Jurisprudencia

Cuando un cártel provoca el aumento de los precios de los competidores, puede que los miembros del cártel deban responder del perjuicio causado.  En ese caso, la víctima puede reclamar la reparación aunque no tenga ningún vínculo contractual con los miembros del cártel.

El Derecho de la Unión prohíbe las concertaciones contrarias a la competencia. En ese contexto, las empresas que participan en un cártel son responsables del perjuicio que otras personas puedan sufrir debido a esta infracción del Derecho de la competencia.

Al llevar a cabo el control judicial de un internamiento prolongado, la autoridad judicial competente debe poder sustituir la decisión de la autoridad que ha ordenado el internamiento inicial de un nacional de un tercer país en situación irregular por su propia decisión.

Por otra parte, la prórroga del internamiento debe adoptarse mediante un acto escrito en el que se indicarán los fundamentos de hecho y de Derecho, acto que deberá ser objeto de un control de legalidad por la autoridad judicial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, que establece el llamado “euro por receta”. La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, reitera los argumentos con los que, el pasado 6 de mayo, el Pleno declaró la inconstitucionalidad de la tasa farmacéutica en Cataluña.

• TS. La esposa del causante, instituida legataria del usufructo universal de la herencia, tiene legitimación para el ejercicio de la acción de desahucio por precario frente a los instituidos herederos, hijos del causante.
• AP. Extinción de la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad que no aprovecha la formación y no tiene interés en incorporarse al mercado laboral.
• TS. Diferenciación entre incumplimientos resolutorios y esenciales en el ejercicio de las facultades unilaterales de resolución contractual.
• TS. Divorcio. Guarda y custodia compartida. Interés del menor. Criterios para su apreciación. Motivación de la medida. El concepto de “excepcionalidad”.
• TS. Nulidad de actuaciones. Grabación defectuosa de las sesiones en la instancia. Dificultad para apreciar declaraciones de peritos por el tribunal de apelación. Falta de denuncia en el recurso precedente.
• SAP. Separación de bienes. La compensación del 1438 del Código Civil.
• AP. Arrendamientos urbanos. Vivienda. Resolución. Denegación de prórroga por causa de necesidad.

Selección de jurisprudencia de Derecho Mercantil (del 16 al 31 de mayo de 2014)

• TS. Reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización. Gastos no deducibles.
• TS. Examina si, a los efectos del artículo 1597 CC, en la reclamación efectuada por el subcontratista al propietario de la obra por deudas contraídas por el contratista, la entrega de un crédito documentario irrevocable debe considerarse con valor de pago desde el momento de su libramiento o si es preciso esperar al momento de la entrega del importe al beneficiario para poder considerarlo satisfecho.
• TS. Nulidad parcial de modelo industrial comunitario registrado. Un diseño industrial es singular cuando su impresión de conjunto difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños en un usuario informado.
• TS. Efectos de la resolución contractual en los créditos refaccionarios y de la cancelación de su asiento en el registro de la propiedad.
• TS. Competencia desleal. Actos de denigración. Menoscabo del crédito. Actos de obstaculización. Legitimación en materia de consumidores. Agencia de viaje. Intermediación a través de screen scraping.
• TS. Contratos. Suscripción ante notario de compromiso de compra de acciones. Reclamación de cumplimiento anticipado. Concurso y disolución de una de las suscriptoras. Imposibilidad de incumplimiento.
• TCJ. Conflicto de jurisdicción. AEAT y Juzgado de lo Mercantil. Embargo administrativo trabado antes de la declaración de concurso. Competencia de la AEAT para declarar su nulidad.

• TS. El Tribunal Supremo confirma a la banda latina de los Trinitarios como organización criminal.
• TS. ¿Extinguida por prescripción la responsabilidad de los autores principales, debe quedar extinguida la de los cooperadores necesarios?
• TS. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación a la determinación coactiva a la prostitución.
• TS. Autoría en el delito de apropiación indebida: situación del "extraneus".
• TS. Derecho a un juez imparcial y como queda afectado el principio cuando se resuelve recursos de apelación contra autos del Juez de Instrucción.
• TS. No es posible apreciar la continuidad delictiva en el delito de blanqueo de capitales.

• TS. Los Jueces de Paz están sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los Jueces de Carrera, y por tanto es incompatible ser funcionaria del Ayuntamiento del municipio para el que desea ser nombrada Juez de Paz. 
• TS. Una sentencia de fecha posterior no sirve como documento decisivo a los efectos del recurso de revisión.
• TS. Extranjería. Denegación de visados de residencia sin finalidad laboral. Acreditación de la suficiencia de medios para atender gastos de manutención y estancia.  Motivación.
• TS. Junta Electoral Central. Denegación de autorización para la celebración de consulta multireferéndum coincidente con la jornada de reflexión y las elecciones al Parlamento Europeo.
• TS. Impugnación del nombramiento del Presidente y los Vocales del CGPJ. Recurso interpuesto por un Grupo Parlamentario y su portavoz. Falta de legitimación de ambos y de capacidad procesal del Grupo.
• AN. Sanción a entidad de crédito radicada en Gibraltar. Actuación en España en régimen de libre prestación de servicios sin establecimiento permanente. Omisión de deberes de control interno y comunicación. Competencia del organismo español. Encaje de la normativa española en el Derecho Comunitario.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a la ex presidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por delito de concierto para defraudar a la administración en concurso medial con otro de prevaricación administrativa, y un tercero de revelación de secretos.

Asimismo, condena a cuatro años de cárcel al ex vicepresidente del Consell, Miguel Ángel Nadal y a penas de entre ocho meses y un año de cárcel a otros ex responsables del Consell (Bartomeu Vicens y Miguel Ángel Flaquer), al abogado Santiago Fiol y al responsable del grupo inmobiliario Sacresa Roman Sanahuja.

La madre formuló demanda de desahucio contra su hijo ocupante de la vivienda familiar alegando su condición de usufructuaria vitalicia universal de la herencia de su esposo, pero el Juzgado la desestimó al entender que el piso pertenecía a todos los herederos sin distribución de cuotas

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha fijado doctrina en interés casacional en un asunto en el que se planteaba, como cuestión doctrinal, si la esposa del causante, instituida legataria del usufructo universal de la herencia, ostentaba legitimación para el ejercicio de la acción de desahucio por precario frente a los instituidos herederos, hijos del causante, o si, por el contrario, dicha legitimación solo le ampara para actuar en beneficio de la comunidad hereditaria, mientras la herencia permanezca total o parcialmente en estado de indivisión.

• TS. Agravamiento de la víctima de un delito de lesiones por su alta pedida de manera voluntaria.
• TS. Margen de actuación en la revisión de sentencias absolutorias. El trafico de drogas y el consumo compartido como conducta atípica.
• TS. Falsificación de la historia clínica de un paciente.
• TS. Colisión del delito de estafa del art. 251.1 con el Código civil que admite la validez de la doble venta.
• TS. La prueba en los delitos de blanqueo de capitales.
• TS. Compensación de la pena privativa de libertad impuesta con los días en que hubo de comparecer ante el Juzgado de instrucción (1 y 15 de cada mes durante 18 meses) para cumplir la obligación apud acta de comparecencia para garantizar la libertad provisional.