Jurisprudencia

• TS. Legitimación para solicitar el cambio registral de sexo y de nombre de transexuales menores de edad
• TS. Servidumbre de paso por destino de padre de familia. Naturaleza y presupuestos
• TS. Relevancia o no del retraso producido en la entrega en plazo en una compraventa de una finca
• TS. Sociedad civil interna vs comunidad de bienes. Límites al uso de la cosa común por cada comunero
• TS. Cómputo de la prescripción trienal para reclamar honorarios de un abogado
• TS. Revisión de sentencia firme a consecuencia de una sentencia del TJUE de fecha posterior. Prevalencia de la cosa juzgada
• TS. Arrendamiento para uso distinto de vivienda de local de negocio. Desistimiento. Resolución unilateral del contrato
• TS. Asociaciones. Impugnación de acuerdos. Acción de anulación. Dies a quo. Excepciones a la doctrina general
• AP. Incidente de oposición a la ejecución de prestación de alimentos

• TS. La indemnización por infracción de marca, no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de los perjuicios reales. Regalía hipotética
• TS. Atribución del derecho de voto al usufructuario en el pacto existente entre los socios sin que esté recogido en los estatutos sociales
• TS. La noción de grupo de sociedades a  efectos concursales,  se caracteriza por el control que ostenta, directa o indirectamente, una sobre otra
• TS. Seguro de daños. Explosión de gas en vivienda arrendada. Repetición de la aseguradora contra el arrendatario
• TS. Concursal. Orden de pagos. Insuficiencia de activos. Régimen transitorio de la Ley 38/2011. Créditos contra la masa de la TGSS
• TGUE. El Tribunal General confirma que no pueden autorizarse varias declaraciones de propiedades saludables relativas a la glucosa
• TJUE. Seguros. Circulación de vehículos. Ley aplicable. Acción de repetición entre aseguradoras. Accidente causado por un vehículo de tracción con remolque asegurados por compañías distintas  

• TS. La responsabilidad de las personas jurídicas sólo puede declararse después de un proceso con todas las garantías
• AN. Archivo de la denuncia presentada por la Fiscalía contra el ayuntamiento de  Premiá de Dalt, por delitos de rebelión y sedición
• TS. Normas transitorias de la L.O. 1/2015 en relación a las faltas, ahora delitos leves sometidos a requisito de perseguibilidad
• TS. Condenas impuestas y ejecutadas en otro país: no cabe su refundición con condenas nacionales a los efectos del artículo 76 CP  

Los arrendatarios no pagaron las mensualidades mientras duraron las obras por perjudicar sus ventas

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia cuyo ponente ha sido el Magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha desestimado el recurso de casación interpuesto, confirmando la sentencia de la audiencia provincial de Sevilla, que había declarado la subsistencia del contrato de arrendamiento del local de negocio suscrito entre las partes, y condenaba a los demandados, arrendatarios, a satisfacer solidariamente la cantidad de 42.214,72 euros.

En el procedimiento de juicio ordinario, la arrendadora del local de negocio pedía en su demanda que se declarase la subsistencia del contrato de arrendamiento de un local de negocio del centro de Sevilla, y se condenase a la parte demandada a continuar dando cumplimiento a las estipulaciones del contrato, y por tanto se condenase a los arrendatarios al pago de las rentas que se han devengado, y todas las que se devenguen durante la tramitación de la sentencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado que la ausencia de revisión por un juez o tribunal de algunas de las decisiones que, tras la implantación de la nueva oficina judicial, recaen en exclusiva en los secretarios judiciales lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero y que resuelve una cuestión interna de inconstitucionalidad, declara inconstitucional y nulo el primer párrafo del art. 102 bis.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), según el cual no cabe que el juez revise los decretos dictados por el secretario judicial para resolver los recursos de reposición planteados contra sus propias decisiones.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reunida en Pleno ha resuelto, mediante un auto de 10 de marzo de 2016 del que ha sido ponente el magistrado Sarazá Jimena, plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1¹ de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El Pleno de la Sala Primera alberga dudas de que ese artículo número 1, por el que se exige la mayoría de edad para solicitar el cambio en el registro, puede conculcar derechos fundamentales de los menores de edad.

• TS. El Supremo dice que excluir a los hijos extramatrimoniales de la sucesión de un título nobiliario no vulnera el principio de igualdad
• TS. El orden de sucesión en los Títulos Nobiliarios es inalterable, salvo que medie autorización
• TS. Reembolso por la comunidad de propietarios al comunero del importe de las obras efectuadas por él en elementos comunes sin la autorización de la comunidad
• TS. Vecindad civil. Adquisición y cómputo del plazo
• TS. Liquidación de la sociedad de gananciales en el concurso de acreedores de uno de los esposos
• TS. Propiedad horizontal. Las terrazas como elementos comunes por destino
• TS. Utilización de método de participación fraudulento en un concurso con premio
• TS. Mediante el deslinde se puede determinar la situación física de una finca que se encuentra enclavada en otra mayor
• TS. Se rechaza que unos abuelos condenados a pagar la pensión de alimentos de su nieta paguen además gastos extras
• TS. Muro medianero. Distancias. Sobreelevación. Servidumbres de luces y vistas y aguas. Indemnización   

• TS. No es posible limitar el sentido positivo del silencio administrativo en una norma reglamentaria
• TS. La competencia de los notarios para controlar la legalidad de un préstamo hipotecario y su clausulado no está amparada en una norma de rango legal
• TS. Función pública. Fijación por el Tribunal de los criterios de corrección tras la realización del examen y sin comunicarlos a los opositores
• AN. Medalla al Mérito Policial a Nª Sª María Santísima del Amor. Ausencia de acuerdo de inicio. Motivación. Ausencia de personalidad jurídica. Discrecionalidad
• TC. Ley General de Telecomunicaciones. Régimen competencial. Despliegue de redes. Unidad de mercado. Autorización previa. Nulidad de precepto

• TJUE. Marcas comunitarias. Anuncios publicados en línea sin el conocimiento ni el consentimiento del tercero o mantenidos en línea pese a la oposición de éste
• TJUE. En Contratos celebrados con consumidores el tribunal podrá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula
• TS. El TS fija los requisitos para la utilización de marcas registradas como ‘keywords’ en buscadores de internet
• TS. Permuta financiera. Swap. Nulidad por error vicio del consentimiento. Renuncia de acciones
• TS. Propiedad intelectual. Comunicación pública de fonogramas. Ausencia de autorización. Remuneración equitativa. Tarifas. Fijación
• AP. Sociedades. Administrador. Acción de responsabilidad. Daños a acreedores. Requisitos

En su segunda sentencia sobre la responsabilidad penal de las entidades jurídicas, la Sala Segunda establece que la imposición de penas a las personas exige del fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física

La Sala de lo Penal, en sentencia de 16 de marzo de 2016,  ha absuelto por indefensión a una empresa que fue condenada por un delito de estafa en la venta de un piso sin haber sido imputada previamente en la causa. La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por la mercantil contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que la condenó al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre de la oficina desde la que operaba en Cáceres, bajo el nombre de Viprés Inmobiliaria, durante seis meses. La misma sentencia condenó al propietario de la inmobiliaria y a otra persona más a dos años de prisión por el mismo delito cometido tras cobrar una doble comisión –al comprador y al vendedor- por la operación sin que lo supieran los afectados; condena que ahora se reduce a un año de prisión.