Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Decreto de Galicia 12/2017, sobre apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. Limitación del período de alojamiento. Cesión por habitaciones. Acceso a la actividad. Clasificación y requisitos de calidad. Distintivos. Habilitación a Ayuntamientos para prohibir o limitar. Legalidad urbanística

Las viviendas que se describen en el artículo 65.1 de la Ley 7/2011, de Turismo de Galicia y, en iguales términos, en el 4.1 del Reglamento de desarrollo origen de esta litis, sólo podrán ser alquiladas en su totalidad. Dicha exigencia no impediría, sin embargo, el arrendamiento de habitaciones de viviendas que no se ajustasen de manera precisa a la definición de viviendas turísticas que se efectúa en el referido precepto legal, aunque tales arrendamientos no estarían sujetos a la normativa turística de la Comunidad Autónoma. En ese sentido, una reiterada jurisprudencia establece que la regulación de requisitos y exigencias en una concreta actividad empresarial no es contraria a la libertad de empresa. Ahora bien, esa interpretación -como el hecho de que haya otras categoría de alojamientos turísticos como los hoteles y pensiones en los que se alquilan habitaciones- no evita tener que valorar si dicha restricción en la actividad económica relativa a las viviendas turísticas y las viviendas de uso turístico cuenta con una justificación de interés general admisible a la luz de la Directiva comunitaria 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior y de la Ley 17/2009, de Garantía de la Unidad de Mercado. En este sentido el Tribunal Constitucional señala la obligación de las Comunidades Autónomas de circunscribir sus políticas públicas regulatorias que incidan en el ejercicio de las actividades económicas a la garantía de las razones imperiosas enumeradas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009.

Acción administrativa. Símbolos y banderas. Uso en edificios públicos. Neutralidad Ayuntamiento.

La sentencia anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de 30 de septiembre de 2016, que reconocía la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya que no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario.

Registro de la propiedad. Honorarios registrador. Arancel de los notarios y registradores de la propiedad. Restructuración bancaria.  

Honorarios del registrador de la propiedad cuando se presenta una escritura de cancelación del derecho real de hipoteca habiendo precedido una transmisión de éste entre entidades bancarias motivada por razones de conveniencia empresarial y no de saneamiento y reestructuración de éstas. No se pueden cargar al prestatario los gastos del registro generados por trasmisiones de hipotecas acordadas entre entidades bancarias.

Urbanismo. Aprobación por silencio administrativo de proyectos de actuación presentados por iniciativa particular. Interés casacional objetivo.

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar si pueden entenderse aprobados por silencio administrativo los proyectos de actuación como instrumentos de gestión y ejecución urbanística y si la jurisprudencia sobre el régimen del silencio administrativo en relación con los instrumentos de planeamiento, según la naturaleza pública o privada de la iniciativa, es extrapolable a la tramitación de los referidos instrumentos de gestión urbanística.

Urbanismo. Planeamiento. Exigencia a las Comunidades Autónomas del informe de impacto de género, cuando no figura previsto en su propia legislación. Interés casacional.

La cuestión planteada en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar en qué medida la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación.

Contratos administrativos. Contrato de servicios.  Exclusión de contratista. Ofertas anormalmente bajas.

Contrato de servicio de asistencia y consultoría para la traducción al inglés de los contenidos de la página web de La Moncloa, donde una empresa fue excluida de la licitación por apreciarse en su oferta económica valores anormales o desproporcionados.

La tarifa de traducción inmediata, directa e inversa, del español al inglés de la empresa en cuestión, presentaba una desviación de la media de las tarifas ofrecidas por las otras empresas licitadoras del 24,70% a la baja, por  lo que se le pedía que justificara la valoración de la tarifa, el procedimiento de ejecución del contrato y los medios técnicos de la empresa. Una vez  dadas las explicaciones, no resultaron suficientes para la administración acordándose su exclusión.

Salud Pública. Acción administrativa. Ejecución forzosa. Autorizaciones o ratificaciones de medidas sanitarias.

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución, y en este caso asi ocurre con los artículos 1 a 3 de la ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Por ello, un Juzgado de lo Contencioso autoriza el sometimiento forzoso a la prueba de covid-19 de un varón de 80 años residente en un centro para mayores, ante su negativa a someterse al test y “empleando para ello la fuerza mínima indispensable o el medio menos invasivo posible.

Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Actos administrativos de aplicación. Inexistencia de vulneración del derecho de la Unión Europea. Actos propios y confianza legítima. Prestaciones patrimoniales de carácter público.

Derecho de acceso a la información pública. Información anterior al 10 de diciembre de 2014. Acción previa de reelaboración. Solicitud de información que no obra en poder del sujeto al que se dirige la petición. Interés casacional.

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Se impugna la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Comunidad de Madrid, por los daños y perjuicios provocados en una explotación ganadera por los ataques de lobos.