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Una de las novedades normativas más importantes de 2017 en el ámbito del Derecho empresarial ha sido la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, “la Directiva de secreto”).

Una de las novedades de la regulación comunitaria es el establecimiento de un plazo de tres años para la reclamación por el concepto regulado, a medio camino entre el que se determina para el ejercicio de acciones relativas al Derecho de competencia -un año- y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales, de  cinco años.

La razón principal de la existencia de la normativa del concurso de acreedores es el aumento de probabilidades de que una compañía no se vea abocada al cese de su actividad y consecuente cierre por culpa de no poder hacer frente a compromisos de pago superiores a sus ingresos. Para esto se configura la legislación del concurso de acreedores con el objetivo de procurar el arreglo judicial amistoso de las deudas pendientes por medio de acuerdos con los acreedores, de forma que la empresa no tenga que echar el cierre por defectos meramente financieros, cuando posee una estructura sólida que hace prever su éxito comercial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado el 19 de junio,  la “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad con el objetivo de ofrecer a las organizaciones tanto recomendaciones preventivas como un plan de actuación, de forma que conozcan cómo evitarlas y cómo proceder en caso de que se produzcan.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define las quiebras de seguridad de los datos personales como aquellos incidentes que ocasionan la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, así como la comunicación o acceso no autorizado a los mismos.

La detención de José Ramón García, CEO de Blusens, ha vuelto a poner sobre la picota la solidez de las valoraciones en empresas tecnológicas. De la noche a la mañana, como ocurrió con Gowex y otras tantas, la firma aclamada como líder tecnológico y paladín del emprendimiento español y gallego, se ha visto inmiscuida en un escándalo que ha afectado de pleno su propia continuidad.

Tras su detención fue trasladado a La Coruña e interrogado por el juez, quedando en libertad a la espera de que el proceso siga su curso. Mientras tanto, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que acudir al juzgado de manera regular. Se le acusa de delitos de organización criminal y contra la propiedad intelectual, concretamente de haber vendido dispositivos que permitirían piratear la señal de televisión de pago, según la acusación pública.

El cumplimiento normativo o compliance en inglés, da un paso en firme hacia delante mediante el anuncio de la Comisión europea de promover la aplicación de los llamados pactos de integridad a la contratación pública, es decir, la que se rige por la Ley de Contratos del Sector público (LCSP) que ha sufrido numerosas revisiones en los últimos años de las que ésta se presenta como una más en el camino de los estados miembros para amoldarse a la incesante regulación en forma de directivas o directrices emanada de las autoridades supranacionales.

El pacto de integridad es una figura que pretende asegurar el ajuste a Derecho de las relaciones contractuales de las administraciones públicas con terceros, y opera mediante la introducción de un tercero independiente como supervisor de las distintas fases de la gestión de un contrato público.

Dicha prórroga se hace mediante una enmienda que se introdujo  en la tramitación de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que se publica en el BOE el 12 de junio, y con entrada en vigor el 2 de julio de 2018.

La prórroga de vacatio legis,  es el resultado inevitable de haber rechazado en febrero la toma en consideración de una Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, presentada por el Partido Popular, y la imposibilidad de la toma en consideración en este periodo de sesiones de la Propuesta de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por otras formaciones.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha presidido la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que ha presentado el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.

• Con este texto se da respuesta a uno de los problemas más graves que tiene actualmente el planeamiento urbanístico en España
• El documento ya se ha entregado a las comunidades autónomas y a la FEMP para que, en el plazo de tres semanas, puedan realizar sus aportaciones
• También ha informado a las comunidades autónomas y a la FEMP sobre el amplio proceso de participación pública que se está llevando a cabo para la elaboración de la Agenda Urbana Española
• La Conferencia Sectorial de Vivienda también ha dado el visto bueno a la distribución entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

La edición de 2018 del Marcador de la Justicia que elabora la Comisión Europea mejora la nota de España en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a nuestro país en la media de los Estados miembros.

En el estudio conocido el 28 de mayo, nuestro país destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, garantizada para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel solo alcanzado en la UE por Dinamarca.

El Marcador de la Justicia destaca los esfuerzos realizados por España a lo largo de 2017 en materia de reformas legislativas y revela asimismo un incremento de ocho puntos en el porcentaje de españoles que consideran bueno o muy bueno el nivel de independencia de la Justicia, que pasa  del 31% de 2017 al 39% de este año. Respecto a la independencia estructural, España se sitúa plenamente dentro de los estándares europeos en lo referido a la existencia de instrumentos de salvaguarda de la misma. Además, y a diferencia de otros Estados como Bélgica u Holanda, se pone de manifiesto que en nuestro país no existe discrecionalidad del poder ejecutivo o parlamentario en el nombramiento de jueces.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado durante su intervención en el Foro Cinco Días que la aprobación de los nuevos presupuestos permitirá atender cuanto antes las distintas demandas y reivindicaciones de los profesionales del sector para llevar a cabo las reformas necesarias, impulsadas desde el consenso y contando con todas las fuerzas política.

Desde ese punto de vista, el ministro de Justicia señala que el mensaje reivindicativo lanzado por los principales agentes implica en su responsabilidad compartida a los poderes ejecutivos con políticas activas en la materia, al poder judicial con su función de garantizar la independencia de los jueces y al poder legislativo como encargado de identificar y priorizar las reformas necesarias.

Así, Catalá ha reivindicado la cultura del consenso, a la vez que ha denunciado cómo después de haberse alcanzado un compromiso firme en el seno de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, algunas formaciones abandonaron las conversaciones en una actitud que dista mucho del diálogo.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, han comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar la distribución del presupuesto de Justicia para 2018 y su aplicación en políticas públicas.

El gasto del Estado en Justicia asciende este año a 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior. Por cuarto año consecutivo el Ministerio de Justicia ve incrementado su presupuesto hasta los 1.754 millones de euros, el 91% del total del gasto de la política de Justicia, mientras que el 9% restante se distribuirá entre el Consejo General del Poder Judicial y los organismos dependientes del Ministerio.