Casos Prácticos

El presente supuesto afronta el análisis de variadas cuestiones jurídicas que tienen su base en distintos hechos. Así, en primer lugar, se plantea si la interpretación del silencio administrativo por parte de una persona que había solicitado autorización, es ajustada a derecho. En segundo lugar, la presentación en domingo de una subvención en un registro electrónico del ministerio competente de la que no se notifica resolución alguna. A continuación, el caso se enfrenta a diversos problemas derivados de un procedimiento de subvenciones tales como un recurso contencioso-administrativo contra su convocatoria entendiendo que se trata de una disposición de carácter general; si las solicitudes, presentadas, en distintos lugares, llegaron en plazo; si el órgano colegiado que debía informar sobre las mismas actuó con el quorum requerido y, si al cabo de un tiempo de dictada la resolución que ponía fin al procedimiento competitivo, es ajustada a derecho la actuación administrativa requiriendo a un beneficiario para que devuelva lo recibido más intereses porque, al parecer, no era dueño del terreno –condición exigida en las bases del procedimiento para acceder a su otorgamiento–. Finalmente, el caso plantea diversas cuestiones relativas al derecho de los ciudadanos a la información administrativa.

Palabras claves: solicitud de iniciación, silencio administrativo, subvenciones, presentación en registro, órgano colegiado, transparencia y derecho a la información.

El presente caso práctico trata de proporcionar argumentos legales y jurisprudenciales ante el problema de la resistencia de las compañías de seguros a devolver las cantidades que los cooperativistas adelantaron para la construcción de una vivienda en régimen de cooperativa. Se trata de un hecho asegurado dependiente, no solo de la construcción de la vivienda, sino también del hecho de que se haga en plazo. Los titulares de la póliza de seguro como cooperativistas han de defenderse de los argumentos más repetidos planteados por las aseguradoras: supuesta baja del cooperativista que solicita la devolución de sus cantidades manifestando con ello su deseo de resolver el contrato, y empleo de la supuesta baja para entender que el cooperativista carece de acción al haber perdido su naturaleza de tal. Consideración de que el retraso en la entrega si no es muy prolongado, no puede fundamentar la resolución contractual, por impedirlo el artículo 1.124 del Código Civil. El caso ahonda en las soluciones que nuestros tribunales han dado a estas cuestiones ya de una manera uniforme.

Palabras claves: cooperativa de viviendas, incumplimiento contractual, seguro de caución y devolución de cantidades.

La reclamación judicial acumulada en una sola demanda civil, planteada por una pluralidad de personas físicas y jurídicas contra una entidad bancaria, es admisible sin necesidad de que cada una de ellas dé lugar a interpelación judicial individual si existe conexión en la causa de pedir. Lo determinante no es si existen o no diferentes relaciones jurídicas con algunos aspectos diferenciales, sino si existe una conexión entre las cuestiones controvertidas objeto de las acciones acumuladas en su aspecto fáctico con relevancia respecto de las pretensiones ejercitadas, que justifique el conocimiento conjunto de las acciones ejercitadas y evite de este modo la existencia de sentencias injustificadamente discordantes, siempre que, naturalmente, se reúnan los requisitos establecidos por el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los hechos que se alegan como más relevantes para fundar las pretensiones ejercitadas presentan una coincidencia que, unida a la uniformidad de las peticiones realizadas por los demandantes y a que están dirigidas frente a una misma entidad bancaria, cuya conducta incumplidora se considera por los demandantes como determinante para el éxito de las acciones ejercitadas, lleva a la conclusión de que concurre el requisito de conexidad de la causa de pedir que justifica la acumulación subjetiva de acciones.

Palabras claves: litisconsorcio activo, causa de pedir, identidad y conexidad.

La excusa absolutoria contemplada en el artículo 268 del Código Penal ha sufrido una alteración en su literalidad a raíz de la reforma producida en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que reforma el Código Penal, ampliándose los supuestos de inaplicación a situaciones como la que exponemos y resolvemos, siguiendo el criterio de la jurisprudencia y que, con anterioridad, las personas que se hallaban en una situación especialmente vulnerable por padecer enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, e incapaces de gobernar su persona y administrar sus bienes, quedaban inmersas en una suerte de vacío legal, llegando en ocasiones a instancias del más alto tribunal español, que ha venido a interpretar el espíritu real de la excusa.

Palabras claves: excusa absolutoria, simulación, vulnerabilidad, incapacitación, estafa y apropiación indebida.

Los tribunales españoles son competentes para conocer de los delitos de tráfico de drogas cometidos en aguas internacionales a bordo de una embarcación. La detención estaba autorizada por la autoridad extranjera y se produjo el traslado posterior para la puesta a disposición judicial de los detenidos.

Palabras claves: justicia universal, aguas internacionales, drogas y casación.

