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El ritmo acelerado de crecimiento de las exportaciones y, en menor medida, la caída de las importaciones de bienes permitieron a la balanza comercial española rozar el equilibrio en el mes de mayo. El déficit registrado, de 27, 5 millones de euros, contrasta fuertemente con el déficit de 1.925,9 millones del mismo mes de 2012.

Las exportaciones españolas sumaron 20.890, 8 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo mes de 2012 y un 2,4% más que en el mes de abril de 2013. Descontando el efecto de la caída de los precios de las exportaciones, un 0,3%, el comportamiento en términos reales fue mejor, ya que crecieron un 7,7% interanual.

Este comportamiento positivo del sector exterior de la economía española contrasta con las caídas de las exportaciones en el mes de mayo de la zona euro (-2,1%), Alemania (-4,8%), Francia (-3,4%), Italia (-1,5%) o Reino Unido (-1%).

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, con el que se adapta la legislación relativa al matrimonio y las relaciones paterno-filiales a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española. El aspecto más destacado de la nueva norma es que elimina la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la custodia compartida. Para ello se reforma el artículo 92 del Código Civil y se introduce un artículo 92 bis. El objetivo es conseguir un sistema legal sin las rigideces y preferencias por la custodia monoparental del texto actual. Será el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, determine qué régimen es el más adecuado. También será él el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la custodia compartida implique necesariamente una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en periodos iguales.

Durante esta semana, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que preside en funciones el magistrado Francisco Marín Castán y se dedica a los asuntos de Derecho privado, se va a reunir en pleno, es decir, con todos sus miembros, para conocer de varios recursos de casación sobre temas muy de actualidad o que afectan a intereses económicos.

Es trascendente la reunión de la Sala en pleno para resolver estos asuntos porque, en estos casos, la sentencia que se pronuncia crea ya jurisprudencia, de tal manera que, desde que se dicta, la doctrina que se contiene en ella debe ser seguida por los tribunales inferiores.

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria está disponible el nuevo formulario de comunicación de la declaración del concurso por los administradores concursales.

En las siguientes instrucciones se detalla la manera de cumplimentar el nuevo formulario:

El artículo 21.4 de la Ley concursal, en la redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, impone a la administración concursal la obligación de comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) la declaración de concurso por los medios que ésta habilite en su sede electrónica, conste o no su condición de acreedor. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una vez superado el trámite de audiencia pública. La norma, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único europeo. De esta forma, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.

El pasado mes de enero el Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley. Dada la importancia de la norma y la voluntad del Gobierno de trabajar en ella con el máximo consenso, el texto legal se publicó en la web del Ministerio de Economía para que todas las Administraciones, instituciones, organismos y ciudadanos que lo estimaran oportuno pudieran enviar observaciones y se inició entonces un exhaustivo proceso de audiencia pública. Durante el trámite se han recibido un total de 37 observaciones y 15 informes preceptivos.

• El texto, en el que ha trabajado la sección mercantil de la Comisión de Codificación con la colaboración de más de 60 expertos en la materia, tiene cerca de 1.900 artículos
• El proyecto sustituirá el Código de Comercio vigente desde 1885
• La Comisión ha incluido en la propuesta materias que hasta ahora carecían de regulación legal, como los contratos electrónicos o los financieros mercantiles

En el artículo 169 del TFUE se  establece que la Unión debe contribuir a lograr un alto nivel de protección de los consumidores, garantizando un acceso a vías sencillas, eficaces, rápidas y asequibles para resolver los litigios nacionales y transfronterizos derivados de contratos de compraventa o de prestación de servicios.

Dicho acceso debe garantizarse tanto para las transacciones en línea como para las que no lo son, siendo especialmente importante cuando los consumidores compran en otro país.

La UE propone dos nuevas instrumentos legislativos interrelacionados y complementarios, para la resolución amistosa de  estos litigios en materia de consumo, que ha publicado en el Diario Oficial el 18 de junio:

El Consejo de Ministros acaba de aprobar, entre otras cuestiones, las siguientes:

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE CAJAS Y FUNDACIONES BANCARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, tras superar el trámite del Consejo de Estado. La norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero. Este acuerdo implica la aprobación de un nuevo marco jurídico para clarificar el papel de las cajas de ahorros como accionistas de bancos, el reforzamiento de las normas de buen gobierno corporativo y los requisitos de incompatibilidad tanto en las cajas como en los bancos controlados por ellas.

Respecto de las cajas de ahorros, el Proyecto de Ley supone una vuelta a los límites originales de estas instituciones en lo referido a su actividad financiera. Esta se centrará en el negocio minorista y en su ámbito territorial de actuación. Los límites son los siguientes:

Tal y como ya comentamos en un artículo anterior, el congreso aprobó la reforma de la ley de arrendamientos urbanos al objeto de flexibilizar y dinamizar el marco actualmente vigente del mercado de alquiler, de manera que se consiga atraer al mercado del alquiler un buen número de las viviendas actualmente vacías. Esto redundará en una mayor oferta de viviendas en el mercado, una mayor capacidad de elección de los futuros arrendatarios y una disminución en el precio de los alquileres por el aumento de la oferta. Dicha norma se publica hoy en el BOE de 5 de junio de la que recordamos los siguientes aspectos y novedades que introduce en la Ley de arrendamientos urbanos, y en la ley de Enjuiciamiento Civil:

El Ministerio de Economía y Competitividad, ha firmado hoy 4 de junio, sendos acuerdos con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para favorecer la financiación de pequeñas y medianas empresas con un compromiso de 10.000 millones de euros de créditos adicionales. Al acto de firma han asistido el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, el presidente de la AEB, Miguel Martín, y el presidente de la CECA, Isidre Fainé.

El objetivo del acuerdo es favorecer la reactivación del crédito a microempresas, pequeñas y medianas empresas, un sector que supone el 99,88% del tejido empresarial y que desempeña un papel clave en la generación de empleo y riqueza en la economía española. En conjunto, las entidades asociadas a la AEB y a la CECA se comprometen a poner a disposición de las pymes al menos 10.000 millones de euros adicionales de crédito respecto a lo concedido en 2012, con especial atención a la financiación de circulante y nuevos proyectos de inversión.