Legislación Estatal

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Este anteproyecto se centra en la defensa de los derechos de los consumidores, con el fin de lograr mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que los consumidores consideren ilícitas.

El principal objetivo del anteproyecto es solventar la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor recupera, por lo que la nueva norma reforzará los derechos de los consumidores en acciones colectivas.

Además, el APL regula por primera vez la posibilidad de llegar a un acuerdo, dentro del propio proceso, entre el consumidor y la empresa. Igualmente, se recoge la necesidad de que exista una reclamación previa antes de demandar por esta vía.

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento Empresas ("Crea y Crece"), publicada en el BOE de 29 de septiembre, dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.

La Ley "Crea y Crece," es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. La norma ha contado con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, fruto del intenso diálogo y colaboración parlamentaria, con las Comunidades Autónomas y todos los actores económicos, que ha permitido la incorporación de mejoras durante su tramitación.

La ley impulsa la creación de empresas y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las pymes, poniéndolas en el centro de la política económica. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial, según la evidencia reciente, para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización, elementos fundamentales para incrementar la competitividad de las empresas e impulsar el crecimiento económico.

Además, la norma reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

El Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, ha aparecido publicado en el BOE de 8 de septiembre y su entrada en vigor está prevista el 28 del mismo mes.

El origen de esta reforma hay que buscarlo en una queja elevada al Defensor del Pueblo por una federación de asociaciones de mujeres, que se tradujo en la recomendación efectuada por aquel al Ministerio de Justicia en octubre de 2021. Tal recomendación consistía en que la asistencia y representación a las víctimas de violencia de género debería llevarse a cabo por abogados y procuradores de los turnos de oficio especializados en esta área que carezcan de antecedentes penales en violencia de género, dado que la prestación de un servicio público de justicia gratuita especializado y de calidad responde, en primer lugar, a la existencia de una relación de respeto mutuo y confianza entre quien ejerce la representación y defensa legal y el beneficiario de justicia gratuita.

El BOE publica hoy, 7 de septiembre de 2022, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

La norma se extiende a lo largo de 61 artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria y hasta veinticinco disposiciones finales, en las que lleva a cabo modificaciones de muy diversas normas, del Código Penal al Estatuto Básico del Empleado Público, pasando por la Ley General de Publicidad o la reguladora del Derecho a la Educación. Su entrada en vigor está prevista para el 8 de octubre, si bien las previsiones contenidas en su Capítulo I del Título IV (relativas al alcance y garantía del derecho a la asistencia integral especializada y accesible) y su Título VI (que se ocupa del acceso y obtención de justicia) no lo harán hasta el 7 de marzo de 2023. Finalmente, una vez entre en vigor la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, prevista en la disposición final vigesimoprimera será de aplicación lo previsto en el artículo 33.1 d) (“Atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, tanto inmediata, como de emergencia y crisis en centros 24 horas, de acompañamiento y de recuperación integral en el largo plazo, en los términos establecidos en el artículo 35.”).

Se publica en el BOE de 6 de septiembre, la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

El nuevo Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020 de la Ley Concursal, pasa a tener cuatro libros y no tres como el anterior, ya que se introduce un nuevo libro tercero que desplaza al libro cuarto las materias relacionadas con el derecho internacional privado y cuyo contenido, un procedimiento concursal especial para microempresas (menos de diez trabajadores y volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros) es, quizás, lo más novedoso que, permite al propio deudor la gestión del concurso, prescindiendo de administradores concursales, abogados y procuradores.

Se publica en el BOE de 29 de julio la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con entrada en vigor el 29 de agosto.

Resulta crucial reforzar la seguridad, mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como prevenir los delitos fiscales. Para alcanzar este fin urge mejorar el acceso a la información por parte, no sólo de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs introducidas por la Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo), sino también de las autoridades públicas responsables de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, así como potenciar su capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras y mejorar la cooperación. La realidad reveló que las UIF de los Estados miembros contaban con diferentes grados de acceso a las bases de datos, lo que se traducía en un insuficiente intercambio de información entre los servicios policiales y judiciales y las propias UIF. En definitiva, se trata de reforzar la cooperación policial y judicial penal.

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación una vez concluida su tramitación parlamentaria, y debatidas en el Pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas introducidas del Senado. El texto, que incluye todas las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta, se publica en el BOE de 13 de julio, con entrada en vigor al día siguiente (14 de julio).

Entre las modificaciones que ha incluido la Cámara Alta y que han sido ratificadas por el Congreso se encuentra la exigencia de que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación presente, un año después de su creación, un informe sobre "aspectos contrarios a la igualdad que pueden pervivir en las disposiciones normativas de rango legal o reglamento vigentes".

Dicho informe se elevará a las Cortes Generales y al Gobierno "como material de utilidad para promover las modificaciones normativas o corregir las prácticas administrativas inadecuadas a los efectos de la igualdad de trato y la no discriminación".

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece, en sus apartados 1 y 2, los supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las excepciones a dicha obligación.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la citada ley habilita al Gobierno, mediante real decreto, oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en el artículo 6 cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La misma disposición prevé que la eliminación o modulación de los supuestos de obligatoriedad del uso se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica, conforme al sistema de indicadores acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se publica en el BOE de 13 de abril, con entrada en vigor inmediata, la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo. Esta ley orgánica ofrece proporcionar seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, para facilitar a los reclusos el ejercicio de sus derechos y su comunicación con el exterior de los establecimientos penitenciarios por medio de sistemas tecnológicos y telemáticos. Queda publicado en el BOE de 13 de abril y entra en vigor el 3 de mayo de 2022.

La nueva norma, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevé que derechos de los internos reconocidos en la legislación penitenciaria como al trabajo remunerado, a formular peticiones y reclamaciones, a relacionarse con el mundo exterior o a recibir información sobre su situación procesal, entre otros, puedan ejercerse a través de herramientas telemáticas, en función de las posibilidades materiales de cada centro penitenciario y con respeto a los principios vigentes en materia de seguridad digital y protección de datos.