Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Proceso contencioso-administrativo. Representación procesal. Letrado de oficio. Tutela judicial efectiva. Extranjería. Infracciones y sanciones.

En procedimiento de expulsión de extranjero se solicita asistencia letrada de oficio para recurrir que se concede, y tras el nombramiento de letrado se pide a la persona beneficiaria que ratifique su voluntad de presentar el recurso en el momento de su interposición por cualquier medio que deje constancia expresa de su identidad y del conocimiento de la resolución. La letrada de la Administración de Justicia requiere a la letrada del turno de oficio que acredite la representación que dice ejercer y ante la no respuesta, tiene lugar el archivo de las actuaciones.

Contratos del sector público. Concesión sobre líneas de transporte urbano. Extinción por término del período de 30 años a partir de su adjudicación. Régimen transitorio. Dies a quo.

De las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que ha de buscarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar.

Convenios urbanísticos. Norma reguladora del plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos.

Las normas jurídicas que se aplican en el momento de la extinción de los contratos administrativos -y de los convenios-, según de forma reiterada señalan los sucesivos textos legales en materia de contratación pública son:

Registros administrativos. Registro Central de Delincuentes Sexuales. Afectación de principios constitucionales.

Denegación de cancelación de los datos inscritos aplicando el plazo de cancelación previsto en el RD 1110/2015.

El Real Decreto 1110/2015 tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015 de infancia y adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél. Este Real Decreto tiene cobertura en la habilitación otorgada por la Disposición Final Decimoséptima de la Ley 26/15, sin que las limitaciones para el ejercicio de determinadas profesiones o actividades en contacto con menores -cuya causa no es otra que la potencial peligrosidad de los pederastas- vulneren el principio de legalidad (art. 25 CE), entre otras razones porque no estamos ante sanciones, sino ante medidas limitativas de derechos, de naturaleza tuitiva.

Dominio público hidráulico. Infracciones. Sanción y reposición al estado primitivo. Prescripción de la infracción y prescripción de la acción de reposición.

La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años.

Ejecución de sentencia. Procedimiento sancionador. Falta de determinación del plazo de cumplimiento del fallo judicial. Caducidad del procedimiento sancionador.

Las cuestiones planteadas en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar si en los supuestos en que la sentencia no hubiere fijado plazo de cumplimiento del fallo, puede la Administración dictar la nueva resolución sin límite temporal alguno, o si, por el contrario, está condicionada temporalmente a la hora de dictar la nueva resolución -a efectos de una eventual concurrencia de caducidad del procedimiento administrativo sancionador- por el tiempo que empleó en dictar la resolución sancionadora primeramente anulada. Asimismo, se debe fijar doctrina respecto de los supuestos en que el Tribunal sentenciador decidiera fijar un plazo de cumplimiento del fallo -conforme a lo previsto en el artículo 71.1.c) LJCA-; la cuestión se centra en determinar si para concretar su extensión en cada caso debe el Tribunal sentenciador tener en cuenta únicamente las particulares circunstancias concurrentes, sin límite alguno, o si, por el contrario, debe tener en cuenta, a efectos de una eventual caducidad del procedimiento administrativo sancionador, el tiempo que hubiera empleado anteriormente la Administración para dictar la resolución sancionadora primeramente anulada.

Derecho de acceso a la información. Archivo de solicitudes de información catastral de ponencias de valores al no haber señalado específica e individualmente la página o parte del callejero del que desea obtener copia. Interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Tiene interés casacional la cuestión de si resulta acorde con el derecho de acceso a la información reconocido en la normativa aplicable la exigencia de especificar la página concreta del callejero en los casos de solicitudes de copias de páginas del callejero de la Ponencia de valores relativas a una determinada calle y referencia catastral, determinando la falta de indicación del número de página la inadmisión de la solicitud o el tener al solicitante por desistido.

Recurso contencioso-administrativo. Jueces y magistrados. Sanción. Desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.

En el supuesto de muerte violenta, el Juez competente debe adoptar las resoluciones necesarias para que, previa la inscripción de fallecimiento, se proceda al enterramiento o incineración del cadáver. Ello no se hizo en el presente caso sino bastantes meses después, sin que a juicio de la Comisión Disciplinaria hubiera ninguna razón objetiva que justificase tal retraso.

Sanciones. Sociedad de capital. Deudas de la Seguridad Social.Responsabilidad solidaria de los administradores. Derivación de responsabilidad contra administrador de la entidad mercantil.

Conforme al artículo 367.1 de la Ley de sociedades de capital, responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Urbanismo. Planeamiento. Nulidad del instrumento. Limitación a aspectos o determinaciones concretas. Interés casacional objetivo.

Se solicita del Tribunal Supremo que se replantee la cuestión de los efectos de la nulidad absoluta de los instrumentos de planeamiento urbanístico considerados como disposiciones de carácter general a fin de ratificar su posición tradicional, o, en su caso, modular ese criterio consolidado, respecto de supuestos, como el enjuiciado, en el que se cuestionaban aspectos o determinaciones muy concretas del Plan.