Jurisprudencia

La mujer, que destacó en su recurso al Supremo que su caso era el primero en España que declaraba el derecho de una menor a percibir pensión de alimentos de sus cuatro abuelos, alegaba que también debían tener cabida en dicha acción los gastos extraordinarios, en concreto las clases de música y de apoyo de su hija

El Supremo en sentencia de 2 de marzo de 2016, rechaza que los abuelos tengan obligación de pagar los gastos extraordinarios de una nieta por la insolvencia de sus padres. La Sala Civil rechaza el recurso de una madre que pretendía que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensión de alimentos de esa nieta, deban pagar además sus clases de música y otros gastos extraordinarios.

El Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid “realizar los actos necesarios para proceder” a la devolución inmediata del archivo requisado en 1939 al geógrafo Gonzalo de Reparaz en su domicilio de Madrid por la Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos creada por el régimen franquista.

La Sala III, en una sentencia de 2 de marzo de 2016, de la que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, estima el recurso de la nieta de Reparaz y anula las resoluciones de la Viceconsejería de Cultura de la Comunidad madrileña y del Ministerio de Cultura que desestimaron su petición de devolución de los documentos y libros requisados a su abuelo, reconociendo el derecho de la recurrente a la devolución de su archivo familiar. De la “entrega inmediata” debe ocuparse la Comunidad de Madrid.

El Supremo da la razón a María del Carmen Reparaz Zamora en el sentido de que el silencio administrativo dado por la Comunidad de Madrid a su petición tenía carácter positivo y no negativo, es decir, que suponía conceder lo solicitado. La Comunidad alegó que el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, que reguló el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, establecía que el silencio administrativo a las peticiones era negativo: si en cuatro meses no se contestaba al interesado, éste debía entender desestimada su solicitud.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en providencia de 1 de marzo de 2016, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

La sentencia del alto tribunal precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada.

La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o ‘keywords’ en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica. La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

• TSJ. Sanción de caza por participar en batidas  ilegales en terrenos vedados
• TSJ. Lenguas cooficiales. Instrucciones lingüísticas sobre atención al público en la administración autonómica catalana. Naturaleza jurídica. Legitimación activa 
• TS. Impugnación de una resolución presunta desestimatoria estimada parcialmente mientras se sustancia el recurso
• TS. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Invocación de sentencias posteriores a la impugnada
• TS. Sector eléctrico. Impugnación del Real Decreto 216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor
• TS. Urbanismo. PORN del Cabo de Gata. Sector «El Algarrobico»

• TS. Contratos bancarios. Nulidad por error vicio del consentimiento
• AP. Plazo de ejercicio de la acción rescisoria en el concurso de acreedores
• AP. Calificación del concurso de acreedores  como culpable
• JM. Propiedad intelectual. Plagio. Trabajo Fin de Master. Estructura. Originalidad. Obras científicas. Labor de equipo. Recopilación de datos. Indemnización. Daño moral 
• TGUE. Marca comunitaria tridimensional. Carácter distintivo. Adquisición por el uso. Percepción del consumidor medio. Nueva botella de Coca-Cola, distinta de su botella tradicional

• TS. Comunidad hereditaria. Acción de regulación del uso de vivienda común entre los comuneros. Utilización por turnos
• TS. Error obstativo y su distinción con el error vicio en un contrato de compraventa
• TS. Orden de los apellidos del menor en caso de desacuerdo de los progenitores
• TS. Procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón de su régimen económico matrimonial tras la disolución de este
• TS. La custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si hay desproporción en los ingresos de los padres
• TJUE. Copropiedad indivisa de inmuebles. Disolución de la comunidad por venta. Derechos reales sobre los inmuebles. Nombramiento de fideicomisario para efectuar la venta. Competencia judicial 

• TS. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su derecho de defensa por persona física, también acusada, en el mismo procedimiento
• TS. Se avala a efectos de prueba lícita el acceso de los padres a las cuentas de Facebook de sus hijos para evitar el ciberacoso
• AN. La Audiencia Nacional no ve delito en la pitada al himno en la final de Copa del Rey
• TS. Estafa por sacar dinero de una cuenta bancaria donde solo estaba autorizado una vez fallecido el titular
• TS. Régimen de responsabilidad civil en relación con el delito de apropiación indebida y la excusa absolutoria por parentesco
• TS. Clubs sociales de cannabis. El cultivo compartido no es consumo compartido   

El alto tribunal confirma las condenas impuestas a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela. En relación a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.

La marca solicitada carece de carácter distintivo

En diciembre de 2011 The Coca-Cola Company («Coca-Cola») solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el registro de la siguiente marca comunitaria tridimensional para, concretamente, botellas metálicas, de vidrio y de plástico: