Jurisprudencia de Derecho Penal

Procedimiento penal. Prueba preconstituida o anticipada. Grabación de una conversación. Autorización de interlocutores. Prueba ilícita. Violación de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

La utilización como prueba de una grabación subrepticia de una conversación, no queda supeditada a la conformidad en la grabación de todos los partícipes o contertulios; ni a la ausencia de toda connotación subrepticia o de engaño u ocultación por parte de quien dispone lo necesario para la fijación en un soporte de la conversación. Es suficiente que uno de los comunicantes o interlocutores preste su consentimiento para la intervención y grabación por un tercero para que resulte inoperante la cláusula de exclusión del art. 11 LOPJ. Es un elemento probatorio valorable. Sólo la escucha o grabación por un tercero sin autorización de ninguno de los comunicantes ni de la autoridad judicial convierte en inutilizable ese medio probatorio.

Delito contra la Hacienda Pública. Delito fiscal. Impuesto de sociedades. Concepto de defraudación tributaria

Para la condena por el delito contra la hacienda pública, no basta que hayan sido establecidos nominalmente la deuda fiscal y la cantidad que debió ser ingresada por el contribuyente, pues es preciso que consten los hechos que han determinado la deuda tributaria, con la necesaria claridad y precisión. En este caso, no se concretan qué acciones han sido consideradas "maniobras fraudulentas", qué operaciones no fueron declaradas y por qué tales operaciones hubieran podido ser subsumidas bajo el concepto de hecho punible, lo que no ha sido ni explicado ni considerado por el Tribunal a quo. En suma, el tribunal de instancia debió describir todos los hechos que eran necesarios para establecer, aplicando el derecho fiscal, la deuda tributaria eludida. Por el contrario, no es posible comprobar, a la vista de los hechos probados, si las liquidaciones presentadas por la Agencia Tributarias son correctas o no. En segundo lugar, si estamos en presencia de un acto de defraudación, que es una exigencia del tipo penal.

Blanqueo de capitales. Comisión por imprudencia. Delito especial y delito común.

Los acusados venían recibiendo en cuentas bancarias de su titularidad, sucesivos y no insignificantes ingresos, de procedencia perfectamente identificable al menos en el plano formal, que, como aquellos bien conocían, carecían de cualquier clase de fundamento o justificación y que la mayor parte de dichos fondos, así depositados en sus cuentas, eran dispuestos por terceras personas estafadoras.

Procedimiento penal. Ejecución de sentencias. Incidente de responsabilidad civil.

Incidente de cuantificación de la responsabilidad civil en ejecución de sentencia. En el procedimiento penal, tal como se establece en el artículo 989 LECrim, todo lo atinente a la ejecución de la responsabilidad civil, incluyendo la liquidación de las cantidades, se tramitará de conformidad a las previsiones de la LEC. La transferencia regulativa a la LEC se extiende tanto a las reglas procedimentales de tramitación, sin perjuicio de las especialidades contempladas en el artículo 764 LECrim para el procedimiento abreviado y en el artículo 984 LECrim para el procedimiento por delito leve, como a las reglas que distribuyen las cargas de alegación y acreditación entre las partes de la ejecución y fijan estándares de valoración. En este incidente de naturaleza marcadamente civil desaparece todo vestigio del principio de presunción de inocencia como regla de juicio de la que se derivan las fórmulas de carga de prueba y el juego configurativo de la duda razonable propias del proceso penal. En el incidente liquidatorio no puede combatirse lo que se decidió en sentencia -para ello se disponía de los recursos ordinarios devolutivos contra esta-.

Delitos contra el patrimonio. Insolvencia punible. Insolvencia total o parcial. Delito de alzamiento de bienes. Responsabilidad civil derivada de delito.

Insolvencia punible-alzamiento e insolvencias parciales asimiladas al alzamiento, que generan dilaciones, dificultades o impedimentos para hacer efectivo el crédito, e improcedencia de determinar la responsabilidad civil mediante indemnización en metálico, por ser la deuda presupuesto del delito y no consecuencia del mismo (doctrina predominante).

Recurso de casación de sentencias absolutoria Limitaciones en casación a la revisión de la valoración probatoria contra reo. Delito de falsedad. Encubrimiento.

No es factible revisar en un recurso devolutivo una sentencia absolutoria por cuestiones de prueba, salvo que incurra en patente arbitrariedad. En ese caso, además, el desenlace nunca será una sentencia condenatoria como reclaman las recurrentes, sino anulación de la sentencia y reenvío al Tribunal de instancia; nunca pronunciar una segunda sentencia. La tutela judicial efectiva no puede expansionarse hasta acoger cualquier discrepancia sobre valoración de la prueba o aplicación del derecho. Solo se pueden corregir con esa herramienta constitucional decisiones que por su irrazonabilidad suponen algo más que un quebranto de la legalidad o de máximas de experiencia o aplicación de discutibles criterios de valoración; un plus.

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Derecho a la protección de datos frente a injerencias inconsentidas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un hombre a 1 año y 6 meses de prisión, y multa de 2.700 euros, por delito de descubrimiento y revelación de secretos por obtener mediante engaño datos bancarios de su exmujer para entablar una demanda civil de reclamación de cantidades contra ella (cantidades derivadas de los regalos de la lista de bodas). Después del proceso de divorcio, el hombre interpuso una demanda civil contra su exmujer en la que adjuntaba extractos bancarios de la cuenta de ella expedidos cuando él ya había dejado de ser cotitular de la misma tres años antes.

Acumulación de condenas. Limites. Penas accesorias. Pena de alejamiento o prohibición de acercamiento. Penas restrictivas de derechos.  Proporcionalidad de las penas.

La acumulación jurídica de penas del artículo 76 CP constituye, sin duda alguna, un instrumento decisivo de ajuste entre el resultado cuantitativo de las penas privativas de libertad impuestas en el marco de fórmulas concursales de comisión y los fines de reinserción y rehabilitación. Dadas las condiciones tempo-procesales previstas en la norma, debe activarse una limitación penológica. Fórmula que parte de una suerte de regla presuntiva de merecimiento de pena por un injusto global conformado por todos los delitos que pudieron juzgarse en una misma causa y que se fija en el triple de la más grave de las concretas penas impuestas. Se intenta, de esta manera, corregir los excesos punitivos que pudieran resultar de la aplicación estricta del modelo de acumulación matemática y cumplimiento sucesivo.

Delitos contra la Seguridad Vial.  delito de abandono del lugar del accidente. Posible comisión en grado de tentativa.
Delito de conducción temeraria en concurso ideal con dos delitos de homicidio y un delito de lesiones y un delito intentado de abandono del lugar del accidente.

Se castiga al conductor que "fuera de los casos contemplados en el artículo 195 (omisión de socorro), voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión. Se castiga la indiferencia del omitente frente a la situación de peligro de la víctima creada por él.

Principio acusatorio y conclusiones definitivas. Delito de cohecho. Elementos. Dilaciones indebidas.

Los márgenes de la controversia en el proceso penal son las conclusiones definitivas y su proceso de cristalización progresiva. Las conclusiones provisionales permiten definir los términos de los debates del juicio oral, pero son las conclusiones definitivas las que delimitan el objeto del proceso, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Y son precisamente tales conclusiones definitivas formuladas una vez practicadas las pruebas en el juicio oral, las que han de ser tomadas como referencia para determinar la ineludible correlación entre acusación y el fallo, presupuesto inderogable del principio acusatorio. El verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales.

Los delitos de cohechos pasivos propios tienen como elementos comunes: