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El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, norma que refuerza el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia de regulación prudencial. Con ello, la normativa española incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis financiera de 2008 y con carácter preventivo. El Proyecto de Ley completa y absorbe el Real Decreto Ley del 29 de noviembre de 2013 que reguló las materias más urgentes al respecto. Para su tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia.

En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,25 %, el 0,75 % y el 0,00 % respectivamente.

Fuente: Banco Central Europeo

De entre los asuntos tratados en el Consejo de Ministros destacamos los siguientes:

• Se regula la Comisión Intersectorial contra vulneraciones de los derechos de propiedad industrial
• Se regula el Tribunal Administrativo del Deporte
• Se presenta un informe sobre el anteproyecto de nuevo Código Penal Militar

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, que entrará en vigor el miércoles 29 de enero de 2014.

Crédito extraordinario de 175 millones de euros para dar continuidad al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente en su quinta convocatoria que podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios. Las ayudas, que se canalizarán necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos adheridos, son compatibles con las posibles convocatorias de ayudas que se otorgasen por la Administración General del Estado o sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculadas, para la adquisición de vehículos eléctricos (Plan MOVELE).

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía y Competitividad han puesto en marcha -a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- un instrumento para financiar a pymes innovadoras denominado 'ICO Innovación Fondo Tecnológico'.

 Esta nueva línea de financiación, con 323,6 millones de euros, será cofinanciada por el Programa Operativo Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que aportará cerca del 75% de los fondos, con el objetivo de apoyar a las empresas innovadoras que pueden tener dificultades para acceder a crédito.

De entre los asuntos tratados en el Consejo de Ministros, destacamos los siguientes:

Regulado el apoyo a las exportaciones de material de defensa

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el Título II de la Ley de 2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, que regula el apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2014 de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se publica en el BOE de 23 de enero de 2014, la relación de entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableció una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago e incorporó un código de buenas prácticas al que podrían adherirse las entidades, cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Asociación Hipotecaria Española.

Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, por la que se fijan los aranceles para el cálculo de los honorarios registrales por la emisión y gestión del código identificador de entidad.

El Identificador de entidad jurídica se reguló inicialmente en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones; atribuyéndose en España al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar el código que identificará a los intervinientes en un contrato de derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones, conforme se establece en el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa comunitaria.

Se entenderá por intervinientes a las contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades remitentes.

El SEPA es un conjunto de reglas de procedimiento y normas Marco para determinar como los bancos y otros servicios de pago pueden intercambiar información de pagos y así permitir al dinero moverse libremente, con independencia de donde estén situados.

Tras el establecimiento de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA) y con el fin de impulsar la migración de los instrumentos de pago nacionales hacia los instrumentos paneuropeos, la comunidad bancaria española acordó, entre otras medidas, elaborar un Plan de acción donde se recogiese un calendario concreto de acciones a realizar para lograr una adecuada y puntual transición a SEPA.

Entre otros asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de racionalización del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.

El presente texto adopta las medidas legislativas necesarias para implantar algunas de las recomendaciones del informe la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de junio de 2013, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa; todo ello en el marco del esfuerzo por asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público.