Jurisprudencia de Derecho Administrativo

Mercado de valores. Infracciones y sanciones. Incumplimiento del deber de comunicación.

Confirmada una sanción de 300.000 euros al presidente de la entidad bancaria por infracción muy grave prevista en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas, infracción de peligro abstracto, de carácter permanente, en cuanto que la obligación de notificar al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de valores la adquisición o transmisión de una participación significativa de acciones de una entidad que cotiza en el mercado bursátil o cualquier otro mercado regulado se prolonga en el tiempo.

Procedimiento sancionador. Sanciones de tráfico. Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación de dióxido de nitrógeno. Publicación en diario oficial de las medidas de restricción del tráfico.

Todas las sanciones interpuestas por incumplir el protocolo de contaminación de la Comunidad de Madrid de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en Madrid, desde el 12 de noviembre de 2015 hasta que se aprobó  la ordenanza de Movilidad en agosto del año 2018, pueden ser recurridas y anuladas.  La Sala anula dos artículos del protocolo; por un lado el segundo, donde se argumenta que las medidas «entrarán automáticamente en vigor». También invalida el quinto punto, que establece que comenzaría a surtir efectos desde la firma del decreto, «sin perjuicio de lo previsto en el dispositivo tercero y de su publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid». El Ayuntamiento debe proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las medidas de restricción del tráfico antes de que éstas entren en vigor (la eficacia quedaba demorada a la " señalización oportuna y la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial), por lo que las sanciones derivadas de las restricciones por episodios de alta contaminación se han venido aplicando incorrectamente al no estar publicadas en el Boletín Oficial, siendo insuficiente los comunicados de prensa, redes sociales o paneles luminosos en las carreteras y calles de la ciudad.

Derecho de asilo. Solicitud. Declaración de inadmisibilidad de la solicitud de asilo y disposición de traslado del migrante afectado a otro Estado miembro. Fuga. Condiciones en que puede considerarse que el solicitante se ha dado a la fuga.

Del sentido ordinario del término fuga, que implica la voluntad de la persona interesada de escapar de alguien o de eludir algo, de escapar de las autoridades competentes y, con ello, de eludir su traslado, se desprende que las disposiciones pertinentes del Reglamento Dublín III, solo son aplicables, en principio, cuando esa persona huye deliberadamente de dichas autoridades, implicando la existencia de un elemento de intencionalidad. Del mismo modo el concepto de riesgo de fuga supone temor de que el interesado eluda mediante la fuga el procedimiento de traslado. No obstante el Reglamento Dublín III y los objetivos perseguidos por este Reglamento se oponen a que se interprete en el sentido de que, en una situación en la que el traslado no puede efectuarse debido a que la persona interesada ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin informar a las autoridades competentes de su ausencia, tales autoridades deben aportar la prueba de que dicha persona tuvo efectivamente la intención de huir de ellas con el fin de frustrar su traslado. El artículo 29, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (UE) 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que un solicitante se da a la fuga, a los efectos de esta disposición, cuando, con el fin de frustrar su traslado, huye deliberadamente de las autoridades nacionales competentes para efectuarlo. Se presumirá que ocurre así cuando el traslado no pueda efectuarse porque el solicitante ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin haber informado de su ausencia a las autoridades nacionales competentes, siempre que dicha persona haya sido informada de sus obligaciones a este respecto, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Propiedad privada. Supresión ex lege de derechos de usufructo propiedad de nacionales de Estados miembros distintos de Hungría. Libre circulación de capitales.

Los movimientos de capitales comprenden las operaciones por las que los no residentes efectúan inversiones inmobiliarias en el territorio de un Estado miembro, estando incluidas en este concepto, en particular, las inversiones inmobiliarias que tienen por objeto la adquisición de un usufructo sobre terrenos. La normativa impugnada suprime los derechos de usufructo anteriormente adquiridos sobre terrenos agrícolas cuando los titulares de tales derechos no cumplen el requisito al que la legislación nacional supedita en lo sucesivo la adquisición de tales derechos, a saber, la existencia de un vínculo de parentesco cercano entre el adquirente del derecho de usufructo y el propietario de los terrenos de que se trate. Pues bien, al establecer la extinción ex lege de los derechos de usufructo sobre terrenos agrícolas de los que son titulares los nacionales de Estados miembros distintos de Hungría, la normativa impugnada restringe, por su objeto mismo y única y exclusivamente dicho objeto, el derecho de los interesados a la libre circulación de capitales garantizado por el artículo 63 TFUE.

Urbanismo. Estudio de detalle. Licencia urbanística y licencia de apertura. Discrecionalidad técnica.

Un estudio de detalle, de acuerdo con la legislación urbanística extremeña, es un instrumento de planeamiento urbanístico. Podemos resumir sus limitaciones estableciendo que deben respetar el Principio de jerarquía y por tanto no pueden contravenir ni el plan general municipal ni el parcial que les da cobijo. No pueden alterar el destino del suelo, no puede incrementar un aprovechamiento urbanístico, aumentar las alturas fijadas en el plan superior y tampoco suprimir ni reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento. Por último, no pueden prever o autorizar el trasvase de edificabilidades entre manzanas.

