Jurisprudencia

• AP. Delito de atentado y  la consideración de autoridad o funcionario público
• TS. Subtipo atenuado del delito de tráfico de droga por escasa cantidad y el tratamiento farmacológico a efectos de la consideración de un delito de lesiones
• TS. Acusación falsa y falso testimonio: progresión delictiva
• TS. Dies a quo para el cómputo del plazo de cancelación de las distintas penas acumuladas
• TS. Blanqueo de capitales. Autoblanqueo. Predeterminación del fallo. Incongruencia omisiva 

La excesiva duración del procedimiento causó a la vez un perjuicio material (el pago de los gastos de la garantía bancaria) y un perjuicio moral (la situación de incertidumbre en que se encontraron ambas sociedades).

Las sociedades Gascogne Sack Deutschland (antes Sachsa Verpackung) y Gascogne (antes Groupe Gascogne) presentaron el 23 de febrero de 2006 ante el Tribunal General de la Unión Europea unos recursos en los que solicitaban que se anulara la Decisión de la Comisión en un asunto relativo a un cártel en el mercado de los sacos industriales.¹ El Tribunal General desestimó esos recursos en dos sentencias de 16 de noviembre de 2011.² Ambas sociedades recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia, que en dos sentencias de 26 de noviembre de 2013³ confirmó las sentencias del Tribunal General y, por tanto, las multas de 13,2 millones de euros en total impuestas a las dos sociedades. El Tribunal de Justicia indicó, no obstante, que estas sociedades podían interponer recursos de indemnización solicitando la reparación de los perjuicios que hubieran podido sufrir como consecuencia de la excesiva duración del procedimiento ante el Tribunal General.

La Sala de lo Contencioso revoca la sentencia del TSJ de Madrid que había confirmado la multa y señala que “la razón última de la sanción impuesta es, cuando menos, inexacta”

La Sala III del Tribunal Supremo,  en su sentencia de 14 de diciembre de 2016, ha anulado una multa de 600.000 euros impuesta en diciembre de 2011 por la Comunidad de Madrid a “Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.”, por facturar a los usuarios por estimación del consumo de energía eléctrica realizado, lo que entendía que eran servicios no prestados de forma efectiva.

El Supremo estima el recurso de Iberdrola y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había confirmado la multa. El alto tribunal recuerda que el Real Decreto 1578/2008 establece en su disposición adicional séptima que “la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas (hasta 10kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente llevándose a cabo con base en lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto”.

La Sala III del Tribunal Supremo ha establecido que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia.

La Sala III, en su sentencia de 14 de diciembre de 2016, rechaza el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestimó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechazó la petición de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaración del IRPF, como ocurre con la Iglesia Católica.

La cláusula que traspasa todos los gastos de constitución de una hipoteca al cliente es inválida.

Aparecida en prensa una noticia que puede ser otro varapalo para los bancos, en relación a la constitución de hipotecas vinculadas a la compra de viviendas, ya que las entidades de crédito, suelen incluir una cláusula parecida a esta:

• AP. Contratos bancarios. Préstamo multidivisa. Producto financiero complejo. Deber de información de la entidad financiera. Cliente consumidor. Vicio en el consentimiento. Nulidad
• AP. Hipoteca multidivisa. Validez de la cláusula multidivisa. Ausencia de nulidad o anulabilidad por falta de transparencia, abusividad o error en el consentimiento. Doctrina de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid
• TJUE. La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión
• JPI.Nulidad de cláusula suelo. Retroacción de efectos. Aplicación de la doctrina de la STJUE de 21 de diciembre de 2016
• TS. Seguro de daños. Lucro cesante. Día inicial para el ejercicio de la acción
• TS. El Supremo determina el alcance de las devoluciones en casos de nulidad de preferentes
• JM. Un juzgado prohíbe a Gas Natural emitir facturas de consumo con una demora superior a un año
• JM. Propiedad intelectual. Visualización online de partidos de fútbol cuyos derechos de explotación audiovisual corresponden en exclusiva a persona distinta del titular de la web. Enlaces. Comunicación pública. Sociedad unipersonal. Levantamiento del velo. Rojadirecta
• TJUE. Marca comunitaria. Riesgo de confusión. Alcance del derecho exclusivo conferido al titular. Período quinquenal consecutivo al registro

• TJUE. No se puede imponer una obligación general de conservación de datos a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
• TJUE. Autoridades nacionales de reglamentación. Independencia. Cese de Presidente y Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones antes de la expiración de sus mandatos, tras la creación de la CNMC. Falta de previsión en el derecho español de la causa de cese
• AN. Vinculación del contratista a las modificaciones que se acuerden respecto de un contrato originario en cuanto lo asuma con su firma
• TS. Riesgo de confusión de marcas, con la asociación de administradores de fincas de España
• TS. Jerarquía normativa. Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Vías de acceso. Intervención de los Consejos Generales. Composición de la comisión evaluadora. Paridad 
• TC. Relaciones paterno-filiales. Competencias estatales y autonómicas en la Comunitat Valenciana
• TSJ. Nulidad de la declaración del «Toro enmaromado de Astudillo/Toro del pueblo» como espectáculo taurino tradicional. Ausencia de características distintivas y singulares. Falta de acreditación de la antigüedad y continuidad histórica del festejo. Discrecionalidad

• TS. Requisitos de la prescripción adquisitiva sobre bienes muebles. Espada del Cid Campeador
• TS. Responsabilidad extracontractual. Solidaridad impropia. Reclamaciones extrajudiciales. Interrupción de la prescripción. Lesiones causadas por una caída
• TS. Demanda de error judicial por una resolución del Letrado de la Administración de Justicia
• TS. El TS rechaza la demanda de José María Aznar por lesión a su honor a raíz de un artículo publicado sobre "contrapartidas" exigidas a Miguel Blesa
• AP. Obras de urbanización. Reintegro de costes de las redes de telecomunicaciones solicitada por la promotora/constructora a la compañía de telefonía. Propiedad horizontal tumbada

• AN. Atenuante muy cualificada de confesión tardía
• AP. La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Rita Maestre del delito contra los sentimientos religiosos
• TS. Se confirma la condena a un joven por elogiar a ETA y justificar atentados contra policías en Facebook
• TS. Abono de prisión provisional. Doctrina del doble cómputo
• TS. Expulsión de extranjero, el nuevo régimen legal de sustitución de todas las penas

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andrés Palomo del Arco, instructor de la causa seguida por delitos de prevaricación y desobediencia contra el actual diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs i Molist en relación a la consulta del 9-N de 2014, ha dictado el auto de 29 de diciembre, de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, con lo que pone fin a la instrucción y da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de las actuaciones, o, excepcionalmente, alguna diligencia complementaria.