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El Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado unos “Principios de Ética Judicial” cuyo texto, se ha publicado el 16 de noviembre en el Portal de Transparencia, que aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española al objeto de servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante.

Se ha publicado en el BOE la Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.

El anejo a esta orden recoge la convocatoria –gratuita, sin límite de plazas y única para todo el territorio-; fija los requisitos de los candidatos –titulación, superación del curso y mayoría de edad-; el plazo y la forma de presentación de las solicitudes y la documentación que habrá de acompañarlas, el procedimiento de admisión, el desarrollo y calificación de la prueba  así como reglas especiales para discapacitados. Mientras que el anexo I contiene un modelo de solicitud, su anexo II recoge el programa de materias evaluables.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha participado el 25 de octubre en las XXVI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España celebradas en Málaga, en donde ha pedido la colaboración de jueces y magistrados para alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia que suponga una revisión completa de nuestro modelo de Justicia y se sume al necesario consenso político, social, institucional y profesional que este servicio precisa en España.

La percepción por parte de la ciudadanía de que nuestra Administración de Justicia sufre interferencias por parte del poder político preocupa al ministro, que considera como uno de los pilares básicos de esa Estrategia el fortalecimiento de la independencia de nuestro sistema judicial. Para ello, se han diseñado una serie de medidas como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.

En su reunión de 20 de octubre, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno sigue esperando que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales, o en niveles inferiores, durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de nuestras compras netas de activos.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha intervenido en la clausura de las Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia celebradas en Logroño, en donde ha hecho un llamamiento a la implicación activa de todos los profesionales del sector para conseguir un consenso social, institucional y profesional que conduzca a la necesaria reforma de nuestra Administración de Justicia.

La Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) ha mantenido el 18 de octubre en Oviedo su noveno encuentro, en esta ocasión bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Justicia y presidenta del CTEAJE, Carmen Sánchez-Cortés, quien ha señalado la necesidad de construir un sistema procesal común.

A la reunión han asistido el secretario general de la Administración de Justicia y presidente de la Comisión Permanente, Antonio Dorado, además de otros altos cargos del Ministerio de Justicia, así como representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado un documento de ayuda para solventar las dudas más frecuentes en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley  40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Consulte aquí el documento.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha presidido el 3 de octubre la sexta reunión de la Comisión para la Justicia digital, en la que ha llamado a mantener el impulso de la digitalización de la Justicia a través del despliegue efectivo en todo el territorio del sistema Justicia digital y de la inclusión de los nuevos colectivos y organismos que desde el próximo 1 de enero están obligados a comunicarse en formato digital con la Administración de Justicia.

Catalá ha apelado al trabajo conjunto de todos para abordar este próximo reto y reforzar así la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para una transformación digital plena de la Justicia en el año 2020. El ministro ha subrayado la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Justicia que contemple además, la definición de un sistema de gestión procesal único para toda la Administración de Justicia.

Como ya suscribiera con los Gestores Administrativos, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, han firmado el 20 de septiembre, un convenio que permitirá la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los ciudadanos que así lo decidan. Este acuerdo establece un marco de colaboración tanto con el Consejo de Procuradores como con sus colegios oficiales y los procuradores.

En los cuatro años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas (CBP), un total de 40.446 familias se han acogido a él para aliviar su carga hipotecaria. De ellas, 33.765 han obtenido una reestructuración de su deuda y 6.674, la dación en pago

En el primer semestre de 2016, las familias beneficiadas por el CBP ascienden a 9.507, un 30,2% más que en el semestre anterior, según la información remitida ayer al Congreso por la Comisión de Control del CBP. Esta información está contenida en el VIII informe sobre el cumplimiento del CBP que obedece al mandato del Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios.