Jurisprudencia

El 7 de diciembre de 2005, la Comisión de las Comunidades Europeas recibió una solicitud de dispensa de pago, con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3), conocida como «comunicación sobre la clemencia de 2002», presentada por Deutsche Lufthansa y sus filiales, Lufthansa Cargo y Swiss International Air Lines. Según se exponía en dicha solicitud, se habían producido contactos contrarios a la competencia entre varias empresas activas en el mercado del transporte aéreo de mercancías entre otras cuestiones acerca del recargo por combustible y del recargo por seguridad (que se había introducido para hacer frente al coste de ciertas medidas de seguridad impuestas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001).

• TS. Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Prohibición de cobrar anticipos a cargo del consumidor antes de que concluya el plazo de desistimiento
• TS. El aprovechamiento por turnos de los bienes inmuebles. Nulidad por falta de objeto
• TS. El TS fija doctrina sobre el régimen visitas del menor cuyo progenitor ha sido condenado por maltrato en el ámbito doméstico
• TS. Cumplimiento de las solemnidades testamentarias referido al plano formal del juicio de capacidad realizado por el notario para otorgar testamento
• TS. Pensión compensatoria. Periodos de separación previos al divorcio determinantes de la inexistencia de desequilibrio económico
• TS. Alimentos. Modificación de medidas. Solicitud de extinción a hijo mayor de edad que convive con el otro progenitor y cursa estudios. Mínimo vital

• TS. El Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés
• TS. La parada de descanso del conductor queda cubierta por el seguro obligatorio
• TS. Tratamiento concursal de los créditos derivados de contratos de permuta financiera. Doctrina jurisprudencial
• TS. Marcas. Semejanza aplicativa. Prioridad y continuidad registrales. Extensión a otras clases del Nomenclator
• TJUE. Las operaciones de cambio que forman parte de determinados tipos de préstamos en divisas no constituyen un servicio de inversión
• TJUE. Libertad de establecimiento. Inspección Técnica de Vehículos. Ejecución por entidad privada. No ejercicio de poder público. Autorización previa. Distancia mínima entre estaciones de ITV. Cuota de mercado
• TGUE. Marca comunitaria. Ausencia de carácter distintivo. No adquisición por el uso. Solicitud de marca por un club de fútbol sobre la silueta de su escudo

• TS. El Tribunal Supremo confirma la multa a un colegio concertado de Almería por cobrar 20 euros por trimestre a las familias
• TS. El uso de pistolas de airsoft y paintball requiere estar en posesión de una tarjeta de armas
• TS. Anulación de la concesión de la nacionalidad española por falta de buena conducta cívica. Hechos posteriores a la resolución administrativa concediendo la nacionalidad
• TS. Proceso selectivo de funcionarios públicos. Pruebas médicas y posibilidad de prueba en contrario
• TS. Régimen electoral. Tiempo de presencia de las candidaturas en medios públicos. Criterios para su atribución  

• TS. El elemento subjetivo, intención de hacer sufrir de la agravante de ensañamiento.
• TS. Individualización penológica concurriendo simultáneamente una eximente incompleta y una agravante.
• TS. Preceptiva la asistencia letrada en el incidente de acumulación de condenas.
• TS. Presentación del escrito de conclusiones por el Ministerio Fiscal fuera de plazo.
• TS. Prueba ilícita. La confesión como ruptura del nexo de antijuridicidad.

Resolverá primero ocho casos que marcarán la pauta para los miles de recursos presentados ante la Sala Tercera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado crear una sección específica que tramitará en exclusiva los miles de recursos que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario al derecho comunitario el 27 de febrero de 2014 por vulnerar la Directiva sobre los Impuestos Especiales.

La marca solicitada no permite que los consumidores identifiquen el origen comercial de los productos y servicios objeto de la solicitud de registro

En abril de 2013 el Fútbol Club Barcelona solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca comunitaria de un signo figurativo consistente en la forma de su escudo para productos de papel, prendas de vestir y actividades deportivas, entre otros.

La Sala Primera declara que "el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, acuerda que los contactos de un padre con su hija, cuando aquel ha sido condenado por malos tratos a otra se sus hijas, deben ser sumamente restrictivos y debe predominar la cautela del tribunal a la hora de fijarlos, pues el factor de riesgo es más que evidente, en relación con un menor con escasas posibilidades de defensa.

Estas operaciones no están sometidas a las normas del Derecho de la Unión sobre la protección de los inversores.

El Sr. y la Sra. Lantos suscribieron un crédito con el banco Banif Plus Bank para financiar la compra de un coche. Para obtener un tipo de interés más favorable que el ofrecido para los préstamos en forintos húngaros, optaron por un crédito en divisas, exponiéndose de este modo al riesgo de una apreciación de esta divisa en relación al forinto durante el período de reembolso.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado en su sentencia el recurso presentado por el Gobierno y ha declarado inconstitucional y, por tanto, nula la Resolución 1/XI con la que el pasado 9 de noviembre el Parlamento de Cataluña declaró el “inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. El Tribunal afirma que tanto la Resolución como su Anexo vulneran los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 Y 168 de la Constitución (CE), así como los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andrés Ollero.