Casos Prácticos

El ejercicio de la acción de reclamación de la filiación no matrimonial atribuye legitimación solo al hijo durante toda la vida, sin embargo a los progenitores no se les menciona como legitimados para ejercer dicha acción. La falta de determinación legal ha determinado diferentes resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo donde se establece la legitimación del progenitor, por falta de regulación legal, sobre todo al establecer en el artículo 134 la legitimación para impugnar la filiación al ejercitar la acción de reclamación, siendo imprescindible una modificación legislativa que señale límites a la legitimación del progenitor, para evitar un ejercicio abusivo de su derecho.

Palabras claves: ejecución hipotecaria, concurso de acreedores, competencia del Juzgado de lo Mercantil, Registro de la Propiedad e incompetencia del juez civil.

El presente caso que se propone pretende introducirnos en un fenómeno apenas impensable hace un tiempo, en virtud del cual, la declaración de concurso ha venido a dar virtualidad a los registradores de la propiedad como operadores jurídicos que pueden delimitar cuestiones de competencia entre juzgados en un espacio aparentemente vedado solo para los jueces, merced a la declaración de concurso, en materia de ejecuciones hipotecarias.
Igualmente, a través del caso se delimita y razona la argumentación jurídica a través de la cual se concluye que las ejecuciones hipotecarias nacidas tras la declaración de concurso son competencia exclusiva y excluyente de los jueces mercantiles, aun cuando el concurso haya terminado con la aprobación de un convenio si este se encuentra pendiente de cumplimentar.
Igualmente el caso concreta la importancia y los efectos prácticos de la delimitación entre terminación y conclusión del concurso.

Palabras claves: ejecución hipotecaria, concurso de acreedores, competencia del Juzgado de lo Mercantil, Registro de la Propiedad e incompetencia del juez civil.

Legitimación que pueda tener la compañía de seguros que ha abonado una determinada cantidad de dinero al perjudicado, para actuar como acusación particular en un proceso penal, y, por tanto, para ejercitar la acción penal; y en su caso, en qué momento procesal podría alegarse la supuesta falta de legitimación de la compañía de seguros.

Palabras claves: responsabilidad civil, compañía de seguros, personación y acusación particular.

Este caso práctico aborda problemas derivados de una ordenanza municipal sobre venta ambulante, en cuya virtud se producen una serie desestimaciones a tales tipos de licencias a personas individuales y a asociaciones. Por ello, unos y otros deciden acudir al proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones municipales planteándose en el curso del mismo distintas cuestiones tales como la legitimación activa para recurrir, el emplazamiento realizado por la Administración, el escrito de demanda al que no se acompaña copia de la resolución impugnada, la no publicación del recurso en diario oficial, el intento de personación de una asociación en el proceso, la no remisión en plazo del expediente administrativo por parte del ayuntamiento, el intento de modificación de la ordenanza municipal ante la llegada de un nuevo equipo de gobierno y, finalmente, la posible impugnación de la ordenanza a pesar de que habían pasado dos meses desde su publicación en diario oficial.

Palabras claves: legitimación para recurrir, plazo, lugar de presentación, emplazamiento y legalidad de ordenanza municipal.

El presente caso trata de arrojar luz sobre un tema polémico que se reitera con mucha frecuencia en la práctica de nuestros Tribunales civiles, y que perjudica notoriamente a la seguridad jurídica de los particulares afectados. Se trata de los problemas competenciales que a diario surgen entre Juzgados de 1.ª Instancia y Juzgados Mercantiles en relación con las resoluciones sobre abusividad de las cláusulas contractuales y su relación con las condiciones generales de la contratación. Se trata de determinar a la luz de las sentencias del TJUE cómo proyectar su doctrina sobre esa fricción entre Juzgados.

Palabras claves: nulidad de cláusulas abusivas y competencia judicial objetiva.

Una parte de la doctrina considera que toda declaración hecha en la policía sirve para la investigación, pero no acredita un hecho. También se dice que no es posible acceder a la vista oral por medio de las declaraciones de los policías que oyeron o intervinieron en la declaración (o del letrado) porque serían testimonios de referencia. El Acuerdo del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo al respecto es muy esclarecedor: «Las declaraciones válidamente prestadas ante la policía pueden ser objeto de valoración por el tribunal, previa su incorporación al juicio oral por alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia». La realidad actual de multitud de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional parece contradecir el sentido del acuerdo transcrito, pues se tiende a no conferir valor a lo manifestado por un testigo en sede policial. ¿Convendría, por tanto, modificar o aclarar este acuerdo?

