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El título de este artículo es premonitorio de su mensaje. El concepto de valor está por los suelos, y más si lo aplicamos al sector inmobiliario, literalmente poniendo en jaque el concepto de mercado eficiente que sirve de base a la contabilidad, y consecuentemente la endeble confianza entre los agentes económicos. La amalgama de regulaciones distintas para valorar inmuebles y la imprecisión de los métodos elegidos hacen que la valoración inmobiliaria sea tanto un problema como una oportunidad.

Tras la crisis del ladrillo si hubo algo que quedó en evidencia fue la inexistencia de un mercado inmobiliario eficiente, debido, entre otras cosas, a la baja calidad de la valoración de activos financieros y empresariales, como principalmente los activos inmobiliarios.

Recientemente hemos podido ver en prensa la noticia sobre la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional en el asunto de la trama Gürtel por corrupción en el seno de uno de los partidos líderes. Aparte de las condenas personales, hay que reseñar la condena por ausencia del debido control en la gestión de riesgos penales a dicho partido político por importe de 250.000 euros. Los medios de comunicación han traducido la coletilla jurídica por la de condena a título lucrativo, lo cual es expeditivo de lo que se persigue con la responsabilidad penal corporativa. Con todo ello, lo cierto es que en los corrillos de abogados ya se rumorea que esto va a ser cosa de que paguen justos por pecadores, y que el importe de la sanción pecuniaria es ridículo en comparación con la envergadura del asunto.

No es extraño que de un tiempo a esta parte el Derecho penal acapare la mayoría de titulares de prensa, especialmente la española. Pero el caso de la trama Gürtel, como el de Nöos, tienen la singularidad de afectar a pilares institucionales del estado constitucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado varios Reales-Decretos, sobre Oferta de Empleo Público para 2018, Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018, estabilización del empleo temporal y recuperación de los derechos por incapacidad laboral.

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018.

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.

En su reunión del 26 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantendrán sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en sus niveles actuales hasta al menos durante el verano de 2019 y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la continuación de la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2 % a medio plazo.

El Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones profesionales con representación en la carrera judicial y las tres asociaciones profesionales presentes en la carrera fiscal han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018.

La cúpula directiva del Ministerio y representantes de esas siete organizaciones han mantenido esta tarde una primera reunión oficial para abordar la plataforma reivindicativa en torno a la cual jueces y fiscales acordaron un calendario de protestas que culminó en la jornada de paro del pasado 22 de mayo.

A partir de ahora el ciudadano que necesite un certificado referente a su estado civil podrá obtenerlo en cualquier Registro Civil informatizado, sin tener que desplazarse a la oficina en la que conste físicamente la inscripción.

Es una de las novedades de la instrucción dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado para avanzar en la digitalización de los Registros Civiles, facilitar el auxilio entre oficinas y mejorar la atención al ciudadano.

Se convoca por Orden PCI/783/2018, la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2018, que será gratuita y en castellano. Esta convocatoria, no contiene limitación alguna en el número de plazas.

Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión, del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente (o credencial de homologación si el título es extranjero).
2. Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, y el período de prácticas externas tuteladas.
3. Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura y con las que pretende "articular una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales".

Estas iniciativas, para las que ha ofrecido máximo diálogo y la búsqueda de caminos comunes con el conjunto de todas las fuerzas políticas, se articulan en torno a los siguientes siete ejes:

Una de las novedades normativas más importantes de 2017 en el ámbito del Derecho empresarial ha sido la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, “la Directiva de secreto”).

Una de las novedades de la regulación comunitaria es el establecimiento de un plazo de tres años para la reclamación por el concepto regulado, a medio camino entre el que se determina para el ejercicio de acciones relativas al Derecho de competencia -un año- y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales, de  cinco años.

La razón principal de la existencia de la normativa del concurso de acreedores es el aumento de probabilidades de que una compañía no se vea abocada al cese de su actividad y consecuente cierre por culpa de no poder hacer frente a compromisos de pago superiores a sus ingresos. Para esto se configura la legislación del concurso de acreedores con el objetivo de procurar el arreglo judicial amistoso de las deudas pendientes por medio de acuerdos con los acreedores, de forma que la empresa no tenga que echar el cierre por defectos meramente financieros, cuando posee una estructura sólida que hace prever su éxito comercial.