Jurisprudencia

Para la Sala II las frases publicadas en Facebook por el acusado, sobre todo tres de ellos, "contienen una manifestación del discurso del odio al propiciar y alentar una incitación o provocación, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista”

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado en su sentencia de 15 de diciembre de 2016, la condena a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo que la Audiencia Nacional impuso a un joven que publicó en Facebook mensajes en los que elogiaba a ETA e ironizaba con matar a policías.

El Derecho de la Unión se opone a una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, pero los Estados miembros podrán establecer, con carácter preventivo, una conservación selectiva de esos datos con la única finalidad de luchar contra la delincuencia grave, siempre que tal conservación se limite a lo estrictamente necesario por lo que se refiere a las categorías de datos que deban conservarse, los medios de comunicación a que se refieran, las personas afectadas y el período de conservación establecido. El acceso de las autoridades nacionales a los datos conservados debe estar sujeto a requisitos, entre los que se encuentran en particular un control previo por una autoridad independiente y la conservación de los datos en el territorio de la Unión.

Conforme a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas

En España, muchos particulares han iniciado procesos judiciales contra entidades financieras solicitando que se declarara que las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con los consumidores eran abusivas y que, en consecuencia, no vinculaban a los consumidores. Las cláusulas en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral (o «suelo») fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral y sin que le resulte aplicable un tipo inferior al mismo.

La Sección 16 estima el recurso de apelación de la portavoz del Ayuntamiento madrileño y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid, que la condenó a una multa de doce euros diarios durante doce meses por la comisión de un delito de ofensa los sentimientos religiosos.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación formulado por la portavoz del Ayuntamiento de la Capital, Rita Maestre, contra la sentencia de 18 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid por la que fue condenada a una multa de doce euros diarios durante doce meses por la comisión de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 524 del Código Penal.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 30 de noviembre de 2016, de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres, ha resuelto estimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el recurso de apelación n.º 275/2014, que anula parcialmente.

Los demandantes habían solicitado la nulidad de los contratos de suscripción de dichos productos financieros por error vicio del consentimiento, y la restitución del total capital desembolsado.

• TS. Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades de crédito para la prevención del blanqueo de capitales
• TS. Anula la designación de aspirantes a guías en el Congreso por falta de motivación en la valoración de méritos y entrevista
• TSJ. Acción administrativa. Procedimiento sancionador. Farmacias
• TS. Energía eléctrica. Financiación del bono social. Derecho Comunitario
• TS. Régimen Local. Denegación por el Consejo de Ministros de la autorización para celebrar una consulta popular en un municipio sobre el mantenimiento de una concesión. Asunto ajeno a la competencia municipal
• AN. Expropiación forzosa. Pago por la Administración del justiprecio en sustitución de la beneficiaria/concesionaria, que se encuentra concursada   

• TS. Naturaleza ganancial o privativa de la indemnización por despido en la liquidación del régimen económico matrimonial
• TJUE.La normativa española que somete los honorarios de los procuradores a un arancel es acorde  a la normativa Europea
• TS.Prohibición de pactar plazos más amplios de pago fuera del límite temporal de la Ley 3/2004 en las operaciones comerciales
• TS. Suspensión temporal la obligación de un progenitor al pago de la pensión alimenticia de sus hijos menores
• TS. El comprador de un automóvil defectuoso de fábrica no tiene obligación de pagar el contrato de financiación hasta que no se le facilite un vehículo en condiciones o se solucionen las averías
• TS. Edificación. Responsabilidad decenal.Acción de repetición del constructor Responsabilidad solidaria declarada en sentencia sin determinación de cuota de los agentes intervinientes. Exoneración del promotor
• TS. Menores. Extranjeros no acompañados en situación irregular. Documentación con datos en aparente contradicción con la apariencia física Averiguación de la edad real de la persona. Reiteración de doctrina jurisprudencial 

• TS. Concurso de acreedores. Incidente concursal. Acción de contenido patrimonial contra el concursado. Reclamación extemporánea. Crédito no concurrente
• TS. Contrato de permuta financiera. Obligaciones de información de la entidad de servicios de inversión y error vicio del consentimiento
• TS. Contrato de transporte aéreo de mercancía y la aplicación del Convenio de Varsovia por pérdida
• TS. Disolución de Sociedad limitada por pérdidas y el cálculo o determinación del patrimonio neto
• TS. Salvo excepciones, la perpetuidad se opone a la naturaleza de los contratos y atenta al orden jurídico
• Transporte terrestre de mercancías. Daños en la carga. Interrupción y suspensión del plazo de prescripción. Interpretación del artículo 79.3 LCTTM en relación con el 32.2 CMR. Comunicación de los daños por e-mail
• TS. Préstamo mercantil. Pacto de liberación del afianzamiento y vencimiento anticipado de la obligación. Interpretación integradora de las cláusulas
• TGUE. Marca comunitaria. Oposición del titular de marca anterior a productos o servicios no similares. El Corte Inglés/The English Cut 

• TS. Domicilio de la víctima a efectos de agravar la pena de un delito
• TS. Delitos contra la ordenación del territorio. Demolición de lo construido sin licencia y completamente fuera de ordenación
• TS. Blanqueo de capitales. Autoblanqueo constitutivo de delito
• TS. Responsabilidad penal del administrador. Una persona que actúa en la condición de investigado como representante legal de la sociedad querellada no puede ser condenada con carácter individual
• TS. Delito de blanqueo de capitales por imprudencia
• TS. Estafa continuada: Es imperativa la imposición de la mitad superior cuando una de las defraudaciones agrupadas en un único delito continuado supera los 50.000 euros

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado tramitar el incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía del Estado en relación con varios apartados de la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre. En concreto, los apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña”. Según el abogado del Estado, la citada Resolución contraviene la STC 259/2015, que hace un año declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución de la Cámara catalana 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. Contravendría también los autos con los que el Tribunal estimó dos incidentes de ejecución anteriores, referidos a la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias (auto de 19 de julio de 2016), y la Resolución 263/XI de la misma Cámara autonómica, de 27 de julio de 2016, por la que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (auto de 6 de octubre de 2016).