Artículos de Interés

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, séptima reforma de la Ley Concursal del último año, ha venido a adoptar nuevas medidas en esta norma tendentes a favorecer la continuidad de las empresas viables; para ello se regulan los privilegios jurídicos de los acreedores, tratando de adaptarlos a la realidad económica, y velando por el respeto de la naturaleza de las garantías reales.
Igualmente, trata de extender al convenio concursal esas mismas premisas. Por otro lado, se adoptan medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del deudor, pues existen todavía trabas que obstaculizan la venta, pues esa venta va a facilitar la continuidad de la actividad empresarial. Se introducen en fase de convenio las mismas modificaciones de la disposición adicional cuarta propias de la fase preconcursal, y se adapta la comunicación preconcursal del artículo 5 bis para subsanar los problemas prácticos que se venían detectando en relación con la calificación de los bienes como necesarios o no para la continuidad de la actividad empresarial, pues de ello dependía la suspensión o no de las ejecuciones singulares.
Se trata, en definitiva, de relacionar los aspectos afectados por esta última reforma concursal, que nunca será la última.

Palabras claves: Derecho concursal y reforma legislativa.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (que entra en vigor el día 1 de julio) supone la derogación del Libro III y, por tanto, de todas las faltas del Código penal. Esta supresión ocasiona también la reforma, entre otras, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que suprime el procedimiento para el juicio de faltas.

El objetivo de este artículo, escrito por los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), don Alfredo ALCAÑIZ RODRÍGUEZ, don Fernando DE LA FUENTE HONRUBIA y don Andrés DELGADO GIL, y  que se ofrece EN ABIERTO,  es constatar algunas consecuencias de la reforma, probablemente no previstas ni, por tanto, queridas por el legislador, que supondrán, con toda seguridad, una nueva intervención del legislador en breve, que introduzca nuevas reformas legislativas que corrijan tal olvido.

El presente trabajo tiene por objeto abordar la problemática de la responsabilidad civil del abogado. La justificación del tema atiende a que, recientemente, se están produciendo ciertos pronunciamientos jurisdiccionales que están alterando, en cierto modo, la concepción tradicional del daño moral ocasionado al cliente como una pérdida de la posibilidad de obtener la estimación de su pretensión por dificultar o impedir el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva. Con la nueva doctrina jurisprudencial, se limita la reparación de los daños ocasionados por la negligencia del abogado a aquellos supuestos en que existieran ciertas y altas posibilidades de éxito de la pretensión del cliente, considerándose el daño resarcible como patrimonial. En las siguientes líneas se criticará la nueva postura jurisprudencial, principalmente, por quebrar el nexo de causalidad, que aparece como presupuesto fundamental del nacimiento de la responsabilidad contractual del abogado. Se analizará, de la misma forma, la cuestión de los seguros de responsabilidad civil, que cubren, hasta una determinada cantidad, el riesgo consistente en una actividad negligente desplegada por el abogado.

Palabras claves: abogado, responsabilidad civil, diligencia y seguro de responsabilidad civil.

El sistema monista tradicional en nuestra legislación penal fue objeto de una tímida revisión por la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo una medida de seguridad, la libertad vigilada, que debía ser cumplida tras la extinción de la condena por los delincuentes peligrosos. La nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015, mantiene dicha medida e introduce mejoras técnicas en su regulación. El objeto del presente artículo se centra en el análisis de los aspectos no contemplados en esta nueva reforma del Código Penal respecto a la libertad vigilada pospenitenciaria que de facto podrán plantear problemas de aplicación, toda vez que cuando se trata de medidas de seguridad se torna imprescindible un procedimiento claro y preciso de ejecución, dada la especial naturaleza indeterminada de su contenido y duración.

Palabras claves: medida de seguridad, libertad vigilada, proporcionalidad, ejecución, competencias, duración y obligaciones.

