Jurisprudencia

Estima el recurso de una madre contra la decisión de la Audiencia de Vizcaya de acordar el régimen de custodia compartida de los dos hijos menores de la pareja

La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Seijas Quintana, por la que estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que estimaba un recurso de apelación y acordaba la custodia compartida de dos menores, nacidos en 2008 y 2010.

Considera que hubo graves inexactitudes en el folleto de la oferta pública

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jaén en sentencia de 27 de enero, ha condenado a Bankia a devolver un millón de euros a una sociedad que compró acciones por “error en el consentimiento”, al considerar el magistrado que hubo graves inexactitudes en el folleto de la oferta pública de acciones de la entidad financiera. La sentencia estima íntegramente la demanda interpuesta y declara la nulidad de las órdenes de valores suscrita por la sociedad jienense en 2011 por valor de 999.997 euros, dinero que condena a la entidad bancaria a abonar junto con los intereses legales desde la fecha de compra.

La Sala Civil en sentencia de 3 de febrero de 2016 confirma que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. El fallo se adelantó el pasado 27 de enero

Como ya se adelantó el pasado 27 de enero, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011.

Las dos demandas fueron interpuestas por pequeños inversores del tramo minorista que habían adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad.

La Sala ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las acciones individuales en vía civil. La Sala parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estaría condicionado por ello: la valoración probatoria y los principios que inspiran el proceso penal suponen unas exigencias diferentes de las del proceso civil, en que se ejercitan derechos privados. Los demandantes no deben soportar demoras excesivas por la previsible complejidad y duración del procedimiento penal, pues afectaría a su propio derecho a la tutela judicial efectiva.

• TS. El impago de la tasa de basuras por el arrendatario es causa de resolución del contrato
• TS. Contratos. Compraventa de viviendas del INVIFAS. Trascendencia civil de los pactos sobre impuestos. IVA. Repercusión. Acción de reembolso
• TS. Divorcio. Pensión compensatoria. Duración. Convivencia more uxorio anterior al matrimonio
• TS. Contrato de subarrendamiento de local. Reclamación del IBI por la subarrendadora. Interpretación de la voluntad contractual. Actos propios
• TS. Proceso civil. Congruencia. Cambio del punto de vista jurídico respecto de la instancia. Hipotecante no deudor. Aplicación de la acción subrogatoria del 1.210.3 CC
• TS. Compraventa de vivienda en construcción. Falta de señalamiento en el contrato del plazo de entrega como elemento esencial. Retraso en la licencia de primera ocupación. Improcedencia de la resolución ex 1.124 CC

• TS. Contratos bancarios celebrados con consumidores. Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas. Nulidad. Cláusula suelo. Intereses moratorios. Vencimiento anticipado
• TS. Contratos bancarios. Obligaciones subordinadas. Nulidad por falta de consentimiento
• TS. Seguros. Prima única fraccionada. Impago de cuota posterior a la primera. Caducidad del art. 15.2 LCS. El nacimiento de la obligación de pago. Plazo para su ejercicio
• TS. Marcas. Caducidad por falta de uso. Uso efectivo y real. Concurso del titular anterior de la marca. Prueba. Valoración
• TJUE. Propiedad intelectual. Derecho de reproducción. Excepción de reprografía. Compensación equitativa. Impresoras «multifunción»
• TJUE. Propiedad intelectual. Comunicación pública. Difusión de programas mediante introducción directa

• TS. Concesiones administrativas  e indemnización por la alteración del equilibrio económico
• TS. Posible la sucesión entre personas jurídicas de la responsabilidad por infracciones cometidas por una de ellas
• TS. Expropiación. Justiprecio en retasación. Sistemas generales que crean ciudad. M-50. Cambio de valoración en el suelo expropiado de urbanizable a no urbanizable
• TS. Elaboración de disposiciones de carácter general. Trámite de audiencia. Legitimación activa. Cumplimiento de la legislación autonómica
• TGUE. Telecomunicaciones. Ayudas de Estado. Mercado interior. Servicios de Interés Económico General (SIEG). Transición a la TDT en zonas remotas y poco urbanizadas

• TS. Delito de estafa. Vidente. Engaño bastante
• AP. La conducción sin licencia o permiso y su consideración como delito o infracción administrativa
• TS. Concurso entre el delito de desobediencia y el delito contra el medio ambiente
• TS. Delito contra el medio ambiente. Contaminación acústica
• TS. Acumulación de condenas. Corrección de acumulaciones de condenas anteriores
• TS. El Tribunal Supremo condena a un año de prisión a un joven por humillar a dos víctimas de terrorismo en Facebook 

El auto notificado hoy no es recurrible en este trámite, si bien las cuestiones previas pueden volver a plantearse ante el Tribunal Supremo una vez se dicte la sentencia

El Tribunal que enjuicia el Procedimiento 58/15 (caso Nóos) ha dictado y notificado el 29 de enero de 2016 el auto en el que resuelve las cuestiones previas. La Sala desestima las cuestiones de falta de legitimación invocadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas que constan en el auto. El motivo de la desestimación se centra en la consideración de que el supuesto de hecho enjuiciado respecto del delito fiscal no tiene encaje en la sentencia 1045/2007, invocada por las partes, por cuanto el Ministerio Fiscal integra en su relato fáctico unos hechos, incorporándolos al debate plenario, no obstante dotarles de un alcance distinto al pretendido por la acusación popular.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y, por tanto, nulos dos artículos del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; ambos preceptos fueron derogados hace dos años y medio por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, estima parcialmente el recurso formulado por la Generalitat de Cataluña y considera que los dos preceptos anulados invaden competencias de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo.

La Sala Civil confirma que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha resuelto dos recursos de BANKIA contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011.

La Sala ha desestimado todos los motivos de los recursos, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil y ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.

Fuente: Poder judicial