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Se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.

• Se suman a las ya aprobadas en marzo, lo que representa una Oferta de Empleo Público para 2017 con más de 28.200 plazas, la mayor desde 2008
  
• La Oferta ordinaria aprobada hoy es de 16.000 plazas, mientras que la extraordinaria representa cerca de 4.300 plazas
  
• En la Oferta extraordinaria se incorporan efectivos para el control del gasto público, la lucha contra el fraude fiscal y laboral y de la Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo, en el colectivo de examinadores de tráfico y en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte
  
• En la Agencia Tributaria se ofertarán 2.150 plazas para 2017 y 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2017, con cerca de 16.000 plazas (10.300 de nuevo ingreso y más de 5.600 de promoción interna), así como un Real Decreto Ley de Oferta Extraordinaria, que incorpora cerca de 4.300 plazas adicionales para luchar contra el fraude fiscal y laboral, y mejorar la prestación de determinados servicios públicos a los ciudadanos.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional quiere expresar su profunda preocupación por el defectuoso funcionamiento de las nuevas tecnologías aplicadas a los distintos órganos jurisdiccionales en los que se ha implantado el Expediente Judicial Electrónico (EJE), por parte del Ministerio de Justicia.

Los defectos frecuentes en el sistema, tanto en las Sedes Judiciales como en los equipos de teletrabajo puestos a disposición de los Magistrados, inciden directamente en el trabajo de los Jueces y Magistrados y afectan al rendimiento de los órganos judiciales, además de provocar desánimo y frustración en los usuarios que no pueden proporcionar una respuesta rápida y de calidad a quienes intervienen en el procedimiento.

Por cuarta vez desde su publicación queda pospuesta la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. La previsión original de la Ley 20/2011, de 21 de julio, era entrar en vigor el 22 de julio de 2014, fecha prorrogada hasta el 15 de julio de 2015 por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, que a su vez reiteró la Ley 18/2014, de 15 de octubre, recogiendo el contenido del mencionado Real Decreto-ley. Posteriormente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, volvió a extender esa entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2017.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha resaltado durante la clausura de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados celebradas en Granada, el papel esencial de la abogacía y su espíritu de colaboración para llevar a cabo las imprescindibles reformas integrales en materia de Justicia.

Fruto de ese entendimiento, ha dicho, el Ministerio ha escuchado sus demandas y en la X legislatura derogó las tasas judiciales para todas las personas físicas, en todos los órdenes e instancias. En esa línea, Catalá ha anunciado nuevas reformas para limitar las tasas únicamente a las juridiscciones civil y contencioso-administrativa, circunscribir los sujetos pasivos del gravamen a las personas jurídicas, particularmente entidades mercantiles con cierto nivel de facturación, y prescindir de la cuota variable, estableciendo cuotas fijas en función de la cuantía del procedimiento, con un mínimo exento.

Entre otros asuntos tratados en la reunión del Consejo de Ministros del 2 de junio de 2017 destacamos, de un lado, la reforma del procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y, de otro, la regulación de las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales

En el BOE de 2 de junio, se publica la orden PRA/504/2017, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2017, que será gratuita, única e idéntica para todo el territorio español y no contiene limitación alguna en el número de plazas.

Para el acceso al ejercicio de la procura deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como Anexo I de la presente convocatoria.

• Los abogados del Colegio de Alcalá de Henares fueron discriminados al no poder ofrecer estos servicios en el territorio que cubre el (ICAM).
• Impone una sanción de 180.000 euros por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
• La conducta ha afectado a abogados de otros colegios profesionales distintos del ICAM, y a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que necesitan beneficiarse de este tipo de asistencia jurídica.

 La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha impuesto  en su resolución de  4 de mayo de 2017 (Resolución 1), una multa de 180.000 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por una conducta muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, y consistente en un reparto de mercado en los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 , de 27 de abril, (RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. En este periodo transitorio y aun cuando siguen vigentes las disposiciones de la Directiva 95/46 y las correspondientes normas nacionales de desarrollo, los responsables y encargados de tratamiento deben ir preparando y adoptando las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones del RGPD en el momento en que sea de aplicación.

El Consejo de Ministros de 28 de abril, ha aprobado un Real Decreto por el que se dota a las Entidades Locales de una estructura común de control interno, tomando como referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con pleno respeto al principio de la autonomía local y a su capacidad para auto organizarse.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 27 de diciembre de 2013, encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos necesarios para establecer un control económico-presupuestario más riguroso en el ámbito de las Entidades Locales, reforzando el papel de la función interventora.