Legislación Estatal

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo (publicado en el BOE de 19 de marzo y de entrada en vigor el 20 de marzo), por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias con el fin de dar una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en determinados territorios.

Con la aprobación del Real Decreto-ley se añade un artículo 35 bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Se publica en el BOE de 12 de febrero, el Real Decreto 85/2025, de 11 de febrero, por el que se regularizan los anexos II.2, V.2 y VI de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, (publicado en el BOE de 12 de febrero) por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2025. Esta retribución básica se sitúa, con la subida aprobada, en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Supone, por tanto, una percepción de 700 euros anuales más que la establecida en la cuantía anterior.

La subida es fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, tras haberla abordado en la Mesa de Diálogo Social Específica. Toma como referencia la propuesta más alta presentada en el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI.

Además, es el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y se ha tenido en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional cumple con una función concreta prevista en el artículo 35 de la Constitución Española, esto es, garantizar una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores y las de sus familias.

Se publica en el BOE de 23 de enero de 2025 la Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de 24 de diciembre de 2024 y corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» número 19, de 22 de enero de 2025.

El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, publicado en el BOE de 24 de julio, aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo en España. Este sistema está diseñado para proteger a los consumidores, facilitando la resolución extrajudicial de sus reclamaciones contra empresarios, asegurando procedimientos vinculantes y ejecutivos, de conformidad con la normativa europea y nacional.

Fundamento Legal

El artículo 51 de la Constitución Española insta a los poderes públicos a proteger a los consumidores, asegurando procedimientos eficaces. La Ley 26/1984, de 19 de julio, estableció la creación de un sistema arbitral que resolviera con carácter vinculante las reclamaciones de los consumidores, siempre que no concurrieran intoxicación, lesión, muerte ni indicios racionales de delito.

El Sistema Arbitral de Consumo se encuentra regulado en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007. Este sistema se desarrolló inicialmente mediante el Real Decreto 636/1993, derogado posteriormente por el Real Decreto 231/2008, que estuvo vigente hasta la entrada en vigor del actual Real Decreto 713/2024 el 13 de agosto de 2024.

Se publica en el BOE de 11 de junio y de aplicación inmediata, la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, como figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad que se han producido en un contexto concreto.

Por lo que respecta al ámbito objetivo de la amnistía y aplicación temporal, se incluye los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contable ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán y vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales, que quedan exonerados, delimitando el marco temporal en el que deben haberse producido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 1 de noviembre de 2011 únicamente se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley cuando su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha, así como los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023, aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha.

El Consejo de Ministros, ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (BOE de 20 de diciembre), por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Una norma con la que se cumple en plazo y forma con varios compromisos recogidos en el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Esto permitirá al Gobierno solicitar con todas las garantías el cuarto desembolso correspondiente a los fondos europeos asignados a España, por un importe de 10.000 millones de euros.

El Real decreto-ley entrará en vigor el 21 de diciembre de 2023, no obstante, el libro primero (relativo a la transformación digital y procesal del servicio público de justicia), las disposiciones adicionales primera a novena, y las disposiciones transitorias primera a tercera entrarán en vigor el 9 de enero de 2024.

El BOE de 6 de diciembre, publica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Entrará en vigor el día 7 de diciembre, si bien, los obligados tributarios a que se refiere el artículo 3.1 deberán tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos que se establecen en el citado reglamento y en su normativa de desarrollo antes del 1 de julio de 2025.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta el 13 de noviembre de 2023 en el Congreso, la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La Ley consta de 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

El Título I delimita el ámbito objetivo de la amnistía. describiendo los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales, que quedan exonerados, delimitando el período marco temporal en el que deben haberse producido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.