Casos Prácticos Derecho Civil

La cláusula suelo no es en sí misma nula. Esto es, no se considera abusiva y, por tanto, nula como consecuencia de un control de contenido. Sería nula si se hubiera introducido sin cumplir con las exigencias de transparencia previstas en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, en la medida en que la falta de transparencia con carácter abstracto pueda incidir en la prestación del consentimiento del consumidor. La cláusula suelo que se incluya en el contrato de préstamo hipotecario debe superar los controles de incorporación y de transparencia, en otro caso será declarada nula por abusividad. Por tanto, es necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusula suelo.

El caso que se propone aborda la importancia de la calificación jurídica como consumidor o como profesional de los prestatarios de un préstamo hipotecario, en los procesos judiciales en los que la demandante (prestatarios) promueve la declaración de nulidad de la cláusula suelo, pues cabe la posibilidad de que dicha nulidad solo sea declarada respecto de uno de los prestatarios, pero no respecto del otro, en función de la diferente calificación jurídica antes citada. Si el préstamo hipotecario tenía como finalidad la refinanciación de una deuda empresarial, no podrán los prestatarios pretender la aplicación de las normas protectoras de los consumidores a su favor, en el ejercicio de su acción encaminada a la declaración de nulidad. Ahora bien, dos personas que se hallan casadas y cuyo régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, pueden estar obligadas de distinta forma y alcance como prestatarias de un mismo préstamo hipotecario, pudiendo acordarse la devolución de cantidades indebidamente abonadas solo respecto de un cónyuge y no del otro.

Palabras claves: cláusula suelo; nulidad; prestatario consumidor; prestatario profesional.

El presente caso nos trae el análisis de la responsabilidad civil de los asesores fiscales a la hora de confeccionar la declaración de la renta de un cliente, tras haber cometido un error y una vez que la AEAT detecta el mismo e impone una sanción. Es muy frecuente, como sucede en el caso que se propone, que el asesor fiscal trate de exonerarse de responsabilidad alegando que su cliente no le ha proporcionado este o aquel dato o documento que era decisivo. El caso analiza a quién corresponde la responsabilidad en materia de obtención de los datos precisos para elaborar la declaración tributaria, si al cliente o al asesor fiscal, para llegar a la conclusión de que es a este último a quien, como profesional experto, corresponde esta tarea como parte de sus obligaciones.

Palabras claves: asesor fiscal; responsabilidad civil; declaración tributaria; error.

El caso que se propone trata de abordar la problemática, bastante habitual en nuestros días, nacida de aquellos concursos de persona física en los que, tras haberse liquidado el patrimonio del deudor y haberse promovido y abierto el incidente del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se produce la oposición a su concesión por parte de la Agencia Tributaria al tener dicho deudor una deuda con naturaleza de crédito público. Estos créditos tienen importantes privilegios en la Ley Concursal pues, en principio, no deberían verse afectados por el propio mecanismo de la exoneración y, en cualquier caso, no tendrían que estar integrados en el propio plan de pagos a cinco años que la propia ley prevé, precisamente por su naturaleza pública. Ahora bien, la jurisprudencia está cambiando estos planteamientos tras la adecuada interpretación de la norma, en el sentido contrario. Este es el objeto del caso, explicar el importante cambio jurisprudencial que se está ya consolidando.

Palabras claves: concurso de persona natural; beneficio de exoneración del pasivo; créditos tributarios; plan de pagos.

El presente caso que se propone trata de ilustrar acerca de los problemas que en la práctica se plantean en las comunidades de propietarios de determinados inmuebles que resultan ser especialmente protectores del estilo de inmueble querido por sus vecinos. Las limitaciones impuestas por la comunidad de propietarios a los propietarios respecto del tipo de actividad que la comunidad permite instalar en sus superficies privativas entran en conflicto directo con el propio derecho de propiedad, y sobre todo cuando las cláusulas estatutarias que han de delimitar estas limitaciones contienen una redacción tan abierta y genérica que, prácticamente, pueden permitir a la Junta de Propietarios ejercer su soberanía permitiendo o prohibiendo de forma casuística aquellos que en cada caso vayan teniendo por conveniente, lo cual no resulta asumible por el ordenamiento en materia de propiedad horizontal.

Palabras claves: propiedad horizontal; limitaciones estatutarias; derecho de propiedad.

