Jurisprudencia

El hecho de que el retraso del vuelo inicial no haya excedido los umbrales que exige el Derecho de la Unión no afecta al derecho a la compensación.

El Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, les concede, en principio, asistencia durante el retraso de su vuelo. El Reglamento sólo reconoce expresamente un derecho a la compensación cuando los vuelos son cancelados. Sin embargo, el Tribunal de Justicia determinó, en su sentencia Sturgeon¹, que los pasajeros cuyo vuelo ha sufrido retraso pueden también ser compensados si llegan a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la llegada prevista. Dicha compensación a tanto alzado, de un importe entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo, está determinada por el último destino al que llegará el pasajero después de la hora prevista.

El Derecho de la Unión no prevé limitación temporal o económica a esta obligación de asistencia a los pasajeros (alojamiento, comida, refrescos)

Conforme a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de cancelación de su vuelo, el Derecho de la Unión ¹ obliga al transportista aéreo a proporcionar a los pasajeros tanto asistencia como una indemnización. En cuanto a la obligación de asistencia, el transportista aéreo debe proporcionar gratuitamente, teniendo en cuenta el tiempo de espera, refrescos, comida y, llegado el caso, un alojamiento en un hotel, un transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento y medios de comunicación con terceros. El transportista aéreo está obligado a cumplir esta obligación aun cuando la cancelación del vuelo se deba a circunstancias extraordinarias, es decir, a circunstancias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. En cambio, el transportista aéreo puede sustraerse a su obligación de indemnización si puede demostrar que la cancelación del vuelo se debe a tales circunstancias.

A raíz de la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull se cerró el espacio aéreo de varios Estados miembros –incluido el espacio irlandés– entre el 15 y el 22 de abril de 2010 por los riesgos que entrañaba para las aeronaves.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de las tasas judiciales el 24 de enero de 2013.

La Sala rechaza el incidente de suspensión cautelar planteado por el Colegio de Abogados de Ourense en el recurso contra la Orden HAP 2662/2012, de 13 de diciembre, del Ministerio de Hacienda por el que se aprobaron los modelos de cobro de las tasas judiciales.

En un auto, los magistrados explican que admitir el incidente de suspensión prejuzgaría la cuestión de fondo, tal y como estableció en un auto la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del 14 de junio de 2012, cuando se pronunció sobre la “apariencia de buen derecho” en medidas cautelares, explicando que, de aplicarse, “se prejuzgaría la cuestión de fondo de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental, como es el proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-283/11, establece que “la Carta de los Derechos Fundamentales no obsta para que la contraprestación que quien goza de los derechos de retransmisión en exclusiva puede solicitar por la emisión de resúmenes informativos en otras cadenas se limite a los costes de carácter técnico.”

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual ¹ permite a cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión emitir resúmenes breves de carácter informativo relativos a acontecimientos de gran interés público sobre los cuales existen derechos de retransmisión en exclusiva. Pueden seleccionarse libremente extractos breves procedentes de la señal del organismo que goza de los derechos exclusivos, al cual se le abonará una contraprestación que equivaldrá únicamente a los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso a la señal.

Sky Österreich rechaza dichas condiciones financieras en el marco de un litigio con el organismo público austriaco de radiodifusión, ORF. Sky transmite vía satélite la programación digital codificada denominada «Sky Sport Austria» y adquirió en su momento los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva para Austria de los partidos de la Liga Europa de las temporadas 2009/2010 a 2011/2012. Sky alega que abona anualmente varios millones de euros por la licencia y los costes de producción. Pues bien, KommAustria, que es el órgano regulador del sector de las comunicaciones en Austria, obligó a Sky a conceder a ORF el derecho a emitir resúmenes informativos sin tener en cuenta dichos gastos. Los costes en los que se había incurrido directamente por prestar el acceso a la señal del satélite ascendían en el caso concreto a cero euros.

Conforme a una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012, la obra científica, mencionada en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, es susceptible de protección como objeto del derecho de autor, pero no por su contenido - científico, técnico o útil en la práctica - sino por tener - si la tiene - una forma de exposición original.

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas -de 9 de septiembre de 1886, revisado el 24 de julio de 1971 y ratificado por España mediante Instrumento de 2 de julio de 1973- no se refiere a las obras científicas -artículo 1-, aunque, al hacerlo a las literarias y artísticas, menciona -artículo 2- "las producciones en el campo literario, científico y artístico [...]".

En conclusión, las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual, por razón de su contenido -ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos...- ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión.

El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula los posibles motivos de oposición del ejecutado en los procedimientos de ejecución hipotecaria, contemplando dos únicas causas de oposición, determinantes de la suspensión de la ejecución; la primera se refiere al supuesto de que se acredite la extinción de la garantía o de la obligación garantizada y la segunda se refiere al error en la determinación de la cantidad exigible. Fuera de los casos de oposición citados y de la tercería de dominio, solo se suspende la ejecución por una posible prejudicialidad penal.