El autor realiza una aproximación a la normativa vigente de seguros aportando cuestiones a mejorar en la actual regulación, aprovechando la coyuntura de los proyectos de reforma que se están gestando.

Palabras claves: Solvencia II, Ley de Contrato de Seguro, consumidor y mediador de seguros.

En este trabajo se pretende, a través del seguimiento de un ejemplo, el tratamiento de las principales cuestiones que se plantean, en la práctica diaria de los tribunales catalanes, acerca de la legítima. No se persigue, por tanto, realizar arduas disquisiciones dogmáticas sobre la institución, sino el enfoque puntual y ordenado de aquellos puntos que más debate suscitan cuando se judicializa el conflicto en torno a ella. Se ha considerado pertinente plantear de entrada un caso práctico, para así seguir, de manera similar a lo que sucede en la realidad, el proceso que debe transitarse hasta la concreción de la cuota legitimaria individual y su eventual reclamación en sede judicial. El supuesto cuya resolución permitirá abordar los distintos elementos estudiados intenta recoger todas aquellas posibilidades que a priori pueden darse en situaciones como la analizada.

Palabras claves: herencias, litigios civiles y legítima individual.

El derecho de daños es un campo abonado de discusiones, litigios y controversias. Si bien su objetivo ha de estar orientado a resarcir a las víctimas, no es menos cierto que una serie de problemas lo dificultan en gran medida, pues en ocasiones cabe la posibilidad de que a un mismo presupuesto, fáctico, le pueden ser aplicados diferentes regímenes jurídicos, que unos mismos hechos estén sujetos a reglas materiales distintas y que los litigios que susciten sean conocidos por jurisdicciones también diferentes que apliquen reglas procesales igualmente diferentes, que haya diferentes criterios en cuanto a la compatibilidad de las indemnizaciones, que la inexistencia de parámetros dificulte la valoración de los daños morales, así como la determinación del dies a quo para el cómputo de la prescripción, entre otros muchos problemas.

Palabras claves: derecho de daños, responsabilidad, prescripción y plazos.

Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 11 de diciembre de 2014 sobre los requisitos para la instalación de cámaras de videovigilancia en inmuebles y circunstancias de excepción al cumplimiento de la normativa de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, para proceder a esta instalación.

Palabras claves: protección de datos personales y cámaras de vigilancia.

La prueba de ADN constituye una herramienta esencial en la investigación criminal, más aún en un contexto de criminalidad globalizada como el que vivimos hoy en día. El objetivo de la utilización de los perfiles de ADN debe ser la obtención de una prueba válida, que goce de eficacia en un proceso penal (en general un proceso nacional), lo que exige que sea lo más fiable posible, y que su obtención respete los derechos fundamentales (y los requisitos legalmente establecidos). Estas notas deben darse en las distintas fases que integran lo que se ha llamado «uso forense de la tecnología del ADN»: obtención de la muestra, extracción del perfil y su tratamiento en la base de datos.
El objetivo de este trabajo es aproximarnos a las exigencias derivadas del respeto de los derechos fundamentales en la fase de la obtención de la muestra de ADN, a nivel interno, así como tratar de identificar los problemas existentes en este ámbito teniendo en consideración la participación de nuestro país en el proceso de integración europea.

Palabras claves: derechos fundamentales, toma de muestras de ADN y tecnología de ADN.

Solicitud al comprador de un inmueble del IVA tras el transcurso del plazo máximo del año para la repercusión. La fuerza vinculante para las partes de lo pactado en la cláusula contractual conforme a la cual el comprador se hacía cargo de los impuestos que gravaban la operación no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado, ni estos pueden quedar libres de las obligaciones contraídas por el mero hecho de que se entendiera inicialmente que la compraventa estaba sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y posteriormente se determinara que la sujeción no era a este impuesto sino al que grava el valor añadido.

Palabras claves: compraventa de inmuebles, trascendencia civil de los pactos sobre impuestos, IVA y repercusión