El abogado ejerce una tarea profesional como profesional liberal en la que no está sujeto a un determinado precio de honorarios por sus tareas, pues los criterios de los colegios de abogados a través de los cuales se establece un importe determinado a cobrar no son en absoluto vinculantes, de forma que cada letrado puede cobrar como honorarios lo que tenga por conveniente. Ahora bien, el profesional y el cliente han de fijar de antemano esos honorarios de forma que exista un documento de cualquier tipo que permita al cliente conocer los importes que ha de abonar por los servicios que se van a prestar. Los problemas de orden práctico nacen cuando los honorarios se fijaron sin documento alguno, es decir, de forma verbal. En todos estos casos, las discrepancias entre abogado y cliente determinan un problema de falta de prueba en el pleito, pues termina convirtiéndose en la palabra del cliente frente a la del profesional reclamante, que carece de instrumentos para probar lo acordado, debiendo tratar de acreditar las cantidades que le son debidas a través de medios indirectos de prueba, de resultado incierto.

Palabras claves: arrendamiento de servicios; honorarios de abogado; medios de prueba.

La acción para reclamar la filiación extramatrimonial del artículo 133.1 del CC no prescribe. El hijo puede ejercitarla a conveniencia durante toda la vida, sin que esté condicionado por un plazo, porque este precepto protege otros derechos prevalentes, superiores, cuales son los del artículo 10 de la CE y los que se derivan del 39 de la CE, que protegen la dignidad de la persona en general y la familia y los hijos en particular.
No obstante la dicción literal del artículo 733 de la LEC, la interpretación coherente, atendiendo al espíritu y la finalidad de la norma (art. 3.1 CC), que no vulnera la indefensión ni la tutela judicial efectiva, es que no es preciso en estos casos demandar a la madre.
La ausencia de prueba biológica no puede ser considerada como una ficta confessio, pero es indicio importante que debe unirse a otras pruebas obrantes en el proceso.

Palabras claves: filiación extramatrimonial; acción de reclamación.

A los efectos de la extinción del régimen de propiedad horizontal, se equipara a la destrucción del edificio el supuesto en el que el coste de la reconstrucción exceda del 50 % del valor de la finca, siendo lo relevante el coste relativo de las obras y la edificación, con independencia de las causas o motivos que lo hayan motivado, sin que sea exigible un acontecimiento de fuerza mayor. El valor de la finca se determina atendiendo al valor actual de la construcción, tras fijar el valor de reposición bruto calculado con apoyo en el coste real de las obras de ejecución y aplicar los coeficientes de depreciación por antigüedad y estado de conservación del inmueble.

Palabras claves: propiedad horizontal; extinción; copropiedad ordinaria.

Asistimos en nuestros días al comienzo de una nueva explosión de pleitos en reclamación de devolución de cantidades por parte de los accionistas que compraron valores del Banco Popular como consecuencia de la ampliación de capital de junio de 2016, bien directamente o bien en el mercado secundario, cuando ya era conocido por los dirigentes del banco que la situación de la entidad era muy comprometida, pese a lo cual, y tras la emisión del correspondiente folleto informativo, continuaron con la ampliación de capital, siendo así que, en plazo muy breve, las acciones adquiridas dejaron de tener valor, siendo adquirida la entidad por el Banco de Santander por el simbólico precio de 1 euro. Los contenidos del folleto informativo proporcionaron una información que no se correspondía con la realidad del banco, lo que ha terminado determinando un engaño colectivo de grandes proporciones, similar al que tuvo lugar hace apenas unos años con Bankia. El presente caso trata de poner de manifiesto la idoneidad de la acción de daños y perjuicios, como vía procesal de reclamación de los accionistas, al ser ya doctrina consolidada la inviabilidad de la acción de nulidad contractual cuando se adquirieron acciones en el mercado secundario, por falta de legitimación activa del Banco Popular.

Palabras claves: Banco Popular; acciones; acción de daños y perjuicios.

En los casos de donación efectuada por el causante constando la dispensa de la colación y de la declaración de irrevocabilidad efectuada por el testador con anterioridad al testamento posterior, que la dejó sin efecto, le priva de efecto de irrevocabilidad. Debe atenderse a la verdadera naturaleza y a la eficacia que el Código Civil atribuye a la dispensa de colación para concluir que la conclusión no puede ser otra entonces que la de la revocabilidad de la dispensa y la necesidad de estar a la última voluntad del causante. La dispensa es una declaración de voluntad que da lugar a que la partición se deba realizar sin tener en cuenta en ella las liberalidades percibidas en vida por los legitimarios. Se trata, por tanto, de un acto de naturaleza y eficacia mortis causa, regido por el principio de la revocabilidad.

Palabras claves: donación; sucesiones; colación testamentaria.