De la Serna presenta el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha presidido la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que ha presentado el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.

• Con este texto se da respuesta a uno de los problemas más graves que tiene actualmente el planeamiento urbanístico en España
• El documento ya se ha entregado a las comunidades autónomas y a la FEMP para que, en el plazo de tres semanas, puedan realizar sus aportaciones
• También ha informado a las comunidades autónomas y a la FEMP sobre el amplio proceso de participación pública que se está llevando a cabo para la elaboración de la Agenda Urbana Española
• La Conferencia Sectorial de Vivienda también ha dado el visto bueno a la distribución entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

La conferencia, que se ha celebrado en la sede del Ministerio, ha contado con la asistencia de los consejeros competentes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, así como representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Anteproyecto que ha presentado hoy el ministro es una medida muy esperada, tanto desde un punto de vista técnico, por magistrados y juristas, como práctico, por las administraciones competentes en materia de urbanismo. Con este texto se da respuesta a uno de los problemas más graves que tiene actualmente el planeamiento urbanístico en España y que afecta a ciudades de prácticamente todas las comunidades autónomas.

Se trata de evitar la nulidad total de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, cuando incurren, en alguno de sus apartados, en un defecto formal o material. Hasta ahora, estos casos conllevaban la nulidad total del plan, ya que no había posibilidad alguna de subsanación o convalidación, y por tanto obligaban a repetir todo el proceso desde cero a pesar de que la elaboración de un plan de este tipo es compleja y puede durar seis o siete años e incluso más.

Otra consecuencia derivada de los casos en los que se anulan los PGOU es que obliga a que el desarrollo urbanístico de una ciudad se rija por planes anteriores que normalmente están desfasados y que no se ajustan a la realidad del municipio.

Para corregir esta situación, el Anteproyecto propone la solución que han aportado expertos jurídicos en la materia y que argumentan que los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos tienen un doble contenido de distinta naturaleza jurídica: por un lado, están las disposiciones de carácter general y, por otro, los actos administrativos. La diferencia permite que, si se produce la nulidad de las normas, se puedan salvar los actos, e incluso que se aplique la nulidad parcial y otros mecanismos de conservación de actos.

La norma incorpora, además, otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

El texto del nuevo Anteproyecto ya se ha entregado a las comunidades autónomas y a la FEMP para que, en el plazo de tres semanas, puedan realizar sus aportaciones.

Agenda Urbana Española

En el encuentro con las comunidades autónomas y a la FEMP, De la Serna también ha informado sobre la evolución de los trabajos que se están desarrollando en relación con la Agenda Urbana Española que, dentro de su amplio proceso de participación, se encuentran ya muy avanzados.

En este sentido, se han abierto grupos de trabajo de carácter técnico con las comunidades autónomas, las entidades locales, a través de la FEMP, el sector privado y la sociedad civil, entre otros. La implicación de todos ellos será necesaria para el éxito de la implementación de la agenda.

Por último, se ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales vinculadas a las actuaciones protegidas en materia de vivienda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.