Jurisprudencia

El alto tribunal declara que los hechos no afectan al derecho a la intimidad del demandante, que reclamaba 25.000 euros

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que rechazó que constituya un acto de vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar del demandante la conducta de su hija, que ordenó la exhumación de los restos mortales de su madre y de un hermano para su incineración sin informarle.

La Sala de lo Penal rechaza los argumentos del médico que alegó en su recurso que no podía salir del hospital al estar de guardia, que tenía entre 15 y 18 pacientes en observación y que él no denegó la asistencia al paciente porque llamó al 112

El Tribunal Supremo mediante Sentencia de 22 de octubre de 2015, ha confirmado la condena a un médico de urgencias que no atendió a un enfermo frente a la puerta del hospital donde estaba de guardia. Tendrá que pagar una indemnización de 100.000 euros a la familia del paciente que falleció en la calle de una parada cardiaca. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por el facultativo y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que también condenó al médico por un delito de omisión del deber de socorro al pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante seis meses.

El alto tribunal estima el recurso de dos periodistas contra la sentencia que les condenó por la publicación de un artículo sobre los ‘papeles de Bárcenas’

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de octubre de 2015, ha estimado el recurso de casación interpuesto por D. Pedro José Ramírez Codina, Unidad Editorial SA y D. Manuel Marraco frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les condenaba por haber vulnerado el honor del demandante, D. Luis del Rivero Asensio, en el artículo titulado “Álvarez-Cascos colocó a Bárcenas y a Trías”, publicado en la página 5 del diario “El Mundo” del 7 de febrero de 2013.

De nuevo ponemos sobre la palestra uno de los temas de debate más calientes de los últimos meses: el de la consideración de las sociedades de profesionales como sociedades interpuestas entre sus socios y quienes pagan sus servicios, lo que la Administración se ha empeñado en considerar un supuesto de simulación.

En esta ocasión, traemos a colación la sentencia de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Penal n.º 27 de Madrid, en la que el acusado es el administrador único de una de las más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de nuestro país -y responsable civil subsidiario la firma que dirige- y la acusación está representada por el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -como acusación particular-.

• TS. Imposibilidad de ejecutar una sanción disciplinaria de suspensión de funciones cuando el funcionario se encuentra en situación de Incapacidad Temporal.
• TS. Las Juntas Generales carecen de competencia normativa en materia de presupuestos de los entes locales.
• TS. La acción judicial para el reconocimiento del error judicial.
• TS. Solicitud por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de la declaración de asociación de interés general.
• TS. Derecho electoral. Propaganda. Solicitud de suspensión de la visita a unas obras de una Presidenta autonómica durante la campaña electoral.
• TS. Contratos del sector público. Cláusulas abusivas. Imposición al contratista de la concesión de un crédito a la Administración.

• TJUE. Denegación del registro de una marca comunitaria por la existencia de un riesgo de confusión con otra marca.
• TJUE. Servicios de comunicación audiovisual. Puesta a disposición de videos en un subdominio de internet de un periódico. Concepto de “programa”. Vinculación del servicio a la actividad principal. Determinación por el órgano judicial nacional.
• TJUE. Consumidores. Cláusulas abusivas. Crédito garantizado con hipoteca sobre inmueble perteneciente a un bufete contratado por uno de sus abogados como prestatario y representante del despacho.
• TS. Interpretación del art. 62 de la Ley 15/2009,  relativa al contrato de transporte terrestre de mercancías, en los casos del robo de mercancía.
• TS. Se establece cuándo un contrato de suministro en exclusiva de combustible es nulo por afectar a la competencia.

• TS. El Supremo reconoce el “derecho al olvido” digital de dos procesados implicados en un caso de drogas en los ochenta.
• TJUE. Reglamento (CE) Nº 44/2001 sobre cooperación judicial en materia civil y su ámbito de aplicación.
• TJUE. Proceso monitorio europeo. Requerimiento europeo de pago expedido de forma errónea.
• TJUE. Litigio entre los progenitores en relación con el viaje de su hijo menor y la expedición de un pasaporte a éste.
• TS. Responsabilidad civil del Notario. Negligencia profesional. Reparación in natura o indemnización por equivalencia. Consignación en la cuenta del Juzgado.
• TS. El maltrato de obra o psicológico a los padres es causa para revocar las donaciones a los hijos.
• TS. El Supremo rechaza los recursos de la asociación de víctimas de la talidomida.
• TJUE. Nuevo golpe del TJUE al procedimiento hipotecario: el plazo para formular oposición en las ejecuciones es contrario al Derecho de la Unión

• TS. Privación de la patria potestad en un proceso penal.
• TS. La falsedad en documento privado no se convierte en documento oficial solo porque posteriormente el documento sea incorporado a un expediente oficial.
• TS. Agravante de reincidencia y los requisitos para su estimación.
• TS. Nulidad del auto recurrido por falta de letrado en la tramitación del incidente de acumulación de condenas.
• TS. Delito de lesiones. Principio de culpabilidad y principio acusatorio.

Así ocurre cuando el acceso ofrecido tiene un contenido y una función autónomos respecto a los de la actividad periodística del periódico en línea

New Media Online, sociedad domiciliada en Innsbruck (Austria), explota el periódico digital «Tiroler Tageszeitung online». Este sitio de Internet incluye fundamentalmente artículos de prensa escrita. Sin embargo, en la época en que se produjeron los hechos (2012), incluía un enlace («vídeos») que conducía a un subdominio en el que se podían visualizar más de trescientos vídeos a través de un catálogo de búsqueda. Estos vídeos, de una duración que podía oscilar entre treinta segundos y varios minutos, trataban de diversas materias: acontecimientos y eventos locales, encuestas a transeúntes sobre temas de actualidad, manifestaciones deportivas, tráileres de películas, instrucciones para hacer manualidades infantiles o vídeos de los lectores seleccionados por la redacción. Muy pocos de ellos guardaban relación con los artículos contenidos en el sitio de Internet del periódico. Además, una parte de los vídeos había sido producida por un radiodifusor regional, Tirol TV, siendo también accesible a través del sitio de Internet de este último.

Según lo fallado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el plazo para formular oposición en las ejecuciones hipotecarias que se estaban tramitando cuando se aplicó en España la sentencia Aziz es contrario al Derecho de la Unión. En esos casos, para formular oposición contra la ejecución forzosa, las partes interesadas disponían de un plazo preclusivo de un mes que comenzaba a correr desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva ley de modificación adoptada a raíz de esa sentencia.

Conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores los Estados miembros deben garantizar que no vinculen al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional, debiendo el contrato seguir siendo obligatorio en los mismos términos si puede subsistir sin las cláusulas abusivas. La Directiva también dispone que los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.