Casos Prácticos

La reforma operada en el artículo 58 del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010 ha supuesto un cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al abono de los periodos de prisión provisional a los penados que simultanean la condición de preso preventivo con la de penado que se encuentran ya cumpliendo otra u otras condenas.

Palabras claves: prisión provisional, liquidación de condena y doble cómputo.

En este caso se afrontan diversas cuestiones jurídicas referentes a un contrato de obras que se realiza por parte de un organismo autónomo, con competencia en todo el territorio nacional, consistente en la construcción de la variante de una carretera nacional. Se plantea el ajuste a derecho o no del procedimiento de contratación de urgencia seguido; de la ausencia del pliego de cláusulas administrativas generales; del plazo para la presentación de proposiciones; de la actuación de la mesa de contratación excluyendo a una empresa a la que requirió para que subsanara la falta de poder, haciéndolo esta con fecha posterior al vencimiento del plazo para presentación de proposiciones y admitiendo, respecto a la empresa que luego fue adjudicataria, la subsanación de su oferta económica, que se había presentado por encima de la cantidad permitida, y, finalmente, la viabilidad jurídica de recursos contencioso-administrativos presentados, por separado, ante el Tribunal Superior de Justicia y respecto a los cuales, con posterioridad, el órgano jurisdiccional competente ordenó su acumulación. Finalmente, se plantea el ajuste a derecho de una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial en cuanto a la temporaneidad de su presentación y de la resolución del procedimiento realizada por un órgano administrativo, actuando por delegación, del competente para resolver y existiendo una delegación de firma en la misma.

Palabras claves: contrato de obras y responsabilidad patrimonial de la Administración.

La situación fáctica a la que se enfrenta el propietario que quiere expulsar al ocupante de su finca es la misma tanto si se plantea la reivindicatoria como si se intenta un precario: ese ocupante estaría utilizando gratuitamente un bien ajeno o no perteneciente en su totalidad al mismo y con una posesión jurídica que no le corresponde en todo o en parte, aunque se halle en la tenencia del mismo, y, por tanto, la falta de título que justifique el goce exclusivo de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndolo tenido se pierda o devenga ineficaz, es lo que justificaría el uso de alguna de las dos acciones, de forma alternativa, pero no de las dos de forma sucesiva, ya que su objeto es el mismo, y de ser intentada esa sucesión de acciones idénticas por el propietario, el efecto de la cosa juzgada material de la previa impediría resolver sobre la posterior.
Ello hace que las acciones de desahucio por precario y la reivindicatoria tengan idéntica naturaleza jurídica, de modo que carece de todo sentido y resultaría contrario a la norma acudir al precario y a la reivindicatoria de forma sucesiva y no alternativa.

Palabras claves: acción declarativa de dominio, acción reivindicatoria, desahucio por precario y cosa juzgada material.

En el presente caso se analiza la ampliación de los supuestos que cabe incluir en el artículo 853.2 del CC al analizar cómo en la expresión «haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra» debe integrarse el maltrato psicológico al testador. Aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley (art. 848 del CC) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva, no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo. Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación, que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen. El maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra.

Palabras claves: desheredación, maltrato de obra y maltrato psicológico.

La Ley Orgánica 1/2015 ha modificado la redacción del artículo 76.2 del CP, lo que ha supuesto el cambio del criterio interpretativo del Tribunal Supremo a la hora de proceder a la refundición de las condenas, lo que se plasma en la forma de agrupar las condenas en bloques y, así, proceder a la comparación entre la suma aritmética de las penas y el triple de la máxima que integre dicho bloque.

Palabras claves: refundición de condenas y formación de bloques.

Es sobradamente conocido que el Ministerio Público se encuentra permanentemente personado en las actuaciones, con capacidad propia para tomar conocimiento de las mismas.
La simple consulta por los agentes de un fichero convencional o informático en el que se recojan los números de teléfono de los abonados no implica vulneración de los derechos constitucionales a la inviolabilidad de las comunicaciones o a la autodeterminación informativa.

Palabras claves: números de teléfono, prospección, notificación al fiscal, abonado e intimidad.

