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Sentencia de 3 de octubre de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 Incumbe a los órganos jurisdiccionales españoles hacer todo lo que sea de su competencia para garantizar a los consumidores el alto nivel de protección que persigue la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

 La Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo  establece que el vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. En primer lugar, el consumidor podrá exigir la puesta en conformidad del bien. De no poder obtener dicha puesta en conformidad, tendrá derecho, en segundo lugar, a una reducción del precio o a la resolución del contrato. No obstante, cuando la falta de conformidad del bien entregado sea de escasa importancia, el consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato y únicamente podrá solicitar una reducción adecuada del precio de compra.

Tal es la conclusión que se alcanza en el informe 257/2013 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La consulta –realizada por un Colegio de Abogados- plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento, la comunicación a la Administración Tributaria, a requerimiento de ésta, de los datos relacionados con los informes o dictámenes referentes a minutas de sus colegiados, sean como consecuencia de juras de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de costas procesales, teniendo en cuenta que la Corporación consultante sólo emite los citados informes o dictámenes cuando le son requeridos en supuestos de impugnación de tasaciones de costas.

En su reunión de hoy 2 de octubre, celebrada en París, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,50%, el 1,00% y el 0,00% respectivamente.

Fuente: BANCO CENTRAL EUROPEO

Una delegación de la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo, llevó a cabo entre el 16 y el 27 de septiembre de 2013 el cuarto examen del programa de asistencia al sector financiero de España. El Fondo Monetario Internacional también participó en el examen en calidad de verificador independiente. A las reuniones también asistieron el Mecanismo Europeo de Estabilidad y la Autoridad Bancaria Europea. Los resultados del examen permiten concluir que el programa sigue el curso previsto.

Los mercados financieros españoles han seguido estabilizándose. Tras el descenso de los rendimientos de la deuda soberana, las condiciones de financiación en grandes sectores de la economía han mejorado, en un contexto de menor volatilidad. La situación de liquidez y la estructura de financiación del sector bancario español han continuado mejorando debido al aumento de los depósitos bancarios y a que las entidades de crédito españolas están recuperando el acceso a los mercados de financiación. La situación de solvencia de las entidades españolas ha seguido siendo cómoda tras la recapitalización de parte del sector bancario, la transferencia de activos a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y los resultados en general positivos obtenidos por las entidades españolas en lo que va de 2013.

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, publicada en el BOE de 28 de septiembre, y de entrada en vigor al día siguiente de su publicación, salvo excepciones, que se señalaran a lo largo de este comentarito..

Los graves problemas de la economía y sociedad española y la alta tasa de desempleo juvenil, justifican la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica, y junto a la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora entre los más jóvenes, lleva a considerar que la piedra angular necesaria para este cambio de cultura se deba iniciar en el sistema educativo y en la adecuación de los currículos de las enseñanzas regladas, prestando especial atención a las enseñanzas universitarias que afiancen el espíritu emprendedor adquirido por todo el alumnado a través de un profesorado que deberá adquirir competencias y habilidades relativas al emprendimiento con unos contenidos en los programas de formación adecuados la iniciativa empresarial y la creación y desarrollo de empresas.

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización.

El pasado jueves concluyó su tramitación parlamentaria con la votación de las enmiendas procedentes del Senado.

Así, a la espera de la publicación del texto en el BOE aquí os facilitamos el texto de la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados.

• Ver texto

El Tribunal Constitucional con la sentencia de 6 de mayo de 2013, publicada en el BOE en el mes de junio, viene a reafirmar el criterio legal que rige la retribución de los procuradores, que se sustenta en su naturaleza arancelaria en función de la cuantía del litigio, sin que su fijación pueda verse alterada por otro tipo de criterios, tales como el de proporcionalidad, adecuado para fijar los honorarios de los Abogados. De esta manera a pesar de los intentos del Tribunal Supremo de establecer un sistema unificado de cara a la fijación en costas de las retribuciones de ambos profesionales, el Tribunal Constitucional deja claro que nos encontramos ante dos regímenes jurídicos diferentes con criterios, en consecuencia, divergentes.

La Comisión Nacional de la Competencia,  sanciona a la asociación empresarial de peritaje y valoraciones judiciales (AEPVJ), con 30.000 euros,  por fijar honorarios profesionales en la actividad pericial, es decir,  por recomendar a sus asociados los honorarios profesionales que debían cobrar por las tasaciones  y valoraciones

Tal actuación, está prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), ya que  una recomendación colectiva de precios, restringe la competencia, agravado por  la publicación de dichas tarifas recomendadas en la página web de la Asociación con el consiguiente conocimiento general de dichos precios.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, han presidido hoy la conferencia sectorial de comercio interior, que ha aprobado el lanzamiento de la convocatoria de ayudas del Fondo Financiero de Ayuda a la modernización del Comercio Interior, dotado con casi 30 millones de euros en modalidad de préstamo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de junio la modificación del Real Decreto que regulaba el Fondo de Ayuda al Comercio Interior con el fin de poner a disposición de los comerciantes préstamos de forma ágil y acorde con sus necesidades actuales para apoyar sus inversiones y dotarles de liquidez de gastos corrientes. Una vez obtenido el visto bueno de la conferencia sectorial, la Secretaría de Estado de Comercio publicará en el BOE en las próximas semanas la convocatoria de ayudas, en la que se podrán presentar las solicitudes en el plazo de un mes.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, conocida como “ley de tasas judiciales”, al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Según el Tribunal la exigencia de una tasa, dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional, lo que no puede ser constitucional es que el pago de dicha tasa condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial; y si son estas dos consecuencias inevitables, si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales”.