Jurisprudencia

La Sala Primera aplica la doctrina del propio tribunal europeo, que reconoce la importancia del principio de cosa juzgada

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto de 4 de abril de 2017, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar una sentencia firme dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Torremolinos en octubre de 2016.

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia  de 28 de marzo de 2017, que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal (que castiga con pena de 6 meses a 1 año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la tasa de alcoholemia). La sentencia -que cuenta con votos particulares discrepantes firmados por 6 magistrados- destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

• La nulidad del nombramiento del presidente de comunidad de propietarios no afecta a la validez de los actos realizados bajo su presidencia
• El consentimiento de un abonado telefónico a la publicación de sus datos abarca también su utilización en otro Estado miembro
• Legitimación activa del arrendador para instar el desahucio aunque en un momento posterior a la presentación de la demanda se trasmitiera la propiedad
  
• El Supremo confirma la condena a Lucía Etxebarría por intromisión ilegítima en el derecho al honor
• Régimen de la compensación por trabajo doméstico en la disolución de la separación de bienes

• Responsabilidad de la entidad bancaria domiciliataria del pago de pagaré con endoso falso por el sistema de compensación
• Dispensa de la prohibición de competencia al socio administrador de una SL. Deber de abstención en la votación del acuerdo social
• Efectos en el retraso en el pago de la prima de seguros y la suspensión de la cobertura
• La cancelación del Swap no implica la renuncia al ejercicio de la acción de nulidad
• El Tribunal General deniega la marca europea a Vega Sicilia por contener el nombre la denominación de origen "Sicilia"
• Los honorarios de abogado y procurador que actuaron en defensa y representación de una mercantil en solicitud de concurso necesario son créditos contra la masa
  

• Momento procesal para decidir sobre las objeciones de admisibilidad de una prueba de intervención telefónica
• Cómputo temporal para el cálculo de la prescripción del delito de apropiación indebida
• Condena a los autores de una estafa piramidal de 39 millones de euros con más de 1.300 perjudicados
• Delito de falsedad en documento público u oficial y la pertenencia a una organización o grupo criminal
  

• Anulada una multa del SER por no ir acompañada de una foto del vehículo sancionado
• La autorización de residencia del hijo no comunitario de un español no puede estar sujeta a demostración alguna de solvencia
• La normalización urbanística de fincas y su distinción de la reparcelación
• Notas fundamentales del derecho de petición

La sentencia señala que la acusada se encontraba “en el pleno y correcto ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad”

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería ha absuelto a una madre para la que la Fiscalía pedía nueve meses de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El magistrado titular ha considerado probado que el pasado 28 de febrero una madre se encontraba en el hogar familiar con su hijo de 15 años, que se encontraba jugando con el móvil y dado que su hijo “no quería dejar de jugar con el móvil y ponerse a estudiar, se lo quitó, si bien para ello, ante la negativa violenta del menor tuvo que forcejear levemente con él”.

La AN no considera enaltecimiento, tuits como: “Hace 35 años el BVE asesinó a quien nos libró de Carrero Blanco” o “Juan Carlos Primero, más alto que Carrero”.

Absuelto un abogado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el que fue juzgado por publicar una decena de tuits que la Fiscalía consideraba como un delito de enaltecimiento del terrorismo por el que solicitaba una condena de dos años de prisión y diez de inhabilitación.

Señala que el núcleo de la conducta enaltecedora punible se halla en la incitación a la ejecución de delitos de terrorismo que produzca un peligro de que se puedan cometer, una provocación o incitación que ha de ser acompañadas de un riesgo cierto de producción poniendo en situación de riesgo a las personas, los derechos de terceros o al propio sistema político democrático

La sociedad belga European Directory Assistance (EDA) ofrece servicios de información sobre números de abonados y el suministro de guías accesibles al público desde el territorio belga. Dicha entidad solicitó a las empresas que asignan números de teléfono a abonados de los Países Bajos (a saber Tele2, Ziggo y Vodafone Libertel) que pusieran a su disposición los datos relativos a sus abonados, basándose para ello en una obligación prevista en la normativa neerlandesa, que es en sí misma una trasposición de la Directiva europea relativa al servicio universal¹. Al considerar que no estaban obligadas a suministrar esos datos a una empresa establecida en otro Estado miembro, las mencionadas empresas se negaron a suministrar los datos solicitados.