La guarda de hecho respecto de un menor genera una serie de deberes en el guardador respecto al menor, cuyos incumplimientos, en algunos supuestos, pueden hacer derivar responsabilidades de índole penal en aquellos. La protección del interés del menor es uno de los pilares en los que se sustenta el ordenamiento jurídico, caminando las sucesivas reformas del mismo en dicha dirección.

Palabras claves: abandono de familia, ausencia escolar y guarda de hecho.

El supuesto gira en torno a diversas cuestiones planteadas en un procedimiento de expropiación forzosa llevado a cabo para la instalación de una planta de producción de energía eléctrica por parte de una sociedad anónima (beneficiaria de la expropiación). Se plantean problemas respecto a los sujetos de la expropiación, objeto de la misma, si es posible sobre bienes demaniales, recursos contra el acuerdo de necesidad de ocupación, plazo para interponerlo y reacción de un expropiado que tras la notificación de la resolución del Jurado de Expropiación descubre que un documento que sirvió de base para la fijación del justo precio fue declarado falso por sentencia judicial firme. Las otras cuestiones jurídicas giran en torno a la celebración de una prueba de acceso –concurso-oposición– para la provisión de diez plazas de conserjes convocadas por el Ministerio de Industria. Se atendió a la reclamación efectuada por un concursante respecto a una pregunta del ejercicio que fue rectificada y ello provocó que una opositora que había salido en la lista de aspirantes que superaron las pruebas fuera, con la publicación de una nueva lista, excluida de la misma. Finalmente, las fincas que fueron expropiadas, y que pertenecían a varios propietarios, fueron adscritas al servicio de un organismo autónomo del ministerio lo que provocó una reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, por parte de los antiguos propietarios.

Palabras claves: expropiación forzosa, personal al servicio de la Administración pública y bienes de la Administración.

El supuesto trata el caso de un préstamo entre dos familiares, Juan y Carmen. Carmen tiene necesidades familiares y en lugar de acudir a un banco le pide a su primo Juan que le preste 5.000 euros. Juan le presta el dinero, pero no formalizan ningún tipo de acuerdo; solo un año después de la entrega del dinero, Carmen le firma a Juan un reconocimiento de deuda, pero no se indica ningún plazo de devolución. Transcurridos más de 5 años, Carmen sigue sin devolver el dinero.
Se plantean diversas cuestiones jurídicas por parte del abogado que se encarga del asunto: procedimiento a seguir, posible prescripción a la luz de la modificación del Código Civil en la materia, derecho sustantivo aplicable y carácter jurídico de la operación de préstamo entre particulares.

Palabras claves: préstamo, civil, particulares, devolución y prescripción.

Los supuestos de trastornos psíquicos que lleguen a determinar el internamiento de un ingreso urgente en un hospital o unidad psiquiátrica para tratamiento médico exigen una serie de presupuestos fundamentales a que se refiere el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Constitucional tras la interposición de un recurso de amparo. En tanto suponen una afectación del derecho a la libertad a que se refiere el artículo 17 de la Constitución, los requisitos fijados legalmente deben ser objeto de interpretación restrictiva en el interés de las personas privadas de libertad, lo que incide en el plazo de 72 horas, como límite máximo para que el juez pueda ratificar el internamiento urgente involuntario, que no puede ser en ningún caso objeto de ampliación, así como respecto del contenido de los derechos a la información que ha de tener el afectado, sobre el procedimiento de su situación personal, el derecho a ser asistido de abogado y procurador, y a la prueba. También deben ser objeto de cumplimiento las previsiones legales en relación con la intervención del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad, y por tanto de los derechos del internado de manera urgente. Si las previsiones legales se incumplen, se habría producido una restricción o privación de libertad injustificada o al margen de los requisitos establecidos en la ley, con las consecuencias jurídicas que tal vulneración podría producir.

Palabras claves: internamiento involuntario y trastornos psíquicos.

El supuesto gira, en primer lugar, sobre diversas cuestiones jurídicas que se plantean en un contrato administrativo celebrado por un organismo autónomo consistente en que, para aumentar la disponibilidad de agua de un pozo, se precisa llevar a cabo una obra. Se plantean cuestiones tales como la naturaleza del contrato, la legalidad de división de su objeto en dos lotes, la publicidad requerida, el procedimiento de adjudicación, la competencia del órgano y la necesidad o no de prestar garantía definitiva en el mismo. A continuación, en un procedimiento puesto en marcha para la adjudicación de viviendas de protección pública, se formulan cuestiones respecto a la finalización del plazo para presentar las solicitudes, la presentación de las mismas, la producción del silencio administrativo en el mismo, la sustitución del órgano competente para resolver al caer enfermo o la posible revisión de oficio de una adjudicación, entre otros. Finalmente, en un procedimiento sancionador por destinar la cantidad entregada en un procedimiento de subvención a otros fines, se traen a colación cuestiones tales como la posible caducidad del procedimiento, el ajuste a derecho de una delegación de firma en la resolución sancionadora, el recurso procedente contra la sanción o la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del mismo.

Palabras claves: contrato administrativo de obras, subvenciones y procedimiento sancionador.