva en una cárcel de Melilla, acusada del homicidio de su bebé recién nacido, y que después fue absuelta. Tras ser puesta en libertad, se le impuso una comparecencia “apud acta” semanal que después pasó a ser quincenal. Un Tribunal del Jurado de Málaga la condenó por un delito de homicidio. Esta sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó repetir el juicio. En el segundo juicio la mujer fue condenada a dos años y medio de prisión por otro Tribunal del Jurado por un delito de homicidio imprudente. El fallo fue confirmado por el TSJA, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo anuló al estimar el recurso de casación de la mujer y acordar su absolución por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al no estar adecuadamente probado que la muerte del bebé se produjera por la conducta omisiva de la acusada.

«Reglamentos técnicos» relativos a servicios de la sociedad de la información. Obligación de notificar los proyectos a la Comisión. Incumplimiento. Inoponibilidad a los particulares e inaplicabilidad a los prestadores de servicios. Juego online.

El concepto de «reglamento técnico» comprende la «especificación técnica», el «otro requisito», la «regla relativa a los servicios», y las «disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto o que prohíben el suministro o utilización de un servicio o el establecimiento como prestador de servicios.