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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido el 6 de febrero con la presidenta, Victoria Ortega, y otros representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para abordar diferentes cuestiones del ámbito profesional de este colectivo y analizar los retos de futuro de la Justicia para promover desde la escucha y el diálogo las reformas que contribuyan a la mejora de este servicio público.

Sobre la mesa han estado las principales iniciativas y proyectos normativos del Ministerio de Justicia para esta legislatura, como la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que mejorará los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará al fiscal la dirección de la fase de investigación. El ministro ha recalcado que ambas materias se abordarán en los trabajos de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia que se creó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, comunica que el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia, durante 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha animado el miércoles 25 de enero en Barcelona durante su intervención en la inauguración de la jornada Justicia y Fomento de la Actividad Económica, organizada por Foment del Treball Nacional, a continuar con las transformaciones impulsadas en el Programa Nacional de Reformas acometido durante la última legislatura para afianzar la seguridad jurídica alcanzada en nuestro país, que ha devuelto a España a la senda de la recuperación y el crecimiento económico.

Así Catalá, que considera que la mayor seguridad de un país en términos jurídicos redunda en mayor potencial para atraer inversión y ser competitivo económicamente, ha defendido que el esfuerzo invertido durante los últimos años por la sociedad española no debe detenerse ahora, siendo necesario articular reformas tanto en la defensa y protección del Estado de Derecho, como en la propia reforma de la Justicia.

En su reunión de 19 de enero de 2017, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno sigue esperando que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales, o en niveles inferiores, durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con las asociaciones de mediación y arbitraje y con los operadores jurídicos con motivo de la celebración, el sábado 21 de enero, del Día Internacional de la Mediación. Ante ellos, Catalá se ha mostrado partidario de establecer una regulación adecuada sobre tres ejes concretos, como son la calidad, difusión e incentivos que ofrece la mediación con el fin de vencer resistencias y dar a conocer esta solución extrajudicial fomentando así, entre la ciudadanía, la cultura del acuerdo frente al conflicto.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la necesidad de transformar el modelo de Justicia para avanzar hacia una sociedad más justa, más competitiva y generadora de oportunidades, en un mundo global donde España es cada vez más protagonista.

En un encuentro con personalidades del ámbito jurídico, empresarios y periodistas celebrado en el Club Siglo XXI, Catalá ha apelado a la responsabilidad de todos para emprender las reformas pendientes desde la Transición y ofrecer las respuestas que demanda nuestra Justicia.

Los ministros del Interior y Justicia, Juan Ignacio Zoido, y Rafael Catalá, han mantenido una reunión interministerial en la que se han repasado las diversas actuaciones llevadas a cabo para la incorporación de los Cuerpos dependientes del departamento de Interior en el funcionamiento de la aplicación informática LexNET, que permite las comunicaciones electrónicas entre las administraciones públicas y los órganos judiciales.

En el encuentro han estado presentes también los secretarios de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el de Seguridad, José Antonio Nieto, así como el director General de la Policía, Germán López, y el de la Guardia Civil, José Manuel Holgado.

Desde el pasado 1 de enero está en vigor la obligación legal de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales para agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de espera. Para ello, el Ministerio de Justicia pone a disposición de las diferentes administraciones públicas la aplicación LexNET, que permite la remisión y recepción segura de los escritos con firma electrónica.

El Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su propuesta de Pacto de Estado por la Justicia al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, partidos políticos, asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, así como sindicatos y consumidores.

La Abogacía -como actor imprescindible en la tutela judicial efectiva de todas las personas- considera necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

A partir de enero de 2017, las personas físicas podrán elegir la Sede Judicial Electrónica para comunicarse con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social, como la reclamación de deudas a través del proceso monitorio.

Este servicio será gratuito y accesible todos los días del año y las 24 horas del día. Un paso adelante en el camino hacia la Justicia digital que afecta también a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica y a las Administraciones Públicas, que están obligadas desde este 1 de enero a utilizar los medios digitales en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017, publicado en el BOE de 31 de diciembre y con efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

El salario mínimo, queda fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, 9.907,80 euros al año (el anterior estaba fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes,) según que el salario esté fijado por días o por meses o año, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.