Casos Prácticos

Posibilidad de apreciar la atenuante de confesión del artículo 21.4 del CP solo en la fundamentación jurídica de la sentencia, al margen de su constatación fáctica en los hechos probados sin que ello suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva por vulneración del artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el 72 del CP, y por infracción del artículo 849.1 de la LECrim. Tras el acuerdo del no jurisdiccional del Pleno de 23 de marzo de 1998, la interpretación que se hace del artículo 66.2 del CP es la siguiente: resulta obligatorio bajar en un grado la pena, potestativo en dos.

Palabras claves: pena, individualización, atenuantes y fundamentación.

En torno a un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial giran las diversas cuestiones que se plantean en este caso práctico. Los problemas se inician respecto a la lengua a utilizar en el procedimiento en cuestión y continúan con incidencias jurídicas de diverso orden tales como, respecto a la instrucción del procedimiento: el derecho de información respecto al contenido del procedimiento; el requerimiento por parte de la Administración a ciertos interesados para que presenten el DNI o el certificado de empadronamiento; y el requerimiento a otro para que comparezca en día y hora determinada en una oficina de la Administración. Dictada resolución, respecto al ajuste a derecho de diversas notificaciones realizadas en el procedimiento; y respecto a diferentes recursos administrativos y contencioso-administrativos presentados por los afectados frente a aquella.

Palabras claves: actos administrativos, procedimiento administrativo y recurso administrativo.

El presente caso analiza las consecuencias jurídicas de varias declaraciones hechas entre hermanas atentatorias al derecho al honor y a la intimidad de una de ellas, como consecuencia de las vertidas en varios medios públicos por la otra, pero con la peculiaridad relevante de que ninguna de ambas tenía proyección pública alguna.
Igualmente, el caso trata de aclarar el conflicto entre la intromisión ilegítima contra tales derechos fundamentales y las libertades de expresión e información, determinando la prioridad de cada uno en cada caso.
La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

Palabras claves: derecho al honor e intimidad personal, libertad de información y expresión y personas sin proyección pública.

La hipoteca que grava la vivienda familiar del inmueble adquirido por el otro cónyuge con anterioridad al matrimonio no puede considerarse una carga susceptible de oposición del derecho de uso atribuido al progenitor custodio y a los hijos por sentencia dictada en procedimiento de divorcio por el juzgado de familia, por no ser una carga anterior a la constitución del crédito hipotecario que propicia la ejecución por impago.

Palabras claves: divorcio, vivienda familiar hipotecada y derecho de uso.

El carácter vinculante de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado virtualidad al juez nacional, en su vertiente de juez comunitario, a la hora de poder apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales que, estando integradas en el ámbito de aplicación de la Directiva Comunitaria 93/13, pretenden compensar el desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional en los contratos suscritos por los particulares para la adquisición de bienes de consumo.

Palabras claves: abuso de derecho, cláusulas abusivas e intereses moratorios abusivos.

El presente supuesto aborda distintos problemas de orden jurídico y económico y presupuestario que se plantean como consecuencia de que se decretó una alerta sanitaria internacional y había que adoptar, de forma inmediata, medidas preventivas para evitar resultados perjudiciales para la vida y la salud de las personas. Entre ellas, se plantean cuestiones referentes a un contrato administrativo de suministro que se tramita por el expediente de emergencia; unos anticipos de caja fija para la adquisición de bienes no inventariables; modificaciones presupuestarias para el incremento de un concreto programa presupuestario; documentos contables como consecuencia de la construcción de un edificio con fines sanitarios adjudicado mediante contrato de obras; las fases del contrato al haberse adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad; y órgano competente para la adjudicación del contrato, teniendo en cuenta que ha existido una delegación, entre otras cuestiones.

Palabras claves: contratos de obras y suministros, modificaciones presupuestarias, programa presupuestario y controles financieros.

El presente caso práctico plantea un determinado supuesto con hechos que permitan delimitar el ámbito de aplicación de la interrupción de la prescripción de las acciones extracontractuales contra los administradores y auditores por las responsabilidades en que ambos hubieran podido incurrir en el ejercicio de sus funciones.
El efecto de la interrupción de la prescripción previsto en el artículo 60 de la Ley Concursal no queda limitado a la acción contractual, sino que se extiende también a la acción de responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de que su justificación sea distinta y guarde relación con la acción directa frente a los administradores. De este modo, no existe ninguna razón que impida una interpretación literal del precepto legal, y por lo tanto que pueda aplicarse la interrupción de la prescripción a cualesquiera acciones de responsabilidad susceptibles de ser ejercitadas frente a los administradores o auditores de la sociedad concursada.

Palabras claves: acción directa, acción extracontractual, administradores de la sociedad, auditores e interrupción de la prescripción.

Es verdad que el precepto (250.1.5.º) relativo al delito de estafa alude al «valor de la defraudación» que debería superar los 50.000 euros para aplicar el tipo agravado, pero también el n.º 4.º construye un subtipo agravado atendiendo a la «entidad del perjuicio». La jurisprudencia ha ido construyendo una doctrina en torno a esta diferenciación entre perjuicio y valor de la defraudación, interpretando el apartado 5.º del 250.1 de esta manera: «la falta de identidad entre ambas nociones se traduce en la necesidad de aplicar el tipo agravado, no por el importe total de lo defraudado, sino por la entidad del perjuicio».

Palabras claves: estafa, engaño, cualificada y cuantía.

La posición del responsable civil directo en el procedimiento penal, en cuanto al momento en que debe aparecer identificado y a los efectos de evitar una posible indefensión, puede plantear dudas. Dos resoluciones parecen aptas para tal fin, bien el denominado auto de procedimiento abreviado, bien el auto de apertura del juicio oral.

Palabras claves: procedimiento penal, responsable civil subsidiario, compañía de seguros, auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y auto de apertura de juicio oral.

El presente supuesto se enfrenta a variados problemas jurídicos derivados, por una parte, de una solicitud de licencia para instalar una estación de radioaficionados, planteándose la duda sobre el cómputo para entender producido el silencio administrativo dado el lugar de presentación de la solicitud. Por otra parte, una empresa es sancionada por un órgano administrativo que actuó por subdelegación recibida de otro órgano de distinto departamento ministerial; planteándose la legalidad de la resolución sancionadora. A continuación, en un procedimiento de concesión de ayudas económicas para el fomento de la sociedad de la información es excluido un interesado porque, según la Administración, no cumplía los requisitos exigidos. Ante ello, este cuestiona sobre el recurso procedente contra dicha resolución, posibilidades de éxito del mismo, amén de otras informaciones complementarias. Finalmente, ante otra denegación de solicitud para ejercer una determinada actividad administrativa, se plantean problemas sobre la validez de la misma, su comunicación, así como la posible reacción de la Administración ante una presunta estimación de aquella por silencio administrativo sin reunir el interesado los requisitos exigidos.

Palabras claves: tramitación de licencia, procedimiento sancionador, incompatibilidad para tomar parte como miembro de un órgano colegiado y notificación de acto administrativo.