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Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Con posterioridad, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, ha sido modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, circunstancia que ha obligado a transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español las modificaciones que introduce con respecto a la Directiva modificada.

El Consejo de Ministros ha recibido hoy un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que viene a sistematizar la dispersa normativa existente en la materia. De esta forma, se simplifican y se actualizan los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho civil y mercantil.

Los proveedores con obligaciones pendientes de pago de las comunidades autónomas, según los requisitos del segundo tramo de la última fase del Plan contra la Morosidad, puesto en marcha en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, tienen desde el 29 de octubre hasta el próximo 14 de noviembre para comprobar si sus facturas están incluidas en el listado remitido por su comunidad autónoma al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• Las grandes entidades de crédito se someterán a una evaluación del riesgo, un análisis de la calidad de los activos y una prueba de resistencia
• El ejercicio comenzará en noviembre y durará doce meses
• Tiene como objetivo promover la transparencia, la corrección y el refuerzo de la confianza

El BCE anuncia hoy 23 de octubre, los detalles de la evaluación global que llevará a cabo con vistas a la asunción de la competencia plena de supervisión en el marco del mecanismo único de supervisión. También se publica la lista de las entidades de crédito que serán evaluadas. La evaluación constituye un paso importante para la preparación del mecanismo único de supervisión y, en términos más generales, hacia una mayor transparencia de los balances de las entidades de crédito y una mayor armonización de las prácticas de supervisión aplicadas en Europa.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre propuestas de modificaciones normativas que emite la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo creada por un Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo.

Se trata de las propuestas normativas que recomiendan al Gobierno incorporarlas a la legislación en materia de sociedades. Ahora, tras la presentación de este Informe, se abre un plazo de dos meses para elaborar las reformas legales que se consideren oportunas.

La reforma tiene como objetivos fundamentales la mejora de la eficacia, la responsabilidad y la transparencia en la gestión de las empresas para situarla en los niveles más altos en el ámbito internacional. Las propuestas que plantean los expertos pasan por potenciar el papel de la junta de accionistas y un mayor control en la actuación de los distintos consejeros, incluido el capítulo de las retribuciones.

En relación a las Comunidades Autónomas adheridas a la nueva fase de pago a proveedores, a través del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recuerda el proceso de dicho mecanismo.

A través de la nueva fase de pago a proveedores se van a financiar gastos del ejercicio 2012 y 2013. En relación con la cuantía de estas facturas, en su importe correspondiente al 2013, en algunas CCAA estaba previsto financiarlas a través del Fondo Liquidez Autonómico 2013, y en otras, a través de la correspondiente emisión de deuda, siempre respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores.

El objetivo principal de una nueva norma es reforzar la seguridad jurídica, tanto de éstos, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Proyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.

Tras haber pasado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de abril como Anteproyecto y tras el dictamen del Consejo de Estado y el trámite de audiencia, el Proyecto pasará ahora a ser debatido en el Parlamento.

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada General para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado hoy la puesta en marcha del último tramo para CCAA del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, de forma que se iniciará el pago a los proveedores en el mes de diciembre

Así, se permitirá que las Comunidades Autónomas puedan normalizar todos sus pagos pendientes y reducir su deuda comercial acumulada, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa en materia de morosidad, atendiendo al resto de proveedores no cubiertos en el primer tramo, que se inició en junio, ya que éste priorizó el pago de servicios básicos, como conciertos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, convenios, transferencias al tercer sector y subvenciones en I+D+i, así como todos los proveedores de las entidades locales.

El Ministerio de Justicia contará con un presupuesto de 1.472,90 millones euros para 2014, lo que supone una reducción del 2,31% respecto a las cuentas del año anterior. Un gasto que permitirá mantener la cartera de servicios que la Administración de Justicia presta a los ciudadanos y cumple con los compromisos adquiridos por este departamento al inicio de la legislatura.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Con la nueva norma se incorporan las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado y, además, se permitirá la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios.