Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado tramitar el incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía del Estado en relación con varios apartados de la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre. En concreto, los apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña”. Según el abogado del Estado, la citada Resolución contraviene la STC 259/2015, que hace un año declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución de la Cámara catalana 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. Contravendría también los autos con los que el Tribunal estimó dos incidentes de ejecución anteriores, referidos a la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias (auto de 19 de julio de 2016), y la Resolución 263/XI de la misma Cámara autonómica, de 27 de julio de 2016, por la que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (auto de 6 de octubre de 2016).

Una de las aspirantes que no superó la entrevista recurrió el nombramiento propuesto por la comisión de selección basándose en que ella era la que tenía mejor puntuación, en que no había constancia del desarrollo de las entrevistas ni del curso de las deliberaciones y que tampoco se conocían los criterios para adjudicar las puntuaciones.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, en su sentencia de 22 de noviembre de 2016, la designación de dos aspirantes a plazas de guías en el Congreso de los Diputados al acreditarse que la comisión de selección causó indefensión a otra candidata, que no fue elegida, por aplicar de forma incorrecta las bases de la convocatoria y no motivar su actuación en la fase de entrevista.

El juez considera que las expresiones dirigidas contra algunos jugadores son un “patente rechazo intolerante de la afición del equipo contrario hacia el comportamiento deportivo de los participantes en el encuentro”.

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 3 de la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 9.000 euros impuesta al Sevilla FC por los cánticos de una parte de su afición contra jugadores del Real Madrid durante el partido de Liga entre ambos equipos de la temporada pasada, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el 8 de noviembre de 2015.

• TS. Derecho concursal. Modificación de la lista definitiva de acreedores. Interpretación del art. 97 bis.1 de la Ley Concursal
• TS. Entidades de crédito. Servicios de pago. Competencia desleal. Cierre de cuentas corrientes. Prevención del blanqueo de capitales. Restricción de la libre competencia
• TS. Efectos del concurso de acreedores sobre un contrato de arrendamiento vigente al tiempo de la declaración
• TS. Asesoramiento financiero. Actuación de la entidad bancaria como agente colocador. Deber de información al cliente. Valoración de la prueba. Indemnización. Lucro cesante. Intereses
• TS. Contrato de comisión. Fabricación de medicamentos. Resolución por incumplimiento del comitente. Falta de realización de las previsiones de compra y de pedidos en firme. Pactos de compra mínima. Principios del Derecho Europeo de la Contratación (PECL)
• TJUE. Reproducción digital de los libros no disponibles en el comercio vulnerando derechos exclusivos de los autores

• TSJ. Extranjería. Reagrupación familiar. Matrimonios de complacencia. Fraude de ley.
• TSJ. Extranjería. Revocación de expulsión de extranjero por su paternidad de español acaecida con posterioridad al dictado de la resolución sancionadora.
• TSJ. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída al tropezar con unos adoquines sueltos en la calle.
• TS. Ha de atenderse a la fecha del inicio del expediente de justiprecio para determinar la legislación aplicable en las expropiaciones.
• TS. La aplicación de la vía de hecho y del silencio administrativo en la petición internacional de asilo.
• TS. Declarada la nulidad del apartado 9 a), de la Disposición adicional segunda del reglamento de Costas aprobado por RD 876/2014.

• TS. Compraventa de viviendas en construcción. Incumplimiento del vendedor. Retraso en la entrega. Resolución del contrato
• TS. Compraventa de vivienda en construcción. Incumplimiento esencial de la vendedora. Resolución
• TS. Derecho al honor de persona jurídica. Libertad de expresión. Derecho de réplica
• TS. Divorcio contencioso. Pensión de alimentos. Momento del devengo: Interposición de la demanda o resolución que los fija
• TS. Reconocimiento del derecho de pensión compensatoria en caso de divorcio
• TS. Proceso civil. Tutela judicial efectiva. Acceso al recurso. Gravamen necesario para apelar. Extinción de la eficacia de avales a primer requerimiento
• TS. Acción de rescisión por fraude de acreedores. Suspensión del plazo de caducidad. Pendencia de proceso penal por alzamiento de bienes
• TS. Condena a una cadena de televisión por emitir la imagen de una víctima de violencia de género, grabada en un juicio
• TS. Divorcio. Atribución del uso de la vivienda familiar cuando los hijos ya son mayores de edad. Igualdad entre los cónyuges y la fijación de uso alternativo
• TS. El Supremo rechaza cambiar el orden de los apellidos de un menor inscrito con el primer apellido materno    

• AP. Quebrantamiento de condena de prohibición de comunicarse por dar a “me gusta” en el perfil de Facebook de la víctima
• TS. Lesiones determinantes de deformidad por la pérdida de incisivos
• TS. Responsabilidad civil en el alzamiento de bienes. Supuesto especial
• TS. Delito de estafa impropia. Elementos
• JP. Delito contra la seguridad vial en su modalidad de negarse a someterse a las pruebas de determinación alcohólica

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reunida en Pleno no jurisdiccional, ha aprobado hoy un acuerdo que dispone que la atenuación para delitos de terrorismo introducida en la reforma legal de marzo de 2015 para casos "de menor gravedad" no es aplicable de forma automática “por el mero hecho de que el sector de la organización en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas”, sino que es necesaria una evaluación caso por caso por parte de los jueces y tribunales.

En esa evaluación de cada caso concreto se tendrán que tener en cuenta los siguientes criterios: “Para la aplicación de esta atenuación podrá tomarse en consideración el dato de si la rama de la organización terrorista en la que se integra el acusado o condenado es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acción armada o atentado violentos, o una de las organizaciones dependientes que se integran en el entramado de la organización armada para cooperar con sus fines. En este último caso habrá de valorarse tanto la actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la organización, grupo o sector en el que se integra, como la relevancia o entidad de las funciones o misiones que desarrolla este sector de la organización dentro del conjunto del entramado terrorista”.

Determinación del orden de apellidos de un menor, existiendo desacuerdo de los progenitores, en los casos de paternidad reconocida en procedimiento de reclamación paternidad no matrimonial.

El Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 10 de noviembre de 2016, de la que ha sido ponente el magistrado D. Eduardo Baena Ruiz, ha estimado el recurso de casación interpuesto por la madre demandada, en un procedimiento en el que el padre ejercitó la acción de reclamación de la paternidad no matrimonial y se planteó la cuestión del orden de apellidos de los hijos menores en los supuestos en los que se determina la filiación de manera sobrevenida y no existe acuerdo entre los progenitores. Esto es, si declarada la filiación paterna sobrevenida, debe de mantenerse el primer apellido materno con el que fueron inscritos los menores al tiempo de su nacimiento o si, por el contrario, procede su alteración con la determinación del primer apellido paterno.

La Directiva sobre derechos de autor se opone a una normativa nacional que autoriza la reproducción digital de los libros no disponibles en el comercio vulnerando derechos exclusivos de los autores. Dicha normativa debe garantizar la protección que la Directiva concede a los autores y velar, en particular, por que éstos sean efectivamente informados de la explotación digital que se pretende hacer de su obra y tengan además la posibilidad de ponerle fin sin formalidad alguna.

En Francia, los «libros no disponibles» se definen como los libros publicados antes del 1 de enero de 2001 que ya no se difunden ni se publican en formato impreso o digital. Según la normativa francesa, una sociedad de recaudación y distribución de derechos reconocida, la SOFIA, es la encargada de autorizar la reproducción y la comunicación en formato digital de los libros no disponibles, si bien los autores o los derechohabientes de tales libros pueden oponerse o poner fin al ejercicio de tales derechos en determinadas condiciones.