Jurisprudencia

 La «Directiva de servicios»¹ prohíbe a los Estados miembros, por un lado, supeditar el ejercicio de una actividad de servicios en sus respectivos territorios al cumplimiento de requisitos discriminatorios basados en la nacionalidad o el domicilio social y, por otro lado, limitar la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario en el territorio de un Estado miembro.

SOA Rina Organismo di Attestazione SpA es una sociedad anónima con domicilio social en Génova. Ejerce la actividad de certificación y de realización de controles técnicos de la organización y la producción de las empresas de construcción y es propiedad al 99 % de Rina SpA y al 1 % de Rina Services SpA. Su objeto social consiste en la prestación de servicios de certificación de calidad UNI CEI EN 45000.

• TJUE. Los Estados miembros pueden obligar a los nacionales de países terceros, residentes de larga duración, a superar un examen de integración sociocultural o cívica.
• TJUE. Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Concepto de “riesgo para el orden público”.
• TS. Infracción del deber de secreto del responsable del fichero al publicar datos personales de persona discapacitada que causa una subvención.
• TS. Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria en la asistencia de un parto.
• TS. Procedimiento administrativo. Actos de trámite impugnables. Casación. Inadmisibilidad por planteamiento de la misma infracción al amparo de dos motivos distintos. Retroacción por existir legislación autonómica aplicable al litigio.
• AN. Derechos Fundamentales. Libertad religiosa. Sostenimiento de las confesiones con cargo a ingresos de naturaleza tributaria. Denegación de la petición de la FEREDE de una casilla en el IRPF igual a la de la Iglesia Católica.

• TJUE. El Tribunal de Justicia aclara las reglas de protección de los consumidores en materia de venta y garantía de bienes de consumo.
• TJUE. El etiquetado de un producto alimenticio no debe inducir a error al consumidor sugiriendo la presencia de un ingrediente cuando en realidad no es así.
• TJUE. Aceptación mediante un «clic» de las condiciones generales de un contrato celebrado por Internet.
• TJUE. Determinación de los bienes del deudor sujetos al procedimiento secundario de insolvencia en la Unión Europea.
• TJUE. Telefonía. Tarifa social. Extensión a la telefonía móvil e internet de la obligación de los operadores de contribuir a la financiación del coste derivado de la prestación de servicios de comunicación.
• TJUE. Procedimiento de insolvencia. Filial concursada de una empresa cuya matriz reside en otro estado miembro. Reintegración a la masa de créditos abonados por embargos anteriores al concurso. Lex fori concursus. Lex causae.
• JM. Concurso de acreedores. Posición privilegiada de los intereses de las entidades financieras hipotecarias frente a los del concurso. Realización de bienes inmuebles sujetos a garantía real.
• JPI. Suscripción de acciones de Bankia. Acción de nulidad contractual posterior a la enajenación de las acciones por folleto inveraz sobre la solvencia de la entidad emisora.
• TS. Sociedad de responsabilidad limitada familiar. Impugnación de acuerdos sociales contrarios al orden público. Caducidad de la acción.

• TS. Publicación de noticias sobre infidelidades matrimoniales de personaje con proyección pública.
• TS. Derecho de familia. Vivienda familiar. Atribución del uso cuando no existen hijos menores de edad. Límite temporal. Reiteración de doctrina jurisprudencial.
• TS. Perpetuatio iurisdictionis y la competencia de un órgano jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal.
• TS. Demanda de revisión frente a una sentencia dictada en juicio cambiario. Condena por delito de falsedad en documento mercantil.
• TS. Sucesiones. Inaplicación retroactiva del principio de igualdad y no discriminación respecto de relaciones jurídicas sucesorias ya agotadas o consumadas.
• TS. Arrendamientos urbanos de local de negocio. Doctrina jurisprudencial sobre su duración en el régimen transitorio.
• AP. Propiedad horizontal. Elemento común de uso privativo. Instalación de ascensor.
• TJUE. Canje de deuda griega por el emisor contra la voluntad del tenedor. Notificación de demandas al Estado griego. Consideración de materia civil del objeto de la demanda, y no responsabilidad administrativa.

• TS. Condena por difundir el vídeo íntimo de una joven sin su consentimiento.
• TS. Responsabilidad civil derivada de delito y renuncia a la acción civil.
• TS. Doctrina de la "perpetuatio jurisdictionis".
• TS. Conceptos jurídicos de partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario.

El Tribunal de Justicia señala que, en cambio, deben ofrecerse tarifas sociales a ciertas categorías de consumidores para los abonos telefónicos y los abonos a Internet fijos

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones, define el conjunto mínimo de servicios que debe estar disponible para todos los usuarios finales. Permite a los Estados miembros exigir a las empresas designadas que propongan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas especiales, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a los servicios especificados. Los Estados miembros pueden repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

El Según un reciente fallo del Tribunal de Justicia, las acciones judiciales ejercitadas en Alemania contra la República Helénica por particulares a raíz del canje forzoso de obligaciones emitidas por el Estado griego de las que aquéllos son titulares, pueden notificarse a dicho Estado, de conformidad con el Reglamento UE sobre notificación de documentos, dado que no es manifiesto que tales acciones judiciales no versen sobre materia civil o mercantil

El Reglamento (CE) nº 1393/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, tiene por objeto agilizar y mejorar la transmisión (notificación y traslado) de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. En este ámbito, el Reglamento prevé, en particular, la utilización de formularios normalizados, así como la transmisión directa y en el menor tiempo posible de los documentos entre las entidades que los Estados miembros designen a tal fin. No obstante, el Reglamento prevé expresamente que no se aplicará a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (potestad pública).

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el contencioso interpuesto por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas rechazó su petición de implantar una casilla en el modelo de declaración del IRPF para que los contribuyentes que lo desearan destinaran el 0,7 por ciento de su cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante.

La sentencia indica que la competencia exclusiva en la materia de asistencia social es de las comunidades autónomas 

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado sentencia que declara nulo el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector (como ONG’s y otras entidades privadas sin ánimo de lucro y que hacen actividades de interés general) de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

No obstante, las modalidades de aplicación de tal obligación no deben poner en peligro la consecución de los objetivos de la Directiva relativa a los residentes de larga duración

La  Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre,  relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración,  prevé que los Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud correspondiente.