El caso aborda distintas situaciones jurídicas que se plantean en el ámbito local. En primer lugar, contra quién ha de dirigir el ayuntamiento acciones tendentes a la protección de la legalidad urbanística dado que el inmueble donde se realizan obras ilegales está arrendado. A continuación, la posibilidad de constitución en grupo municipal de varios concejales que en su momento hicieron uso de este derecho; la fecha en que debe aprobarse el acta de la sesión constitutiva del ayuntamiento; la legalidad de la retrasmisión por televisión de una sesión constitutiva; la situación en que queda un concejal electo que no pudo asistir a la sesión constitutiva; la posibilidad de compatibilidad para dos concejales, uno de ellos que presta servicio de carácter temporal en el ayuntamiento y el otro que aspira a ingresar en una fundación participada por el ayuntamiento; la cesión de un bien de dominio público a un club de fútbol y la posibilidad de la gestión de publicidad por parte de este, y, finalmente, la posibilidad de prórroga tácita de mutuo acuerdo entre Administraciones y contratista en un contrato de gestión de servicios públicos.

Palabras claves: licencias urbanísticas, constitución de grupo municipal, sustitución de secretario, sesión constitutiva y selección de personal.

El presente supuesto práctico trata de poner de manifiesto las dificultades reales que sufren en la actualidad los saharauis que residieron en el Sáhara Occidental durante el tiempo en que tal territorio fue provincia española para poder ver reconocida su nacionalidad española de origen en cuanto tales residentes. La Administración General del Estado custodia los denominados «libros cheránicos», es decir, aquellos que de forma incompleta fueron salvados al abandonar el Estado español dicho territorio y que contenían los datos del estado civil de sus residentes autóctonos. Aquellos que carecen de datos en tales libros, para poder ver reconocida su nacionalidad española de origen, han de acreditar ante la Administración española hoy no solo su residencia en el territorio durante un lapso de tiempo, sino alternativamente ser hijos de españoles también residentes allí, y de no ser posibles ambas alternativas, han de probar con documentos su especial vinculación con la Administración pública española en el Sáhara durante aquellos años o bien los servicios que prestaron a España en aquel territorio. Igualmente, el caso delimita la aplicabilidad jurídica del artículo 18 del Código Civil a estos solicitantes por la vía de la consolidación de la nacionalidad española.

Palabras claves: nacionalidad española de origen, consolidación, requisitos, posesión de estado y saharaui.

La apertura de huecos o ventanas en pared no medianera para obtener luces y vistas del predio colindante no deriva de ninguna servidumbre legal, sino del derecho de propiedad, si bien este queda limitado por las relaciones de vecindad, que coexiste con el correlativo del predio contiguo a edificar libremente incluso a cubrirlos levantando una pared aneja a la que tenga el hueco o la ventana. La servidumbre de luces y vistas tiene la naturaleza de servidumbre negativa que solo puede adquirirse por título o por prescripción de 20 años a contar desde el acto obstativo a la servidumbre, a partir del cual debe computarse el tiempo para la prescripción adquisitiva.

Palabras claves: servidumbre de luces y vistas, acción negatoria y usucapión.

En el encargo al abogado por su cliente se está en presencia de un arrendamiento de servicios, de forma que el abogado comparte una obligación de medios, obligándose exclusivamente a desplegar sus actividades con la debida diligencia y acorde con su lex artis sin que, por lo tanto, garantice o se comprometa al resultado de la misma. No es posible efectuar de antemano un elenco cerrado de deberes u obligaciones que incumben al profesional en el desempeño de su función, por cuanto se podía pensar que tales deberes en una versión sintética se reducen a la ejecución de esa prestación, pero pueden estimarse como imprescindibles: informar de «pros y contras», riesgo del asunto o conveniencia o no del acceso judicial, costes, gravedad de la situación, probabilidad de éxito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, respeto y observancia escrupulosa en leyes procesales y, cómo no, aplicación al problema de los indispensables conocimientos de la ley y del Derecho. Imposibilidad de dar explicación razonable en términos de prueba al retraso en casi dos años de ejecutar el encargo de presentar la solicitud de concurso, provocando la acción sancionadora de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Palabras claves: responsabilidad civil contractual profesional, abogado, lex artis y retraso culpable.