Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado en su sentencia el recurso presentado por el Gobierno y ha declarado inconstitucional y, por tanto, nula la Resolución 1/XI con la que el pasado 9 de noviembre el Parlamento de Cataluña declaró el “inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. El Tribunal afirma que tanto la Resolución como su Anexo vulneran los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 Y 168 de la Constitución (CE), así como los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andrés Ollero.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, la Sala cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de noviembre de 2015, ha anulado por “usurario” el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento. El alto tribunal, en sentencia de la que sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, ha estimado el recurso  de casación del particular afectado y rechaza la demanda que interpuso contra él el Banco Sygma Hispania, para que le pagase 12.269 euros más intereses por deudas del crédito. Tanto un Juzgado de Cerdanyola del Vallés como la Audiencia de Barcelona dieron la razón al banco y condenaron al consumidor a pagarle esas cantidades.

El Supremo, sin embargo, da la razón al cliente y anula la operación de crédito denominada ‘revolving’ (asimilable a un préstamo personal al consumo), por cuanto incurre en los dos requisitos impuestos en la Ley de Represión de la Usura para ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato.

• TS. Se confirma la privación de la patria potestad a un padre por incumplir el pago de la pensión y el régimen visitas.
• TJUE. Las Administraciones tributarias de los Estados miembros no pueden transmitir datos personales de los contribuyentes al margen de la norma sin comunicárselo a los interesados.
• TS. Acción ejercitada por un afiliado a una mutualidad de naturaleza pública frente a la aseguradora privada concertada con ésta.
• TJUE. Cooperación judicial en materia civil. Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales.
• TS. Distancias que las plantaciones han de respetar respecto de la heredad vecina e interpretación del art. 591 CC.
• TS. Demanda de revisión de resolución que pone fin al monitorio europeo, aunque no sea firme.
• SAP. Devolución de cantidades por nulidad de cláusula suelo. Seguridad jurídica. Nulidad. Efectos. La STS de 9 de mayo de 2013. La jurisprudencia en el sistema de fuentes. El perjuicio al orden público económico.
• TJUE. Divorcio. Derecho de visita. Multa coercitiva impuesta por un tribunal de un estado miembro al excónyuge residente en otro estado miembro. Fijación de la cuantía. Ejecución.
• TS. Sociedad de gananciales. Disolución. Capitulaciones. Autonomía de la voluntad. Reparto de bienes adquiridos constante matrimonio tras otorgar capitulaciones pactando separación de bienes.
• TS. Procurador. Responsabilidad patrimonial. Falta de notificación de resolución judicial en tiempo para ser recurrida. Daño moral y daño patrimonial. 

• TS. El Supremo estima el recurso de Farmaindustria contra el sistema de fijación de precios de los medicamentos.
• TC. Inconstitucional el criterio de valoración de la indemnización a propietarios de suelos sometidos a primera urbanización.
• AN. No es responsable patrimonial el Banco de España por la salida a bolsa de Bankia.
• TS. Antes de inadmitir un recurso por la falta de aportación de los documentos exigidos por el art. 45 de la LJCA, debe requerirse de subsanación.
• TS. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los gastos ocasionados por las intervenciones arqueológicas realizadas en el solar de su propiedad.

• TS. La aplicación  de la prohibición de competencia a los  administradores- liquidadores prevista en  el art. 65 LSRL (artículo 230 TRLSC).
• TS. Cómputo del plazo de prescripción de la acción de repetición que tiene el deudor que paga contra el resto de deudores solidarios.
• TJUE. Marcas. Concepto de “carácter distintivo adquirido por el uso”. Registro. Marca tridimensional.
• TS. La asunción de deuda por un sujeto ajeno a la relación obligatoria originaria, no consentida por el acreedor, constituye una asunción cumulativa de deuda, que no libera al deudor originario.
• TS. Naturaleza, alcance y eficacia obligacional de una carta de patrocinio.
• TS. Derecho concursal. Fraude de acreedores como fundamento de una acción rescisoria y de acción de nulidad por causa ilícita.

• TS. Condenado por delito de maltrato familiar a un hombre por dar una bofetada a su hijastra de 13 años.
• TS. Delito contra la propiedad intelectual. Comunicación pública como acto de divulgación de contenidos dirigidos a un "público nuevo”.
• TS. Se anula una condena por violación porque la supuesta víctima rechazó declarar por videoconferencia en el juicio.
• TS. Concurso de normas entre el acoso sexual y lesiones psíquicas.

El Pleno de la Sala Civil ha establecido la prohibición de cobrar anticipos en contratos de asociación vacacional o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles como protección al consumidor y durante el periodo de desistimiento

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha dictado sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, por la que se desestima el recurso interpuesto por "Anfi Sales, S.L:" y "Anfi Resorts, S.L." contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, recaída en procedimiento sobre nulidad y, subsidiariamente, de resolución del contrato de asociación vacacional o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, en el que se solicitaba la improcedencia del cobro anticipado de las cantidades.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 octubre de 2015, responde a una cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación que debe darse a los artículos 10, 11 y 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) en el sentido de si permiten a la Administración pública de un Estado miembro -tributaria en el supuesto analizado- transmitir datos personales a otra Administración pública –de naturaleza prestacional- y el subsiguiente tratamiento de esos datos, sin que los interesados hayan sido informados de esa transmisión ni de ese tratamiento.

Revoca la condena de seis años de prisión que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso por delito consumado de violación a un empleado del local de Barcelona donde sucedieron los hechos

El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de octubre de 2015, ha anulado como prueba la declaración prestada en fase sumarial por una joven estadounidense que denunció haber sido violada en un local de Barcelona en junio de 2013. El alto tribunal argumenta que la mujer tuvo a su alcance, y sin embargo rechazó por propia voluntad, testificar por videoconferencia desde su país en el juicio, por lo que su caso no entra dentro de los imponderables en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 448 y 730) admite incorporar como prueba en la vista oral la declaración prestada en la instrucción sumarial. Al ser eliminada esa prueba de cargo, y ser los restantes elementos por completo periféricos, el Supremo revoca la condena de seis años de prisión que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso por delito consumado de violación a un empleado del establecimiento de Las Ramblas donde sucedieron los hechos.

El Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 22 de octubre de 2015, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra varios preceptos del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS). El Pleno declara la inconstitucionalidad del art. 25.2.a)  [que corresponde con el art. 38.2 a) del nuevo texto refundido aprobado por el Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre], porque la compensación que fija para los propietarios de suelo rural sujeto a primera urbanización no guarda equilibrio con el valor real del bien expropiado, tal y como establece la Constitución (art. 33.3). La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con tres votos particulares discrepantes (de la Vicepresidenta, Adela Asua, y Fernando Valdés Dal-Ré; de Juan José González Rivas; y de Juan Antonio Xiol) y con el voto concurrente de Pedro González-Trevijano y Andrés Ollero.