Conforme al artículo 698 de la LEC, no cabe el planteamiento de cuestiones diferentes a las legalmente previstas de forma expresa y tasada y que si podrían plantearse en el ordinario que correspondiese. Por todo ello, por auto de 15 de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de determinar la compatibilidad del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular acerca de la imposibilidad de apreciar por parte del órgano jurisdiccional bien de oficio, bien a instancia de parte el carácter abusivo de una cláusula incorporada a un contrato de crédito bancario celebrado con un consumidor (en este caso la cláusula “suelo”), tanto si éste ha formulado oposición como si no lo ha hecho.

Conforme a una sentencia de septiembre de 2012 del Tribunal Supremo, no constituye reticencia maliciosa que un contratante no comunique al otro, al concluir el contrato, su intención de solicitar seguidamente la declaración de concurso.

Pero en este caso concreto, los hechos evidenciaron que lo que la comisionista ocultó a la comitente fueron, propiamente, las dificultades económicas que le imposibilitaban -como la realidad inmediata se encargó de demostrar- cumplir la prestación en los términos en los que estaba pactando, esto es, una conducta calificable como gravemente dolosa. El dolo grave constituye un vicio del consentimiento con entidad para anular el contrato, ya que presupone la actividad, intencionadamente desplegada por una de las partes, para captar la voluntad de la otra y el efecto de generar en ella una representación fraudulenta de la realidad, induciéndola a celebrar un contrato que no habría llevado a cabo. Ene este sentido, el Código Civil recoge en el artículo 1.270, la exigencia para que el dolo pueda producir la anulación del contrato, que éste deba ser grave, en el sentido de determinante de su celebración. La carga procesal de demostrar la concurrencia del dolo recae sobre quien lo alega.

En su sentencia de 10 de septiembre de 2012, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, sienta doctrina general, fijando una serie de criterios para los supuestos en los que el promotor-vendedor incumpla el deber de obtener la licencia de primera ocupación de una vivienda.

El supuesto de hecho del que parte la Sala Primera es una compraventa de inmuebles en construcción que tenía por objeto una vivienda y su garaje anejo, suscrita en un contrato privado, entre una sociedad -vendedora- y dos personas físicas -compradores-.

En dicho documento se acordó que los compradores satisfarían la parte del precio que restaba en el acto de otorgamiento de la escritura notarial y entrega de la vivienda, fijando para ello una fecha tope, prorrogable un máximo de cuatro meses y que los inmuebles se tendrían por finalizados para su entrega cuando la dirección técnica expidiese el correspondiente certificado final de obras. Cumplido el plazo de entrega y no estando finalizadas las obras operó la prórroga pactada en el contrato, sin que al finalizar la misma se hubiera otorgado escritura ni entregado los inmuebles.

En sentencia de 25 de octubre de 2012, el Tribunal de Justicia de Madrid, analiza la doctrina que se sigue para comparar dos marcas y la posibilidad de confusión entre las mismas.

En este caso las dos marcas eran la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), y la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). La primera recurría una resolución dictada por la oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de agosto de 2009, que concedió la marca UDIMA.

Tal y como establece el Tribunal, la semejanza entre dos marcas, es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido ha de quedar fijado en función de los datos fonológicos, los criterios sociales y los usos comerciales mas generales, valorados conforme a las reglas de la sana crítica o buen sentido común.

En este sentido, la Jurisprudencia reitera que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentadas, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin mas que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que los signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor.

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil el pasado 13 de septiembre, ha reconocido la legitimación de los herederos de la víctima de un accidente de tráfico a reclamar de la aseguradora la indemnización debida por la declaración de incapacidad, y no en condición de perjudicados por el fallecimiento.

Conforme al relato de los hechos que figura en la propia sentencia, el fallecido sufrió un accidente de tráfico que le produjo lesiones de diversa entidad, siendo, finalmente, dado de alta médica definitiva 4 meses después. En el marco de las diligencias penales abiertas en torno al siniestro, se emitió informe médico forense en el que se reconoció un periodo de incapacidad transitoria y secuelas. Asimismo, en el apartado de observaciones, se reconoció que las secuelas incapacitaban a la víctima de manera absoluta para la realización de cualquier actividad, y por ende, que merecía el reconocimiento de una situación de gran invalidez con necesaria ayuda de tercera persona y adecuación de vivienda. Cinco meses después de recibir el alta médica, la víctima falleció, teniendo por únicos herederos a sus padres.

La aseguradora del vehículo implicado, consignó en sede penal a favor la víctima y en concepto de pago determinada cantidad, que le fue entregada a cuenta de la definitiva indemnización e intereses que pudieran corresponderle por las lesiones y secuelas sufridas.