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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se han reunido el miércoles 11 de abril con representantes de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales para analizar sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones del ejercicio profesional y retribuciones, así como las propuestas normativas y presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Justicia.

El sistema funciona en todos los partidos judiciales de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla

El Ministerio de Justicia ha finalizado el proceso de implantación del sistema de Justicia digital en los 112 partidos judiciales de su competencia. De esta forma, ya pueden trabajar en formato electrónico todos los órdenes e instancias de los juzgados de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Gracias a Justicia digital y al esfuerzo conjunto de todos los profesionales que trabajan cada día en este ámbito, el Ministerio ha afrontado uno de los desafíos más apremiantes en nuestra Administración como es la digitalización de la tramitación de los procedimientos judiciales, lo que redunda en la mejora del servicio público y en una Justicia más accesible, transparente, ágil y mejor interconectada.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales y las fuerzas políticas que quieran sumarse porque tienen un valor incalculable y cuentan con el aval de las asociaciones del sector que las incluyen en sus reivindicaciones.

​Catalá ha lamentado que varias fuerzas políticas hayan abandonado esa Subcomisión que fue aprobada por unanimidad, suponía el cumplimiento de la medida más importante suscrita en el acuerdo entre PP y Ciudadanos y había colocado a la Justicia entre una de las prioridades del Estado. Así lo ha manifestado el ministro en el Foro Debate Procuradores "La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?", en el que han participado los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso. Esa pregunta ha recibido el sí rotundo de Catalá, que ha asegurado que la reforma de la Justicia merece un acuerdo a pesar de que otros no hayan contribuido a que lo hubiera.

La nueva Ley 9/2017 de Contratos que entra en vigor el 9 de marzo, supone una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Al mismo tiempo, la Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Regular adecuadamente la contratación pública supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuyas ayudas se podrán conceder con efectos desde el 1 de enero de 2018, garantizando la solución de continuidad entre planes.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ha sido elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las asociaciones, agentes y profesionales del sector. Se trata, por tanto, de un Plan con un elevado nivel de consenso.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que se aplica la prisión permanente revisable.

Esta pena privativa de libertad se introdujo en el ordenamiento español mediante las leyes orgánicas, de reforma del Código Penal y de modificación del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, ambas del 30 de marzo de 2015, para sancionar supuestos delictivos de excepcional gravedad a los que se da una respuesta proporcionada.

La prisión permanente revisable es la pena máxima en la escala de condenas graves y su aplicación determina, en función de los supuestos, un tiempo mínimo de cumplimiento antes de plantear la posibilidad de revisión, que puede ir desde los veinticinco hasta los treinta y cinco años según el número de delitos cometidos y su naturaleza.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se ha reunido en el Palacio de la Moncloa para examinar los asuntos que se debatirán el viernes 9 de febrero en el Consejo de Ministros.

Así, la próxima reunión del Gobierno tiene previsto analizar, entre otras iniciativas, cuatro Anteproyectos de Ley en desarrollo de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la Comisión. En ella, se ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prisión permanente revisable.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a los miembros del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia constituido hoy que aporten su visión estratégica y experiencia en los ámbitos de la tecnología, la innovación y la gestión de organizaciones para impulsar la acción del Gobierno en la transformación digital de la Justicia. 

El pasado 14 de junio de 2017 la Comisión Europea decidió enviar una carta de emplazamiento a España debido a que sus normas nacionales en materia de responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la UE establecidas por el legislador español son contrarias a los principios de equivalencia y/o efectividad.

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción correspondiente a enero de 2018, la Comisión ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado denegar mediante auto de 22 de enero de 2018, la petición de la Fiscalía de dictar una orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont después de conocerse este lunes su desplazamiento desde Bélgica a Dinamarca para participar en una actividad docente.

El instructor encuentra razonable la petición del fiscal si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal, pero añade que tal solicitud se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención solicitada.