Palabras claves: presunción de inocencia, declaración en sede policial, coimputado y valor probatorio.

En los casos planteados se abordan cuestiones jurídicas relacionadas, en primer lugar, con la presunta responsabilidad de la Administración pública como consecuencia de que en la realización de una prueba ciclista uno de los ciclistas introdujo las ruedas en un socavón sin señalizar existente en la calzada, perteneciendo la titularidad de la vía a la Comunidad de Madrid y encontrándose el bache junto a las tapas del alcantarillado donde se realizaban labores de saneamiento municipal. Se discute a quién es imputable la responsabilidad y la forma de ejercicio de las acciones oportunas. En segundo lugar, con motivo de la convocatoria de una sesión extraordinaria, se acuerda que la Policía Municipal ejerza el control de acceso por parte del público a la misma, recogiéndose determinados datos personales que se incluyen en un fichero declarado ante la Agencia de Protección de Datos. A propósito de ello, se plantean diversas cuestiones sobre a quién se considera responsable del fichero, información a los asistentes sobre la finalidad del mismo, el plazo de permanencia de los datos en el fichero o la posibilidad de remisión de los datos a la empresa adjudicataria del servicio para la protección y seguridad de los edificios municipales. Finalmente se plantea la actuación de la Policía Municipal respecto de un incidente que surge con un vecino.

Palabras claves: responsabilidad patrimonial de la Administración pública, protección de datos de carácter personal y competencia de la policía local.

Los derechos fundamentales de los menores pueden verse vulnerados en la medida en que se difundan noticias, aunque se trate de hechos de relevancia pública o interés público. La colisión entre el derecho a la información y los derechos al honor, intimidad e imagen, tratándose de menores de edad los afectados, prevalecen siempre en estos casos, cuando se den una serie de elementos que conduzcan a la identificación del menor afectado, con el riesgo de que se produzca en el menor afectado una victimización secundaria, con el peligro para su desarrollo, estabilidad y equilibrio personal y psicológico. En primer lugar lo que ha de intentarse es paralizar la difusión de la información que afecte al menor víctima y en este sentido el Ministerio Fiscal realizaría los oportunos requerimientos a los medios que hayan realizado la difusión de la información para impedir que se continúe en la difusión de las informaciones que afecten directamente al menor; e igualmente, a continuación podría iniciar un proceso civil a través del procedimiento ordinario frente a la vulneración de esos derechos por entender que se trata de intromisiones ilegítimas, interesando las medidas que impidan la continuación en dicha vulneración así como la correspondiente indemnización, aunque también los representantes legales del menor, normalmente los padres titulares de la patria potestad, podrán presentar la demanda correspondiente con los fines anteriormente mencionados.

Palabras claves: derecho a la intimidad, derecho de imagen de menores y víctimas de delitos.

La confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito. Con este objeto, el juez instructor interrogará al procesado confeso para que explique todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a comprobar su confesión, si fue autor o cómplice y si conoce a algunas personas que fueran testigos o tuvieren conocimiento del hecho.

Palabras claves: homicidio y confesión.

Diversos problemas jurídicos se plantean en este supuesto práctico relacionado, primeramente, con un procedimiento administrativo puesto en marcha como consecuencia de una solicitud que se presenta en el registro del Ayuntamiento de Madrid dirigida a un ministerio. Estas cuestiones se refieren al plazo de que se dispone para resolver, posibilidad de haber presentado la solicitud en Registro Electrónico y posibilidad de la ampliación de plazos en el procedimiento. A continuación se aborda el problema de la estimación o desestimación derivada de un procedimiento de responsabilidad patrimonial puesto en marcha por la reclamación de una interesada que circulando por la carretera sufre un accidente de circulación como consecuencia de la caída, instantes antes, de un árbol, provocada por un rayo, existente al borde de la misma. Finalmente, se afrontan las cuestiones derivadas de los procedimientos sancionadores, incoados, uno por arrojar a la vía pública residuos de forma indebida desde hacía varios años y, el otro, por vertidos ilegales a un río, por parte del Ayuntamiento de Madrid. En el primero, la cuestión esencial es si existe o no infracción continuada y, en el segundo, la posible caducidad del expediente sancionador.

Palabras claves: procedimiento administrativo, responsabilidad patrimonial de la Administración y procedimiento sancionador.