Jurisprudencia

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a la ex presidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por delito de concierto para defraudar a la administración en concurso medial con otro de prevaricación administrativa, y un tercero de revelación de secretos.

Asimismo, condena a cuatro años de cárcel al ex vicepresidente del Consell, Miguel Ángel Nadal y a penas de entre ocho meses y un año de cárcel a otros ex responsables del Consell (Bartomeu Vicens y Miguel Ángel Flaquer), al abogado Santiago Fiol y al responsable del grupo inmobiliario Sacresa Roman Sanahuja.

La madre formuló demanda de desahucio contra su hijo ocupante de la vivienda familiar alegando su condición de usufructuaria vitalicia universal de la herencia de su esposo, pero el Juzgado la desestimó al entender que el piso pertenecía a todos los herederos sin distribución de cuotas

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha fijado doctrina en interés casacional en un asunto en el que se planteaba, como cuestión doctrinal, si la esposa del causante, instituida legataria del usufructo universal de la herencia, ostentaba legitimación para el ejercicio de la acción de desahucio por precario frente a los instituidos herederos, hijos del causante, o si, por el contrario, dicha legitimación solo le ampara para actuar en beneficio de la comunidad hereditaria, mientras la herencia permanezca total o parcialmente en estado de indivisión.

• TS. Agravamiento de la víctima de un delito de lesiones por su alta pedida de manera voluntaria.
• TS. Margen de actuación en la revisión de sentencias absolutorias. El trafico de drogas y el consumo compartido como conducta atípica.
• TS. Falsificación de la historia clínica de un paciente.
• TS. Colisión del delito de estafa del art. 251.1 con el Código civil que admite la validez de la doble venta.
• TS. La prueba en los delitos de blanqueo de capitales.
• TS. Compensación de la pena privativa de libertad impuesta con los días en que hubo de comparecer ante el Juzgado de instrucción (1 y 15 de cada mes durante 18 meses) para cumplir la obligación apud acta de comparecencia para garantizar la libertad provisional.

• TJUE. Protección de datos de carácter personal. «Derecho al olvido» en internet. Directiva 95/46/CE.
• TJUE. Se anula la Directiva sobre Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, pero mantiene sus efectos hasta que se publique otra directiva.
• TJUE. Protección de datos y su conservación de los relativos a comunicaciones electrónicas. Nulidad de la Directiva 2006/24.
• TS. Supuesto de baja en la Academia de Suboficiales de la Armada por positivo en sustancias psicotrópicas. Detección analítica.
• TS. Responsabilidad patrimonial en un concurso público para la provisión de Expendedurías de Tabaco y Timbre.
• TS. Servidumbres aeronáuticas. Regulación por una C.A. afectando a municipios situados fuera de su territorio. Autonomía Local. Falta de participación en la elaboración de la norma. Servidumbres físicas. Subordinación del planeamiento urbanístico.
• JC. Función pública. Permiso por días adicionales de vacaciones. Pervivencia de los días devengados antes de la entrada en vigor del RDL 2/2012. Improcedencia de la suspensión del procedimiento.
• TC. La confianza en una decisión gubernativa del Decanato de los Juzgados competentes, más allá de la norma procedimental, no puede perjudicar al administrado.

• TS. Cláusula en un contrato de compraventa de inmueble  que obliga al comprador a pagar la plusvalía.
• JPI. Divorcio. Modificación de medidas. Cambio de circunstancias. Interés del menor. Traslado de domicilio del progenitor que tiene atribuida la guarda y custodia. Falta de integración del menor en la nueva residencia.
• JPI. Participaciones preferentes. Calificación y régimen jurídicos. Perfil del cliente. Asesoría e información. Oscuridad en la documentación informativa. Test de conveniencia e idoneidad. Deber de lealtad. Nulidad. Daños morales.
• TS. Contratos. Condición suspensiva. Incumplimiento. Acuerdo entre partes dándola por cumplida. Autonomía de la voluntad. Actos propios. Buena fe. Confianza legítima. Cartas de patrocinio.
• TS. Acción declarativa de dominio. Improcedencia de un contrato de arrendamiento como título hábil para acreditar el dominio.
• TS. Reclamación del uso vitalicio de una vivienda por quien es propietaria de la mitad indivisa, basado en la aplicación analógica de las normas sobre convivencia more uxorio, tras el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho.

• TS. Concurso. Impugnación de inventario y lista de acreedores. Compensación de crédito con la fianza arrendaticia. Arrendamiento resuelto judicialmente. Entrega de la posesión al arrendador en la misma fecha de declaración del concurso.
• TS. Mutua aseguradora. Abuso de derecho. Eliminación del plan de previsión para consejeros. Renuncia al cargo dos días antes de la aprobación de la medida.
• AP. Sociedad Limitada. Exclusión del socio administrador único. Privación del derecho voto en los restantes asuntos del orden del día.
• AP. Sociedad Anónima. Derecho de información del socio. Cuenta de gestión centralizada de tesorería (cash pooling). Improcedencia de la nulidad de actuaciones.
• AP. No cabe limitar el derecho de los socios al complemento de una convocatoria de junta a proponer la adopción de acuerdos, vetando aquellos que tengan por objeto obtener información sobre asuntos sociales que no están relacionados con asuntos consignados en el orden del día confeccionado por los administradores.
• TJUE. Se analiza la asimetría entre la cotización de venta de la divisa extranjera, que utiliza el banco prestamista (préstamo en divisa extranjera) para el cálculo de las cuotas de devolución en virtud de una cláusula, y la cotización de compra de esa divisa, que se ha de utilizar para el cálculo del importe del préstamo entregado.

El gestor de un motor de búsqueda en internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros

Cuando, a raíz de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, la lista de resultados ofrece enlaces a páginas web que contienen información sobre esa persona, ésta puede dirigirse directamente al gestor del motor de búsqueda, o bien, si este último no accede a su solicitud, acudir a las autoridades competentes para conseguir que se eliminen esos enlaces de la lista de resultados, bajo determinadas condiciones

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, tiene por objeto proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas (en particular, el derecho a la intimidad) en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, eliminando al mismo tiempo los obstáculos a la libre circulación de estos datos.

No obstante, se mantienen los efectos de la Directiva durante un período máximo de un año

El 19 de marzo de 2008 la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de Directiva destinada, esencialmente, a facilitar el intercambio de información respecto a determinadas infracciones de tráfico y la ejecución transfronteriza de las sanciones por dichas infracciones. Esta propuesta tenía como base jurídica la competencia de la Unión en materia de seguridad en los transportes¹. El 25 de octubre de 2011, el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva 2011/82² tomando, sin embargo, como base jurídica la competencia de la Unión en el ámbito de cooperación policial³. La Comisión ha interpuesto el presente recurso ante el Tribunal de Justicia por entender que dicha Directiva se ha adoptado sobre una base jurídica equivocada.

Confirma en casación la decisión de los tribunales de instancia de considerar adecuadamente resuelto, por el solicitante de la prestación, un contrato de prestación de servicios reglamentado para el desarrollo de una actividad de promoción de suelo y construcción inmobiliaria

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha sentado las directrices a seguir con relación a los casos en que el incumplimiento de un contrato debe considerarse como esencial y determinante de la resolución del contrato.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.