Casos Prácticos Derecho Civil

En un juicio verbal de divorcio se acuerdan diferentes medidas en relación dos hijos menores del matrimonio. De manera sucinta, con brevedad, el juzgado dicta una sentencia acordando, entre otras decisiones, que los hijos permanecerían en compañía de la madre, con un régimen de visitas amplio en favor del padre. Los fundamentos se sostienen, esencialmente, en el informe del Equipo Técnico y en las declaraciones de los padres en el acto de la vista. La sentencia, ante la dificultad de decidir, el pronunciamiento se basó en el interés de los hijos, que dijo concretarse, no en su voluntad, sino en la inconveniencia de la custodia compartida por la mala relación existente y la ausencia de habilidades paternas. La sentencia, después de ser apelada, llegó a casación y el motivo alegado fue el error en la valoración de la prueba por la vía del artículo 217 LEC en relación con el 477.2.3. LEC por interés casacional.

El presente caso aborda el problema jurídico que se plantea a la hora de determinar quiénes pueden ser legitimados pasivos, en la acción del prestatario encaminada a lograr la declaración de nulidad de un préstamo por usurario, cuando el prestamista originario ha cedido el crédito a otro tercero cesionario. La nulidad del contrato de préstamo por ser usurario, puede hacerse valer frente al cesionario sin necesidad de demandar también al cedente; pero puede estar justificada la demanda contra este último para asegurarse el demandante el eventual derecho a la devolución de la diferencia a favor del prestatario, entre el principal del préstamo y lo que se ha pagado por la prestataria por todos los conceptos.

El demandante administrador único de unas sociedades interpone demanda contra una entidad bancaria interesando la resolución del artículo 1124 del CC de dos contratos de crédito por 200.000 euros cada uno, con las consecuencias indemnizatorias de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos del demandado; dicha demanda fue desestimada, siendo firme la sentencia dictada. Posteriormente, el demandante interpone una segunda demanda interesando que se declare la inexistencia o nulidad absoluta por ilicitud de la causa de los contratos, y la condena a devolver unas determinadas cantidades, los intereses devengados y, subsidiariamente, ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en los incumplimientos por parte del banco. La demanda es estimada en primera instancia y el recurso de apelación que interpuso la entidad bancaria fue desestimado; el banco se plantea recurrir en casación la sentencia de la audiencia provincial.

El presente caso aborda el problema jurídico originado a partir de aquellos casos de solicitud de los concursados del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), y si este beneficio debe alcanzar también o no a los créditos públicos por deudas de la AEAT, cuando la norma interna española puede estar contradiciendo la Directiva 2019/1023; esta norma comunitaria, recoge una relación detallada de créditos en su articulado, pero exige una justificación para la exoneración, mientras que la normativa concursal española no precisa una justificación alguna en materia de exoneración del crédito público. Es en esta tesitura en la que cabe preguntarse (a la vista de la disparidad de resoluciones nacionales) ¿pueden los Tribunales nacionales exonerar en el BEPI esos créditos públicos sin vulnerar la normativa comunitaria? Y ¿cómo afecta a esta cuestión los casos que hayan de ser valorados por esos Tribunales cuando la Directiva no ha sido traspuesta en la norma nacional?

Reclamación de la filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad contradictoria. Caducidad de la acción de filiación y negativa a la realización de la prueba biológica

El presente caso aborda el problema jurídico de la falta de legitimación ad causam de las asociaciones de consumidores cuando es cuestionable que presenten demandas en nombre de su asociado, si el mismo ostenta el carácter de no consumidor, cuando realmente no son estas asociaciones las que contratan y firman los productos bancarios ni las directamente afectadas por las consecuencias de las decisiones judiciales que se adopten. Resulta imprescindible para valorar la concurrencia de esta legitimación, el análisis de cuál es el concepto legal de consumidor en relación con la precitada legitimación activa, en los casos como el de un agente comercial y que ejerce su profesión tanto como autónomo, como en su calidad de administrador único de su empresa, reconociendo que solicitó un préstamo a una entidad bancaria para la compra de un local en el cual ejerce su actividad empresarial. La vinculación entre el consumidor y si el contrato que firmó con la entidad financiera, lo fue con un propósito ajeno a su actividad profesional.

Registro de morosos y su utilización cuando la deuda es menor de la que se reclama, a efectos de considerarse cierta, líquida y exigible y si es preciso el requerimiento previo de pago, analizando la prueba de dicho requerimiento para que sea tenida en cuanta en juicio.

D. Federico, un joven empresario que recientemente ha contraído matrimonio en régimen de separación de bienes, ante la buena marcha de sus negocios, decide comprar un inmueble destinado a su vivienda habitual. En concreto, se trata de un chalé situado en el barrio El Brillante de Córdoba que, tras su adquisición, constituiría su domicilio familiar. Para financiar la adquisición, cuyo precio asciende a 400.000 euros, contrata un préstamo con garantía hipotecaria con la entidad bancaria Banco Credit Finance, SA en fecha de 4 de mayo de 2007.

La demandante, ciudadana de nacionalidad peruana, insta ante un juzgado de familia de la localidad de Madrid, la regulación de las relaciones paternofiliales con su pareja, varón de nacionalidad colombiana, con el que convivió durante dos años y que, como consecuencia de esa relación, nació una niña de cinco años de edad. El demandado lleva desde que se fue sin ver a la niña, ni comunicarse con la madre ni atender a las necesidades de su hija menor.

El presente caso pone de manifiesto hasta qué punto los Tribunales de Justicia (en concreto la Sala 1ª del TS), pueden erigirse en auténticos legisladores negativos capaces de vaciar de contenido un requisito legal en materia concursal, como es la obligación por parte del deudor de acreditar haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, para poder pretender el acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el caso de los deudores personas físicas no comerciantes; el principio de legalidad no puede quedar sacrificado en su integridad por las interpretaciones judiciales derogatorias de la norma (que entendemos contra legem), si el requisito no tiene margen de interpretación posible. De conformidad con la nueva doctrina: los deudores personas físicas no comerciantes que hubiesen optado directamente por el concurso de acreedores, no han de acreditar como requisito legal el haber intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, quedando reservada esta exigencia para los deudores comerciantes.