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La Policía Nacional ha puesto en marcha VeriPol, una aplicación informática que detecta las denuncias falsas interpuestas en casos de robos con violencia e intimidación o tirones.

La herramienta, cuyo acceso se ha habilitado en todas las comisarías de España desde esta semana, identifica el delito basándose en el texto de la denuncia, por lo que no necesita ninguna información por parte del usuario, y es completamente automática. Se trata de la primera herramienta de este tipo en el mundo y diversos experimentos empíricos demuestran que tiene una precisión superior al 90%, mientras que policías expertos alcanzan una precisión del 75%.

El modelo fue probado en 2015 en un conjunto de más de 1.000 denuncias presentadas en toda España. Posteriormente, un estudio piloto llevado a cabo en junio de 2017 en Málaga y Murcia permitió a la Policía Nacional mejorar su índice de casos resueltos en un 80%.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, prepara una instrucción para que los Registros Civiles de toda España faciliten el cambio de nombre de los menores transexuales que así lo soliciten.

La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad.

​La decisión se ha anunciado tras una reunión mantenida en el ministerio con la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, cuyos representantes han recordado a la ministra Dolores Delgado y al director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, que, hasta el momento, el Gobierno no ha atendido la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016.

La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.

• La norma suspende el impuesto sobre la generación y aprueba una exención del mal llamado céntimo verde, dos medidas de choque para moderar con urgencia el precio de la electricidad en el mercado mayorista y, en consecuencia, el recibo de la luz.
• Se reconoce el derecho a autoconsumir sin cargos, eliminando el denominado "impuesto al sol". Se regula el autoconsumo compartido y se simplifican los trámites administrativos y técnicos del autoconsumo.
• Mediante el Real Decreto-Ley 15/2018, el Ejecutivo amplía la cobertura del bono social eléctrico y crea un bono térmico, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. En el plazo de seis meses, se presentará una Estrategia contra la Pobreza Energética.

El Ministerio de Justicia, ha propuesto a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, se ha informado de que esta figura se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño. La idea es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.

En la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) (Real Decreto Legislativo 1/2010), que se efectuó con la Ley 31/2014 para potenciar el gobierno corporativo y la profesionalización de los consejos de administración del conglomerado empresarial español, como principal objetivo, aparte de otras muchas modificaciones, una de las que más importancia representa por su trascendencia y por lo que de novedad tiene en la legislación mercantil, aunque ya se hubiese usado numerosas veces en los razonamientos que conforman la decisión de los tribunales, es la introducción de la llamada business judgment rule o regla de la discrecionalidad de negocio. Haremos una breve introducción para los legos en Derecho y después entraremos en materia.

El Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades, convocan la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión y sin limitación alguna de plazas, mediante la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre.

Para concurrir a la prueba, se debe cumplir los siguientes requisitos:

• Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión homologación
• Superar los cursos de formación para el ejercicio de la profesión de abogado y el período de prácticas externas a la fecha en que se realice la prueba.
• Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado.

La ministra de Justicia ha decidido encomendar a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del departamento en materia legislativa, un estudio riguroso sobre la supresión de los aforamientos al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables.

Así lo ha anunciado la ministra Dolores Delgado este miércoles ante el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno.

En su reunión de 13 de septiembre de 2018, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantendrán sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 %, respectivamente. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales hasta al menos durante el verano de 2019 y en todo caso durante el tiempo necesario para asegurar la continuación de la convergencia sostenida de la inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2 % a medio plazo.

El título de este artículo es premonitorio de su mensaje. El concepto de valor está por los suelos, y más si lo aplicamos al sector inmobiliario, literalmente poniendo en jaque el concepto de mercado eficiente que sirve de base a la contabilidad, y consecuentemente la endeble confianza entre los agentes económicos. La amalgama de regulaciones distintas para valorar inmuebles y la imprecisión de los métodos elegidos hacen que la valoración inmobiliaria sea tanto un problema como una oportunidad.

Tras la crisis del ladrillo si hubo algo que quedó en evidencia fue la inexistencia de un mercado inmobiliario eficiente, debido, entre otras cosas, a la baja calidad de la valoración de activos financieros y empresariales, como principalmente los activos inmobiliarios.

Recientemente hemos podido ver en prensa la noticia sobre la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional en el asunto de la trama Gürtel por corrupción en el seno de uno de los partidos líderes. Aparte de las condenas personales, hay que reseñar la condena por ausencia del debido control en la gestión de riesgos penales a dicho partido político por importe de 250.000 euros. Los medios de comunicación han traducido la coletilla jurídica por la de condena a título lucrativo, lo cual es expeditivo de lo que se persigue con la responsabilidad penal corporativa. Con todo ello, lo cierto es que en los corrillos de abogados ya se rumorea que esto va a ser cosa de que paguen justos por pecadores, y que el importe de la sanción pecuniaria es ridículo en comparación con la envergadura del asunto.

No es extraño que de un tiempo a esta parte el Derecho penal acapare la mayoría de titulares de prensa, especialmente la española. Pero el caso de la trama Gürtel, como el de Nöos, tienen la singularidad de afectar a pilares institucionales del estado constitucional.