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El Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su propuesta de Pacto de Estado por la Justicia al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, así como sindicatos y consumidores.

La Abogacía -como actor imprescindible en la tutela judicial efectiva de todas las personas- considera necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

A partir de enero de 2017, las personas físicas podrán elegir la Sede Judicial Electrónica para comunicarse con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social, como la reclamación de deudas a través del proceso monitorio.

Este servicio será gratuito y accesible todos los días del año y las 24 horas del día. Un paso adelante en el camino hacia la Justicia digital que afecta también a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica y a las Administraciones Públicas, que están obligadas desde este 1 de enero a utilizar los medios digitales en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017, publicado en el BOE de 31 de diciembre y con efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

El salario mínimo, queda fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, 9.907,80 euros al año (el anterior estaba fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes,) según que el salario esté fijado por días o por meses o año, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

La directora de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Isabel Tarazona, y el director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, han firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar el acceso de la ORGA, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, al Registro de Vehículos de la DGT y conocer así la situación registral de aquellos cuya gestión le haya sido encomendada judicialmente.

Se dicta por la Comisión Europea la Decisión (UE) 2016/2393, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por España al Real Madrid CF, que se publica en el DOUE de 29 de diciembre de 2016.

En la información enviada a la Comisión con anterioridad a la incoación del procedimiento de investigación formal, España alegó que, debido a la imposibilidad jurídica de cumplir su obligación con arreglo al convenio de ejecución de 1998 de entregar la parcela B-32 al Real Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tenía la obligación legal de compensar al Real Madrid con el valor de 2011 de la parcela en cuestión. Para la Comisión, esto planteaba la cuestión de si, efectivamente, no era posible ceder el terreno al Real Madrid y qué consecuencias podría imponer el Derecho civil español a la imposibilidad de una de las partes de un contrato de cumplir sus obligaciones contractuales.

La Comisión Europea considera ayudas estatales ilegales en forma de privilegio fiscal en el impuesto sobre sociedades para el Athletic Club Bilbao, el Club Atlético Osasuna, el FC Barcelona y el Real Madrid CF, en su Decisión 2016/2391, de 4 de julio de 2016, publicada en el DOUE de 28 de diciembre de 2016.

En noviembre de 2009, llamó la atención de la Comisión un posible trato preferente, en lo relativo al impuesto sobre sociedades, a los cuatro clubes deportivos españoles Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona y Real Madrid CF, en comparación con las sociedades anónimas deportivas; ya que el artículo 19.1 de la Ley  española 10/1990,  del Deporte obligó a todos los clubes deportivos profesionales españoles a reconvertirse en sociedades anónimas deportivas. La justificación de la medida era que muchos clubes habían estado mal gestionados porque ni socios ni administradores asumían responsabilidad financiera alguna por las pérdidas económicas que pudieran generarse. Si bien, la disposición adicional séptima de dicha Ley, eximía de la obligación de conversión a aquellos clubes de fútbol que hubieran tenido un saldo positivo en los cuatro o cinco ejercicios anteriores.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, han firmado un convenio de colaboración para el acceso y uso del sistema LexNET.

El acuerdo permitirá al Tribunal Constitucional utilizar la plataforma de comunicaciones del Ministerio de Justicia para la interacción electrónica y el envío de documentos con los operadores jurídicos que intervengan en los procedimientos que se tramitan ante este tribunal, así como en su relación con otros órganos judiciales usuarios del sistema.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la digitalización de la Justicia que permitirá que desde el 1 de enero de 2017 los ciudadanos presenten y reciban notificaciones online a través de la sede judicial electrónica del Ministerio, así como que en la primera mitad de la legislatura serán digitales todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido el 20 de diciembre, a petición propia y de varios grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Senado, ante la que se ha comprometido a impulsar una reforma de la Justicia en la que la participación de las comunidades autónomas sea imprescindible, junto a la de todos los operadores jurídicos, de manera que se ponga así de manifiesto la voluntad de entendimiento del Gobierno que ya ha permitido materializar acuerdos como la exención del pago de tasas judiciales a determinados colectivos y trabajar por un Pacto de Estado para impulsar la lucha contra la violencia de género.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en la sede del Ministerio con Anna González, viuda de Óscar Bautista, ciclista que murió arrollado por un camión en octubre de 2013. González le ha entregado las más de 180.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, con las que se solicita la reforma de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con ocasión de la adopción por unanimidad de la Resolución 2322 (2016) sobre Cooperación Judicial Internacional en la lucha contra el terrorismo.

España, que es miembro no permanente en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-2016 y que lo preside durante el mes de diciembre, ha impulsado esta Resolución con el objetivo de afianzar la cooperación jurídica, policial y judicial internacional como una herramienta eficaz de la que se dota la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza terrorista y la delincuencia organizada trasnacional. La resolución ha contado con el copatrocinio de 51 miembros de la ONU.