Casos Prácticos Derecho Civil

Relaciones paternofiliales y rebeldía del progenitor demandado. interés del menor y medidas aplicables con relación a la patria potestad en exclusiva o privación de la patria potestad, régimen de visitas y pensión de alimentos y su garantía.

Interpuesta una demanda de separación, ninguno de los progenitores solicita la custodia compartida, ni durante la sustanciación del procedimiento ni en el acto de la vista oral; pero el juzgado la acuerda. Recurren en apelación utilizando como razonamiento esencial que no se puede acordar si ellos no lo solicitan, independientemente de que lo pida el Ministerio Fiscal –como así sucedió en la instancia–. Consideran que la ausencia de un debate contradictorio impide valorar la conveniencia de la custodia compartida. Al margen de lo anterior, se dice, en contra de la custodia compartida, que no se cumplen los requisitos para su concesión. Finalmente, se solicita por el progenitor paterno que la pensión de alimentos despliegue efectos desde que fue emplazado tras la demanda de separación, y no desde la fecha de la interposición efectiva de esta.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar qué Juzgado de Instrucción es el competente desde el punto de vista de la competencia territorial, cuando estamos en los supuestos de estafas realizadas a través de internet o vía telefónica o a través de los modernos medios de pago actuales; sin haberse superado la aplicación de la doctrina de la ubicuidad (el delito se entiende cometido en cualquiera de los lugares en los que tiene lugar alguno de los elementos del tipo), la misma ha sido complementada con una novedosa doctrina jurisprudencial denominada de la eficacia en la investigación policial y judicial (la competencia corresponderá al lugar donde resida el investigado si eso facilita la investigación, al hacer que la misma sea más ágil y tener mayores posibilidades de éxito).

Se analizan en este supuesto diversos problemas relativos a la falta de conformidad del bien con el contrato y a la no información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento en una compraventa de consumo celebrada a distancia, por mor de la cual una persona física (el Sr. Pérez Rocamón) adquiere de un empresario mercantil (la entidad Camping S.A.) una carpa para su uso personal y familiar en el jardín de su residencia habitual.

Demanda de juicio ordinario instando la revocación de la donación, por la demanda del donatario al donante de apropiación indebida. La demandada, donataria, interpone recurso de casación por entender que no dictarse sentencia condenatoria no procede la revocación interesada, a lo que se opone el demandante por entender que es suficiente la imputación del delito.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar si, tras haberse realizado un primer control de oficio de abusividad de las cláusulas en un procedimiento monitorio, es posible llevar a cabo otro segundo control del mismo tipo por el Juez en ejecución del título que puso fin a dicho proceso monitorio. Se trata de valorar si, habiéndose realizado un control imperfecto o incompleto en el proceso previo, es posible que el mecanismo legal de dicho control de abusividad haya precluido procesalmente hablando y ello impida el segundo control en ejecución, o si es posible llevarlo a cabo incluso con solicitud al ejecutante de información complementaria a efectos de determinar la totalidad de conceptos reclamados, delimitando así el origen del importe de la deuda por principal, intereses, penalizaciones contractuales y otros conceptos. Este eventual segundo control de abusividad ¿es compatible con la directiva comunitaria?

En un juicio verbal de divorcio se acuerdan diferentes medidas en relación dos hijos menores del matrimonio. De manera sucinta, con brevedad, el juzgado dicta una sentencia acordando, entre otras decisiones, que los hijos permanecerían en compañía de la madre, con un régimen de visitas amplio en favor del padre. Los fundamentos se sostienen, esencialmente, en el informe del Equipo Técnico y en las declaraciones de los padres en el acto de la vista. La sentencia, ante la dificultad de decidir, el pronunciamiento se basó en el interés de los hijos, que dijo concretarse, no en su voluntad, sino en la inconveniencia de la custodia compartida por la mala relación existente y la ausencia de habilidades paternas. La sentencia, después de ser apelada, llegó a casación y el motivo alegado fue el error en la valoración de la prueba por la vía del artículo 217 LEC en relación con el 477.2.3. LEC por interés casacional.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar quiénes pueden ser legitimados pasivos, en la acción del prestatario encaminada a lograr la declaración de nulidad de un préstamo por usurario, cuando el prestamista originario ha cedido el crédito a otro tercero cesionario. La nulidad del contrato de préstamo por ser usurario, puede hacerse valer frente al cesionario sin necesidad de demandar también al cedente; pero puede estar justificada la demanda contra este último para asegurarse el demandante el eventual derecho a la devolución de la diferencia a favor del prestatario, entre el principal del préstamo y lo que se ha pagado por la prestataria por todos los conceptos.

El demandante administrador único de unas sociedades interpone demanda contra una entidad bancaria interesando la resolución del artículo 1124 del CC de dos contratos de crédito por 200.000 euros cada uno, con las consecuencias indemnizatorias de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos del demandado; dicha demanda fue desestimada, siendo firme la sentencia dictada. Posteriormente, el demandante interpone una segunda demanda interesando que se declare la inexistencia o nulidad absoluta por ilicitud de la causa de los contratos, y la condena a devolver unas determinadas cantidades, los intereses devengados y, subsidiariamente, ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en los incumplimientos por parte del banco. La demanda es estimada en primera instancia y el recurso de apelación que interpuso la entidad bancaria fue desestimado; el banco se plantea recurrir en casación la sentencia de la audiencia provincial.

El presente caso aborda el problema jurídico originado a partir de aquellos casos de solicitud de los concursados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), y si este beneficio debe alcanzar también o no a los créditos públicos por deudas de la AEAT, cuando la norma interna española puede estar contradiciendo la Directiva 2019/1023; esta norma comunitaria, recoge una relación detallada de créditos en su articulado, pero exige una justificación para la exoneración, mientras que la normativa concursal española no precisa una justificación alguna en materia de exoneración del crédito público. Es en esta tesitura en la que cabe preguntarse (a la vista de la disparidad de resoluciones nacionales) ¿pueden los Tribunales nacionales exonerar en el BEPI esos créditos públicos sin vulnerar la normativa comunitaria? Y ¿cómo afecta a esta cuestión los casos que hayan de ser valorados por esos Tribunales cuando la Directiva no ha sido traspuesta en la norma nacional?