Jurisprudencia

• TJUE. Procedimiento concursal. Contratos celebrados con consumidores. Deudas procedentes de un contrato de crédito al consumo. Cláusulas abusivas. Examen de oficio por el juez concursal
• TJUE. Propiedad intelectual. Compensación equitativa por copia privada. Competencia judicial para conocer de las demandas por impago. Lugar donde se produce el daño en lugar del domicilio del demandado. Consideración del impago como «materia delictual o cuasidelictual» a efectos del Reglamento 44/2001
• TS. Créditos garantizados con una prenda sobre créditos futuros. Normativa aplicable
• TS. Concursal. Calificación tras la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio. Fijación de doctrina jurisprudencial. Mutatio libelli. Motivación. Valoración probatoria
• TS. Acumulación de acciones. Reclamación de crédito frente a una sociedad y responsabilidad de los administradores por su impago. Competencia objetiva de lo mercantil. Requisitos de la acción individual de responsabilidad

• TS. El Tribunal Supremo da la razón a una mujer que pidió cese del uso de su imagen desnuda en medios de contenido erótico
• TS. Servidumbres. Acción confesoria. Jurisdicción y competencia. Servidumbre constituida por signo aparente. Doctrina jurisprudencial
• TS. Sucesiones. Nulidad de testamento abierto. Código Civil Catalán. Designación como heredera de una entidad de carácter religioso que prestó servicios asistenciales al testador
• TS. Modificación de medidas. Cambio significativo de circunstancias. Custodia compartida. Interés del menor. Incremento de edad del menor. Absolución del progenitor de un delito de maltrato

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de abril de 2016, ha rechazado la pretensión de la SGAE de que se levantase cautelarmente la prohibición que le impuso en noviembre de 2014 la Comisión Nacional de la Competencia de cobrar el 10 por ciento de la taquilla de los conciertos.

La SGAE tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la resolución de Competencia -que además de la prohibición de continuar con las prácticas que provocaron la sanción, impuso una multa a la sociedad de autores de 3,1 millones de euros- y solicitó que, hasta que no se resuelva sobre el fondo de su recurso, se suspendiese cautelarmente la prohibición de cobrar la tarifa.

La Sala II del Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de abril de 2016, ha reducido de cinco años y medio de prisión a dos años y nueve meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) D. M. por los pagos con fondos públicos que el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) hicieron al exviceconsejero canario de Justicia F. J. R. a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron.

El motivo de la disminución de la pena de cárcel es la absolución de uno de los dos delitos de malversación de caudales públicos (el referido a la empresa Inalsa) por los que fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Las Palmas, aunque se le mantiene la condena por dos delitos de prevaricación y otro de malversación (el del Ayuntamiento de Arrecife), destacando el Supremo que fue un “caso claro de arbitrariedad, en el sentido de acto contrario a la Justicia, la razón y las leyes, dictado sólo por la voluntad y el capricho”. El Supremo rechaza la alegación del exsenador de que los delitos de prevaricación o malversación sólo pueden ser cometidos por funcionarios, y confirma su condena como inductor de los mismos.

La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio. El Supremo anula la condena de cárcel por tráfico de drogas impuesta a dos personas por la Audiencia de Ourense al considerar ilícita la principal prueba de cargo contra ellos, que fue la actividad observada por la Policía en el interior de un domicilio mediante prismáticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.

• TS. Derecho de información y el ejercicio profesional en los pasillos u otras dependencias de las sedes judiciales
• TS. Urbanismo. PGOU. Nulidad de modificación puntual. Falta de evaluación ambiental estratégica
• TS. Urbanismo. PGOU. Procedimiento de aprobación. Estudio económico-financiero exigido por la legislación estatal, pero no por la autonómica. Atribución jurisprudencial de carácter básico a la legislación estatal supletoria
• TS. Extinción de un derecho de uso privativo de aguas por excederse en el volumen de aprovechamiento
• AN. Denegación de la concesión de nacionalidad española por residencia. Falta de justificación de buena conducta cívica. Antecedentes penales no cancelados
• TJUE. Extranjería. Derecho a la reagrupación familiar

• TS. Casos en los que la propia indolencia y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela hayan estado en el origen del acto dispositivo en la posible estafa
• TS. Abuso sexual a menor de edad mediante webcam y sin contacto físico
• TS. Abuso sexual. Sujeto activo y pasivo
• TS. Supuestos en que son recurribles en casación las sentencias de conformidad
• TS. El Tribunal Supremo denuncia la restricción de derechos de las víctimas españolas por la reforma de la justicia universal

La sentencia desestima los recursos de casación interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJ de Madrid que revocó la citada Modificación

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de abril de 2016, cuyo ponente ha sido el magistrado y presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, ha resuelto un recurso de casación en el que se planteaba tanto la nulidad de un contrato por el que una persona cedía las imágenes a una empresa como la intromisión en los derechos a la imagen y al honor de esa misma persona por la difusión de dichas imágenes en medios de contenido erótico.

La demandante había celebrado en el año 2008 un contrato para promocionar su imagen, realizándose a tales efectos un reportaje fotográfico. Tras constatar que las fotografías habían sido publicadas en una revista digital de contenido erótico, resolvió el contrato. En el contrato se contenía una cláusula que autorizaba la utilización de la imagen cedida incluso después de finalizado el vínculo contractual, por lo que las imágenes siguieron utilizándose pese a diversos requerimientos de la demandante para que cesase en su uso.

En un auto de 18 de abril de 2016, relativo a la causa abierta en la Audiencia Nacional a instancias de los españoles internados en campos de concentración nazis, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha subrayado la “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada por la Ley Orgánica 1/2014.

En la resolución, referida a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios ex agentes de las SS por genocidio a víctimas españoles de tres campos de concentración nazi, se destaca que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.