Artículos de Interés

El desarrollo de la mediación en España como método alternativo para solventar conflictos de forma no litigiosa abre un nuevo campo de trabajo para los profesionales del Derecho, la Ingeniería o la Administración de Empresas, con la figura del mediador especializado en problemas medioambientales.
La mediación medioambiental es una actividad más del campo de la sostenibilidad, un modelo a implementar dentro de los programas de calidad ambiental y un elemento a tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas, planes y programas de calidad ambiental. La labor del mediador consiste en guiar a las partes en el conflicto, de manera que este deje de ser una confrontación negativa y se convierta en una posibilidad de cambio y desarrollo.
En este artículo se analiza el papel del profesional en los procesos de mediación medioambiental, estudiando las nuevas oportunidades laborales que aparecen y el futuro que se vislumbra, valorando las ventajas de utilizar la mediación medioambiental como herramienta empresarial de responsabilidad social corporativa, determinando los conflictos medioambientales que con más probabilidad se van a producir en los próximos años, los relacionados con el agua, las energías renovables, los residuos y las nuevas infraestructuras.

Palabras claves: mediación, nueva profesión y conflicto ambiental.

El surgimiento de los sistemas de economía colaborativa está revolucionando la realización de múltiples actividades de producción y consumo de bienes y servicios. En el presente trabajo se analizan algunos de los innumerables e importantes problemas jurídicos que plantean estos sistemas, tomando como ejemplo ilustrativo uno de los sectores que más controversias ha generado al respecto: el del taxi. En el trabajo se pone de manifiesto cómo los cambios sociales y tecnológicos han alterado las bases sobre las que se asentaba la normativa reguladora de esta modalidad de transporte, provocando que muchas de las limitaciones de las libertades empresarial y profesional impuestas en la materia hayan devenido desproporcionadas y, por lo tanto, perdido su licitud constitucional. A lo largo del texto se ofrecen diversas pautas que deberían tenerse en cuenta para dar una respuesta equilibrada a varias de las más relevantes cuestiones jurídicas suscitadas por la economía colaborativa, no solo en el ámbito del taxi.

Palabras claves: economía colaborativa, economía digital, Derecho administrativo económico, transporte, taxi y libertad de empresa.

El presente trabajo trata de abordar el significado del concepto de la resocialización, y el espíritu que la normativa española le otorga, atendiéndose al criterio doctrinal y jurisprudencial más avanzado. Asimismo, se analizará una institución jurídica eminentemente resocializadora, como lo es la libertad condicional, adentrándose en sus orígenes, naturaleza jurídica y requisitos de concesión, que tanta alteración sufren a raíz de la reciente publicación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal.

Palabras claves: reinserción social, resocialización, derecho fundamental y libertad condicional.

Nuestro trabajo pretende analizar el derecho de separación, el cual se presenta en nuestro ordenamiento jurídico como el mecanismo de defensa natural que tienen los socios en las sociedades de capital frente a la opresión y al abuso de derecho ejercitado por los socios mayoritarios, así como la regulación establecida en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil. La configuración actual del derecho de separación presenta ineficiencias en la medida en que las causas legales y estatutarias de separación no son suficientes para cubrir todos los supuestos que pueden presentarse, problemas que son percibidos y resueltos parcialmente por el Anteproyecto.

Palabras claves: derecho de separación, causas legales, causas estatutarias, distribución de dividendos y separación por justa causa.

La concesión excepcional de subvenciones constituye una acción claramente marcada o influenciada por pautas de orientación política. Esa influencia es legítima, siempre que se haga dentro de un orden y conforme a unos parámetros concretos que permitan dilucidar si es legítima. En este trabajo se analiza el supuesto de concesión directa, el más complejo de todos los contemplados en la Ley General de Subvenciones, y se trata de aportar un criterio para analizarlo e interpretarlo. También se proponen unas pequeñas correcciones de la regulación actual que permitan realizar un tratamiento más homogéneo e igualitario en todo el territorio nacional de esta cuestión, que tantas controversias y problemas interpretativos ha generado.

Palabras claves: claves: subvenciones, concesión directa y control de la concesión.