Extranjeros. Estancia irregular. Expulsión del territorio nacional. La recurrente, ciudadana del Reino de Marruecos, detenida por encontrarse en España sin permiso de residencia alguno y por tráfico de drogas, se la incoa el correspondiente procedimiento sancionador, que concluye por resolución de la Subdelegación del Gobierno en 2015, por el que se consideran que los hechos eran constitutivos de una infracción grave prevista en el artículo 53. 1º a) de la Ley Orgánica de Extranjería, imponiéndose la sanción de expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en el plazo de cuatro años.

En los supuestos de falta de autorización para encontrarse en España, en especial por no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de entrada o de estancia, o en los de denegación administrativa de solicitudes de prórrogas de estancia, de autorizaciones de residencia o de cualquier otro documento necesario para la permanencia de extranjeros en territorio español, así como de las renovaciones de las propias autorizaciones o documentos, la resolución administrativa dictada al efecto contendrá la advertencia al interesado de la obligatoriedad de su salida del país, de manera que, a falta de cumplimiento y transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado la salida, será expulsado. Se señala que no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.

Defensa de la competencia. Prácticas concertadas. Intercambio de información relevante entre empresas competidoras. Procedimiento sancionador. Conductas prohibidas por su objeto o por sus efectos. En materia de defensa de la competencia, cuando se concluya que nos encontramos ante "infracciones por objeto" no es necesario analizar la incidencia que dicha conducta infractora tiene sobre el mercado, ya que por su propia naturaleza son aptas para incidir en el comportamiento de las empresas en el mercado, es decir, será suficiente exponer que dicho acuerdo es concretamente apto para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado interior; y no será posible rebatir esta apreciación mediante observaciones basadas en que los acuerdos colusorios no tuvieron efectos relevantes en el mercado. De modo que las empresas que alcancen un acuerdo con un objeto contrario a la competencia siempre persiguen una restricción sensible de la competencia, independientemente de la importancia de sus cuotas de mercado, de sus volúmenes de operaciones y de la existencia de otras empresas competidoras capaces de suministrar estos productos.

En este caso, el intercambio de información económica de costes unitarios entre las empresas que las permitió una propuesta económica global para presentar sus propuestas a una licitación pública constituye una infracción por objeto de la competencia, acreditado que "la información referida a las ofertas económicas tiene un carácter estratégico" y "puede constituir por sí misma una infracción objetiva" sin tener que acreditar sus efectos en el mercado.

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador: prescripción de la acción de responsabilidad. Ingresos indebidos. El procedimiento de devolución de ingresos indebidos y la reclamación de responsabilidad patrimonial no son recursos, por lo que no les es aplicable el art. 110 de la citada Ley 30/92 (art. 115 de la actual Ley 39/2015), sino que son dos procedimientos totalmente distintos, en los que se ejercitan acciones diversas, regulados por distintas normas y que responden a diversos títulos, y además, en puridad, el actor nunca dedujo la acción de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, para lo que debería de haber argumentado mínimamente la concurrencia de los presupuestos para acceder a una pretensión de esta naturaleza. Se señala por tanto que un procedimiento de devolución de ingresos indebidos no interrumpe el plazo de prescripción de una acción de reclamación de responsabilidad patrimonial.

Subvenciones. Incumplimiento. Procedimiento de reintegro. Alcance de la responsabilidad en caso de incumplimiento asumido por la subvención. Las resoluciones impugnadas, ha aplicado las previsiones legales, de tal forma que reclama de los partícipes, concretamente de la entidad ahora recurrente, el cumplimiento del compromiso asumido al suscribir el convenio de participación para el desarrollo del proyecto objeto de la subvención y ayuda. Concretamente se reclama de la actora, la devolución de las cantidades que le correspondía recibir y el hecho de que la recurrente no haya recibido de la Coordinadora la totalidad de las cantidades que le correspondían, y que se explicitan en la resolución de concesión de la subvención y préstamo, no es oponible frente a la Administración, que realizó el abono íntegro de las ayudas concedidas. Como tampoco son oponibles cuestiones referidas al procedimiento inicial de reintegro seguido frente a la entidad coordinadora, solicitante de las ayudas y perceptora de la totalidad de su importe.

Procedimiento contencioso administrativo. Ejecución de sentencias. Urbanismo. Construcciones ilegales. Demolición. La exigencia de la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, a la que se refiere el precepto 108.3 de la LJCA como condición previa a la demolición de un inmueble ordenada por un Juez o Tribunal, no precisa la tramitación de un procedimiento contradictorio ni requiere que tales indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia en el que se declare y reconozca el derecho del tercero y determine la cantidad líquida que resulte exigible por el mismo, sino que se configura como un trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste en la adopción, por el órgano jurisdiccional de la ejecución, de las medidas de aseguramiento que resulten suficientes para responder del pago de las eventuales indemnizaciones que puedan reconocerse a terceros de buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento que han de ser valoradas, en su existencia y alcance, atendiendo a los datos y elementos de juicio de que disponga y pueda recabar el órgano jurisdiccional en el incidente de ejecución de sentencia, resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, como dispone el art. 109.1 de la Ley Jurisdiccional.