Casos Prácticos Derecho Civil

No son extrañas en nuestros días las ejecuciones civiles de sentencias dictadas contra las comunidades de propietarios, en las cuales estas son condenadas a pagar una determinada cantidad a un tercero ajeno a la propia comunidad, y que se acaban convirtiendo en ejecuciones imposibles como consecuencia de la actitud de la propia comunidad y de sus comuneros, que deliberadamente se colocan en una situación de insolvencia, dejando de pagar las cuotas de la comunidad, para que el acreedor ejecutante nada pueda embargar, por carencia de cualquier líquido sobre el que trabar embargo. Para hacer frente a este fraude de los copropietarios, la Ley de Propiedad Horizontal ha creado un instrumento eficaz en su artículo 22, que permitiría plantear una nueva acción judicial contra los comuneros directamente para hacerse cobro de la deuda los terceros, con los bienes propios de tales copropietarios. La cuestión es que el propio precepto exige un requisito de procedibilidad previo, que dificulta el ejercicio de la propia solución, pues antes han de estar requeridos de pago todos los comuneros. Este caso trata de dar otro planteamiento jurídico distinto a la cuestión, que evitaría tener que pasar por este requisito: considerar que la acción de tal precepto es una acción subrogatoria.

Palabras claves: propiedad horizontal; deudas de la comunidad; responsabilidad de los comuneros; acción subrogatoria.

En la práctica diaria, surgen problemas a la hora de establecer la responsabilidad acerca de quién debe responder de los daños que se causan a quien ha contratado el suministro de electricidad, como consecuencia de un corte prolongado de tal suministro. La cuestión esencial estriba en que la legislación vigente establece una delimitación de actividad en el suministro entre la empresa distribuidora y la comercializadora, y frecuentemente una y otra se eximen de esa responsabilidad, dejando en inseguridad jurídica al particular. Este, habitualmente, será indemnizado por su propio seguro multirriesgo, pero la aseguradora debe conocer a quién reclamar en el ejercicio del derecho de repetición. La actual situación ha quedado clarificada por nuestros tribunales al establecer de manera uniforme una línea indubitada que responsabiliza a ambas de los daños causados. En el presente caso, se expone cuál es la situación actual de esta cuestión y los argumentos empleados por los tribunales a la hora de resolverla, protegiendo al consumidor.

Palabras claves: suministro eléctrico; comercializadora; distribuidora; daños; responsabilidad.

En los procedimientos de relaciones paterno-filiales o de separación o divorcio, de conformidad con el artículo 96 del Código Civil, se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar teniendo en cuenta el interés más necesitado de protección, que será, existiendo hijos, sobre todo si se trata de menores de edad, por su atribución a estos, junto con el progenitor al que se atribuya la guarda y custodia. Sin embargo, en los convenios reguladores firmados por ambos progenitores que se aprueben por el juzgado con la conformidad de los progenitores litigantes, pueden introducirse determinadas cláusulas que condicionen dicha atribución, como sucedería en el caso de que fuere vendida. En estos supuestos no puede el titular del derecho de uso oponer este ante quien reclama que cese en él, aunque le hubiese sido atribuido por convenio regulador o sentencia, en el curso de un procedimiento de familia, que no es título que excluya la existencia del precario.

Palabras claves: desahucio por precario; separación o divorcio; vivienda familiar; relaciones paterno-filiales.

Resulta frecuente en los siniestros de tráfico de los que se derivan lesiones para los intervinientes, además de daños materiales, que el propio accidente dé origen a dos acciones judiciales distintas sucesivas: una primera de carácter penal y otra posterior de naturaleza civil. Igualmente resulta habitual que en el posterior pleito civil, quien resulta ser parte demandada trate de establecer su estrategia de defensa sobre la base de la excepción de prescripción de la acción civil, excepción que no puede ser planteada de oficio por el tribunal, a diferencia de la caducidad. El presente supuesto trata de delimitar cuáles son los criterios para determinar si la acción civil puede haber prescrito en los casos de acción de repetición de la compañía aseguradora contra su asegurado, si este causó el accidente por intoxicación alcohólica, y hubo unas previas actuaciones de carácter penal, pues lo acaecido en la causa penal puede afectar a las opciones de ejercicio de la acción civil por parte de la aseguradora.

Palabras claves: accidente de tráfico; acción penal; acción civil; prescripción de la acción; dies a quo.

Pueden definirse las arras penitenciales en un contrato como «las concebidas a la manera de multa, correlativa al derecho de las partes de desistir, a su arbitrio, el contrato», y no llevan otra cosa que la obligación facultativa de cumplir o pagar lo pactado, constituyendo un medio lícito de desistir del contrato mediante la pérdida o restitución doblada de las mismas. En cualquier caso, el Tribunal Supremo señala que estas arras «tienen carácter excepcional y que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales en que se establezcan».

Palabras claves: contrato de compraventa; arras penitenciales.

Analizamos en el presente trabajo un caso práctico consistente en una supuesta manipulación de un contador de la luz, en el que la distribuidora comunica por carta al consumidor (Matías) que se ha realizado una inspección en su instalación y se han detectado irregularidades consistentes en un puente de entrada-salida en la misma fase del contador.

Palabras claves: energía eléctrica; manipulación de contador de la luz; suministro; distribuidora; comercializadora.

La única forma que el copropietario tiene de canalizar el ejercicio de las acciones judiciales en beneficio de la comunidad es a través de la junta de propietarios. Nuestros tribunales han adoptado una posición claramente restrictiva respecto de la legitimación activa de cualquier copropietario para ejercitar acciones en beneficio de la comunidad al margen de la representación que ostenta el presidente. En los casos en que se admite esta legitimación del copropietario, el asunto litigioso ha de haber sido debatido en la correspondiente junta de propietarios, y la comunidad de propietarios tendrá que haber adoptado un acuerdo que legitime la pretensión del propietario. Es igualmente necesario que no exista un acuerdo comunitario en el que se muestre una oposición expresa y formal a las pretensiones del propietario, y en el escrito de demanda interpuesta por el propietario se debe hacer constar, de forma expresa, que actúa en beneficio de la comunidad. Finalmente debe haberse aprobado en junta comunitaria que determinada actuación le es perjudicial, así como su intención de iniciar las oportunas acciones judiciales, y esta adopte una actitud meramente pasiva.

Palabras claves: propiedad horizontal; legitimación activa del propietario; acciones judiciales; junta de propietarios.

El arbitraje resulta ser un instrumento legítimo para la solución de conflictos al margen del poder judicial como sistema establecido por el Estado, y es fruto de la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora bien, se hace necesario examinar si el convenio arbitral pactado por las partes en un documento como forma de resolver sus discrepancias en la ejecución de lo pactado impide que una de ellas o ambas puedan acudir ante los tribunales de justicia para solventar sus desavenencias, y, sobre todo, se hace imprescindible conocer cuál es el papel de tales tribunales a la hora de interpretar en qué medida y con qué extensión pueden cuestionar la aplicabilidad al caso concreto de este convenio arbitral cuando una de las partes acude al Poder Judicial del Estado contra la voluntad de la contraria, que exige la vigencia del pacto arbitral. ¿Puede verse afectado el derecho a la tutela judicial de una parte por la intención de la contraria de que se ejecute la solución arbitral?

Palabras claves: arbitraje; convenio arbitral; control judicial del convenio; tutela judicial efectiva.

Asistimos en nuestro tiempo a un fenómeno jurídico de protección al consumidor por parte de los tribunales de justicia frente al proceder de las entidades bancarias. Una de estas manifestaciones está siendo, recientemente, la reclamación por los particulares prestatarios a la entidad bancaria de los gastos que tuvieron en su día que abonar referidos a notario, registro de la propiedad, tasación pericial de la finca hipotecada, gastos de estudio de la operación y, finalmente, los impuestos y tributos que la operación conllevase. La reclamación ha de articularse necesariamente por la declaración judicial de nulidad de las condiciones generales de la contratación y aplicando la doctrina de la abusividad de las cláusulas contractuales. En este caso, se trata de proporcionar los argumentos jurídicos que nos puedan ayudar a entender las soluciones que nuestros tribunales dan a este tipo de reclamaciones, aun a sabiendas de que no existe uniformidad por ahora en esta materia.

Palabras claves: préstamo hipotecario; cláusulas abusivas; gastos hipotecarios; consumidor.

Analizamos en el presente trabajo un supuesto práctico consistente en infección nosocomial sufrida por una paciente que estuvo ingresada en un hospital público, en la unidad de Medicina Interna, y durante su ingreso recibió fluidoterapia y medicación intravenosa, realizándose también colonoscopia. La paciente es una de las afectadas en el brote nosocomial de hepatitis C ocurrido en el hospital, en las fechas en que la misma estuvo ingresada.

Palabras claves: responsabilidad médica; infección nosocomial; mala praxis; lex artis.