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El encargado de hacer el examen será el Instituto Cervantes. Estarán exentas de la prueba de idioma las personas procedentes de países en los que el español sea el idioma oficial. La prueba se adaptará para analfabetos y personas con discapacidad. No la tendrán que realizar los menores escolarizados en España.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado el 22 de abril en el Senado la introducción de criterios objetivos en las pruebas de integración necesarias para adquirir la nacionalidad española con el fin de evitar la discrecionalidad con la que actualmente se realiza esta valoración por parte de los encargados del Registro Civil.

En cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto 775/2011, de 3 junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, se ha elaborado una prueba piloto de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado.

El objetivo de la prueba es el de orientar al posible aspirante en relación con el formato, contenido y estructura de la misma.

Esta cifra supera en un solo trimestre la registrada durante todo el primer año de funcionamiento (entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2013), que fue de 4.385 solicitudes. También revela una clara aceleración durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre (1.967).

Las entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas (CBP) para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual recibieron en el último trimestre de 2013 un total de 4.523 nuevas solicitudes, según datos de la Comisión de Seguimiento.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha lanzado una consulta pública para definir las características de la convocatoria de ayudas a la I+D+i dirigida a grandes proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Es la primera vez que se realiza este tipo de consulta en el ámbito de las políticas transversales de apoyo a la I+D+i del sector TIC.

La convocatoria de ayudas a grandes proyectos TIC tiene como objetivo incentivar la realización de proyectos de investigación industrial con gran valor tecnológico y con potencial para producir un alto impacto social y económico, y para ejercer un significativo efecto tractor sobre otras empresas del sector.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de los ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro para facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, y evitar, así, informaciones contradictorias e incompletas sobre un mismo bien inmueble. La modificación de las dos normas tiene también por objeto facilitar la interoperabilidad entre ambos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Es decir, que no podrá hacerlo por escrito, como ocurre ahora.

Esta es una de las propuestas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al ministerio para la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal adaptado al siglo XXI. Y como ha adelantado el titular de Justicia durante una interpelación en la Cámara baja, la medida se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el Ministerio. Asimismo, el ministro ha confirmado que incorporará también a esta nueva ley la prohibición de que un político forme parte de una lista electoral cuando se le haya abierto juicio oral.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha firmado hoy, junto a los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; Extremadura, José Antonio Monago; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y Madrid; Ignacio González, el Protocolo para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y pesca, en su ámbito territorial.

Miguel Arias Cañete ha destacado el compromiso de las comunidades firmantes a fomentar la adhesión del resto de las Comunidades Autónomas. De hecho, Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia ya han manifestado su conformidad y, previsiblemente, se sumarán a este compromiso.

En este contexto, Arias Cañete ha ofrecido el apoyo de su Departamento para hacer posible el intercambio de información entre las comunidades. En particular, por lo que se refiere a la emisión de licencias y a la comunicación sobre infracciones. El ministro ha adelantado que el Protocolo suscrito hoy "nos compromete a poner estas medidas en práctica en el plazo de un año, (de cara a la próxima campaña de caza 2014-2015), y a ello nos vamos a aplicar".

Para el ministro, este protocolo se enmarca en la apuesta del Gobierno "por alto tan relevante como la simplificación administrativa" e "impulsar una administración más eficiente, eficaz y más barata para los ciudadanos". Además, Arias Cañete ha destacado la importancia de este protocolo para un ámbito como la caza, donde resulta difícil limitar su ejercicio al ámbito administrativo estricto de las Comunidades Autónomas.

Aunque algunas de las reformas que introduce la Ley 6/2014, de 7 de abril, deben ser concretadas posteriormente  en la norma reglamentaria de desarrollo (especialmente con la futura reforma del Reglamento de Circulación aprobado por el RD 1428/2003), podemos señalar como principales novedades que introduce en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, las siguientes:

• El hasta ahora denominado «Consejo Superior de Seguridad Vial» retoma la denominación más precisa de «Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible». Por otra parte, se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas que hayan asumido,  competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y, además, tengan transferidas funciones ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

El Tribunal Supremo archiva la querella de Manos Limpias contra el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. El sindicato querellante consideraba que el magistrado cometió prevaricación por la convocatoria urgente de un Pleno de la Sala para tomar conocimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la denominada “Doctrina Parot” y adoptar la resolución que procediera.

El Supremo señala que el auto que adoptó al respecto la Sala de lo Penal de la Audiencia –que acordó la libertad inmediata de Inés del Río- “no puede ser tildado de prevaricador” y la decisión fue además coincidente por lo acordado días después por la Sala Segunda del propio Supremo en esta materia.

• Adapta las estructuras de la Justicia al siglo XXI.
• Se reducen los tiempos de resolución con tres medidas principales: la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, fortalecimiento de la especialización judicial, y reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
• Se restringe el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluye a S.M. la Reina y a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.
• Desaparecen las categorías judiciales pero se mantiene la nominación de magistrado de forma honorífica.
• Se establece un sistema de consulta prejudicial que abre una vía de diálogo entre los jueces y el Alto Tribunal.
• El mes de agosto será hábil para las actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.
• Se potencia la función de los secretarios judiciales, que pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia, como directores de la Oficina Judicial.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial con el que se busca la agilización definitiva de la Justicia, adaptando las estructuras existentes a la realidad económica, social y jurídica del siglo XXI. Ese objetivo se logrará a través de una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los procedimientos gracias, entre otros aspectos, a la reorganización de los Tribunales y al aumento de la profesionalización y especialización judicial, que, junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, contribuirán a incrementar la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.