El Tribunal Constitucional ha aceptado la constitucionalidad de la Ley Foral 16/2010. En consecuencia, aprueba la constitucionalidad del registro navarro de objetores de conciencia a la práctica del aborto. No obstante, ha declarado la inconstitucionalidad parcial del artículo 5 de la Ley Foral 16/2010, por cuestiones de protección de datos. La sentencia no cierra el debate sobre la práctica del aborto ni el carácter de la objeción de conciencia a la práctica del mismo. Es una sentencia histórica que favorece en Navarra compaginar intereses contradictorios. La sentencia debía, en mi opinión, haber mencionado el marco europeo e internacional de protección de derechos.

Palabras claves: objeción de conciencia, interrupción voluntaria del embarazo, protección de datos personales, distribución de competencias y protección de derechos humanos.

El presente trabajo analiza el primer caso de diálogo judicial directo entablado por el Tribunal Constitucional español con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el denominado Asunto Melloni, con la formulación de tres cuestiones prejudiciales. Versan, respectivamente, sobre la interpretación y la validez de la Decisión Marco 2002/584/JAI, reguladora de la Orden Europea de Detención y Entrega, y sobre la interpretación del artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Se examinan las tres resoluciones que jalonan ese diálogo (el Auto del Tribunal Constitucional 86/2011, de 9 de junio, la Sentencia del Tribunal de Justicia –Gran Sala–, de 26 de febrero de 2013, y la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2014, de 13 de febrero).

Palabras claves: diálogo judicial, Euroorden, derechos fundamentales e integración europea.

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, séptima reforma de la Ley Concursal del último año, ha venido a adoptar nuevas medidas en esta norma tendentes a favorecer la continuidad de las empresas viables; para ello se regulan los privilegios jurídicos de los acreedores, tratando de adaptarlos a la realidad económica, y velando por el respeto de la naturaleza de las garantías reales.
Igualmente, trata de extender al convenio concursal esas mismas premisas. Por otro lado, se adoptan medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del deudor, pues existen todavía trabas que obstaculizan la venta, pues esa venta va a facilitar la continuidad de la actividad empresarial. Se introducen en fase de convenio las mismas modificaciones de la disposición adicional cuarta propias de la fase preconcursal, y se adapta la comunicación preconcursal del artículo 5 bis para subsanar los problemas prácticos que se venían detectando en relación con la calificación de los bienes como necesarios o no para la continuidad de la actividad empresarial, pues de ello dependía la suspensión o no de las ejecuciones singulares.
Se trata, en definitiva, de relacionar los aspectos afectados por esta última reforma concursal, que nunca será la última.

Palabras claves: Derecho concursal y reforma legislativa.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (que entra en vigor el día 1 de julio) supone la derogación del Libro III y, por tanto, de todas las faltas del Código penal. Esta supresión ocasiona también la reforma, entre otras, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que suprime el procedimiento para el juicio de faltas.

El objetivo de este artículo, escrito por los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), don Alfredo ALCAÑIZ RODRÍGUEZ, don Fernando DE LA FUENTE HONRUBIA y don Andrés DELGADO GIL, y  que se ofrece EN ABIERTO,  es constatar algunas consecuencias de la reforma, probablemente no previstas ni, por tanto, queridas por el legislador, que supondrán, con toda seguridad, una nueva intervención del legislador en breve, que introduzca nuevas reformas legislativas que corrijan tal olvido.

El presente trabajo tiene por objeto abordar la problemática de la responsabilidad civil del abogado. La justificación del tema atiende a que, recientemente, se están produciendo ciertos pronunciamientos jurisdiccionales que están alterando, en cierto modo, la concepción tradicional del daño moral ocasionado al cliente como una pérdida de la posibilidad de obtener la estimación de su pretensión por dificultar o impedir el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva. Con la nueva doctrina jurisprudencial, se limita la reparación de los daños ocasionados por la negligencia del abogado a aquellos supuestos en que existieran ciertas y altas posibilidades de éxito de la pretensión del cliente, considerándose el daño resarcible como patrimonial. En las siguientes líneas se criticará la nueva postura jurisprudencial, principalmente, por quebrar el nexo de causalidad, que aparece como presupuesto fundamental del nacimiento de la responsabilidad contractual del abogado. Se analizará, de la misma forma, la cuestión de los seguros de responsabilidad civil, que cubren, hasta una determinada cantidad, el riesgo consistente en una actividad negligente desplegada por el abogado.

Palabras claves: abogado, responsabilidad civil, diligencia y seguro de responsabilidad civil.