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• Los abogados del Colegio de Alcalá de Henares fueron discriminados al no poder ofrecer estos servicios en el territorio que cubre el (ICAM).
• Impone una sanción de 180.000 euros por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
• La conducta ha afectado a abogados de otros colegios profesionales distintos del ICAM, y a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que necesitan beneficiarse de este tipo de asistencia jurídica.

 La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha impuesto  en su resolución de  4 de mayo de 2017 (Resolución 1), una multa de 180.000 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por una conducta muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia, y consistente en un reparto de mercado en los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 , de 27 de abril, (RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. En este periodo transitorio y aun cuando siguen vigentes las disposiciones de la Directiva 95/46 y las correspondientes normas nacionales de desarrollo, los responsables y encargados de tratamiento deben ir preparando y adoptando las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones del RGPD en el momento en que sea de aplicación.

El Consejo de Ministros de 28 de abril, ha aprobado un Real Decreto por el que se dota a las Entidades Locales de una estructura común de control interno, tomando como referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con pleno respeto al principio de la autonomía local y a su capacidad para auto organizarse.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 27 de diciembre de 2013, encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos necesarios para establecer un control económico-presupuestario más riguroso en el ámbito de las Entidades Locales, reforzando el papel de la función interventora.

España mejora globalmente en cuanto a la calidad de nuestra Justicia. Esta es la principal conclusión del Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea de 2017, publicado hoy y presentado en Bruselas por Vera Jourova, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones, por importe de 37,4 millones de euros, en el ejercicio 2017 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de delitos.

• Consolida la creación de empleo y el crecimiento económico, y contribuye a reforzar la credibilidad en la economía española.
• Los datos de cierre de 2016, por debajo del objetivo previsto, suponen una buena posición de partida para alcanzar el objetivo de este año.
• Con los Presupuestos se aprueba la Oferta de Empleo de 2017, donde se amplían los sectores prioritarios con tasa de reposición del 100 por 100. Se incrementan un 1 por 100 el sueldo de los empleados públicos para 2017.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, unas cuentas que tienen como objetivo fundamental afianzar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes de los sindicatos de la Administración de Justicia, CSI-F, STAJ, CC.OO., FSP-UGT, ELA y CIG para exponerles las líneas maestras con las que el Ministerio de Justicia tiene intención de desarrollar la Ley 20/2011 del Registro Civil.

El ministro ha reiterado su compromiso de preservar los tres grandes activos del Registro Civil: su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el mismo.

• Se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de los desahucios, medida que está vigente desde 2013
• Las familias con hijos menores de edad, las monoparentales, violencia de género o discapacidad se incluyen como vulnerables
• El Código de Buenas Prácticas contemplará la opción de alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por la crisis antes situaciones como el desahucio de su vivienda. Esta norma ha sido elaborada con un amplio consenso.

En concreto, se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen, además, nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

La Comisión de Venecia, el órgano especializado en derecho constitucional del Consejo de Europa, ha emitido el 13 de marzo de 2017, una opinión sobre la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley Orgánica 15/2015, en un documento de 15 páginas, disponible aquí en su versión en inglés, recordando que el inglés y el francés son las únicas lenguas oficiales en el Consejo, integrado por 47 Estados, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, donde son 24 las lenguas oficiales.

• Se asegura con ello el derecho de apelación ante sentencias de Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, y se refuerzan las garantías procesales en el ámbito penal.
• Tres de las plazas se destinan a la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las trece restantes a los Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean dieciséis plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal que consagra el derecho al recurso de apelación frente a una condena emanada de cualquier órgano jurisdiccional.